El juez compatibilizó su puesto como vocal del Poder Judicial, cargo que ocupó hasta su llegada al alto tribunal, con una posición destacada en el influyente bufete de abogados
El Constitucional aparta al magistrado que criticó la amnistía de los recursos contra esa ley
El Tribunal Constitucional decidió el miércoles aceptar la recusación presentada por la Fiscalía contra el magistrado José María Macías para apartarle del debate sobre la ley de amnistía al haber suscrito dos informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que formó parte hasta el año pasado, contrarios al perdón de los líderes independentistas.
Pero las dudas de imparcialidad con respecto a este magistrado, que durante casi una década lideró el sector conservador del CGPJ, especialmente en los últimos años de guerra frontal contra el Gobierno de Pedro Sánchez, no se quedan solo en la carpeta de la amnistía: el alto tribunal también ha recibido una petición formal para que analice los vínculos del magistrado con Cuatrecasas, uno de los mayores bufetes privados de España, así como su potencial conflicto de intereses.
La petición, que tiene fecha de registro de entrada del pasado 9 de diciembre, la ha presentado a través de un escrito el abogado José Luis Mazón, que insta a examinar a fondo las posibles causas de incompatibilidad de Macías por haber liderado durante dos décadas el departamento de litigios ante el Tribunal Constitucional de uno de los despachos de referencia del poder económico en España. Mazón lo ha presentado en nombre de Preeminencia del Derecho, entidad que él mismo preside, y solicita al pleno que examine “los vínculos económicos o profesionales” de Macías con Cuatrecasas para asegurar que efectivamente se cumplen los requisitos de independencia que exige la ley.
elDiario.es solicitó tanto a Cuatrecasas como al Tribunal Constitucional (TC) conocer las condiciones concretas de desvinculación del magistrado con el bufete o saber si estas han sido detalladas al alto tribunal, pero no ha obtenido respuesta. Un portavoz del Constitucional confirmó la recepción del escrito de Mazón y se limitó a explicar que “está en fase de estudio”. Este diario también se puso en contacto con el propio Macías, pero tampoco obtuvo respuesta.
Mientras ejerció de vocal en el CGPJ (2015-2024), Macías siguió liderando el departamento de recursos especiales de Cuatrecasas y anunciándose en la web como profesional del bufete. El año pasado, cuando fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, dejó finalmente su puesto en el despacho, del que no solo era jefe del departamento de litigios especiales, sino también equity partner de la firma, una figura equivalente al de accionista en los grandes bufetes. Sin embargo, nunca han trascendido las cláusulas concretas de desvinculación ni tampoco el monto de la indemnización que el despacho le ha pagado a Macías en el momento de incorporarse al Constitucional.
El escrito de Mazón subraya que si no se conocen las condiciones concretas de la desvinculación es imposible evaluar el nivel real de independencia del magistrado, así como el ascendente que el bufete pueda conservar sobre el magistrado. “El pleno debe fiscalizar los extremos concretos de la cesantía en el despacho de abogados Cuatrecasas [puesto que] por el solo hecho de ser dicho macrodespacho el empleador del magistrado ya crea sospechas sobre la subordinación del empleo del Tribunal Constitucional al servicio de los intereses del despacho, con menoscabo de la imparcialidad del propio TC”, sostiene la petición. “¿Se abstendrá [Macías] de todo amparo que sea tramitado por la firma Cuatrecasas?”, se pregunta Mazón, que recuerda que “el exabogado de Cuatrecasas forma parte de la sala que se ocupa de la mitad de los amparos que llegan al TC”.
Cuatrecasas es uno de los despachos de referencia del poder económico en España: en 2023, fue el segundo por facturación –388 millones de euros– y contaba con casi 2.000 trabajadores. De ellos, únicamente en torno a 250 forman parte de la élite jurídica y empresarial de la multinacional en tanto que equity partners, como Macías. El mismo año, el bufete se colocó también en segunda posición en España del directorio Chambers and Partners, la lista de referencia de los mejores despachos en asesoramiento a los grandes patrimonios.
“¿Un caballo de Troya?”
En su escrito, Mazón sostiene que “la colocación de un magistrado abogado de la multinacional de abogados Cuatrecasas crea una sospecha de vínculo umbilical para mejor posicionamiento en el mercado del recurso de amparo” y muestra su preocupación puesto que “un despacho de abogados no puede tener un caballo de Troya infiltrado en el mismo tribunal que debe atender los recursos de amparo de dicha firma”. Y añade: “Un socio de este nivel gana en torno a 500.000 euros o más al año, con lo que hay una aritmética de agujeros negros: ¿Cómo se va a dejar el puesto [de equity partner en Cuatrecasas] para ganar 120.000 euros bajándose el sueldo?”
La plana mayor de Cuatrecasas contribuyó a agrandar el equívoco asistiendo en masa a la toma de posesión de Macías en el Constitucional, el pasado septiembre. Según subrayó la publicación especializada Economist & Jurist le arroparon en el acto el presidente ejecutivo del bufete, Rafael Fontana; el director general, Javier Fontcuberta; el socio responsable de organización, Emilio Martínez; el socio de arbitraje y litigación, Alfonso Iglesia, así como el socio responsable de mediación de la firma, Juan Antonio Ruiz.
Poco después, el bufete anunció que el sustituto de Macías al frente del departamento de litigios especiales –incluido los que se presenten ante el Tribunal Constitucional– iba a ser Juan Antonio Xiol, que fue vicepresidente del Alto Tribunal hasta 2022, lo que, a juicio de Mazón, hace aún más imperativo conocer las cláusulas concretas de desvinculación de Macías con Cuatrecasas, por si existiera la posibilidad de “puerta giratoria” una vez concluido el mandato.
