Los docentes crean plataformas en Barcelona y otros municipios catalanes para denunciar cómo la emergencia habitacional socava el derecho a la educación de cientos de menores
Multas de hasta 900.000 euros para los propietarios que se salten la ley de Vivienda
La vida de Fátima Limlahi, su marido y sus tres hijas dio un vuelco el pasado 15 de enero. Diez furgonetas de los Mossos d’Esquadra acudieron a su piso para desahuciarlos y desde entonces viven en una pensión. A su hija pequeña, de tres años, le han dicho que se están mudando a un sitio mejor. La mediana, de nueve, está triste y no come. Y la mayor, de 13, que conoce la situación, hace los deberes estos días en la sala de las lavadoras del albergue. “Nos han destrozado”, se lamenta la mujer.