El Congreso aprobó hace tres meses tramitar la ley pero los partidos interesados en la reforma apenas se han movido desde entonces
El Congreso da el primer paso para retomar la reforma de la ley mordaza con el único rechazo de PP, Vox y UPN
El Congreso de los Diputados aprobó hace tres meses el primer trámite de la legislatura para reformar la ley mordaza. Se trata del cuarto intento de desmontar la ley que cercena el derecho a la protesta ciudadana desde su aprobación hace casi una década. Pero los grupos parlamentarios interesados en la reforma no han comenzado todavía a abordar los trabajos técnicos para ponerla en marcha y esperan poder abrir las negociaciones en el periodo de sesiones que comienza la semana que viene.
Los grupos interesados en esta reforma son los que conforman el denominado bloque de investidura, más comprometido con los avances democráticos que con la agenda social. En este caso, incluso Junts está plenamente convencido de la necesidad de desmontar la norma que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y que un editorial del diario The New York Times llegó a calificar como una ley con reminiscencias franquistas.
Pese a todo, el texto lleva en vigor mucho más tiempo con gobiernos progresistas que bajo el mandato del PP. El Congreso ha intentado reformarla en sucesivas ocasiones, en línea con las promesas electorales de diferentes partidos de la Cámara, incluido el PSOE. El amago que llegó más lejos se produjo durante la legislatura pasada, pero el choque entre ERC y EH Bildu con el PSOE por cuatro asuntos, principalmente la prohibición de las pelotas de goma y las devoluciones en caliente, frustró su derogación.
Los partidos que trabajan en el texto tienen una fecha simbólica en la mente. El décimo aniversario de la entrada en vigor de la ley mordaza, denominada oficialmente ley de Seguridad Ciudadana, se cumplirá el 1 de julio. El Gobierno de Rajoy la aprobó en Consejo de Ministros el 31 de marzo y su mayoría absoluta en el Congreso le dio la luz verde definitiva unos tres meses después.
Fuentes de esos partidos sostienen que quieren evitar llegar a los diez años con la ley en vigor y por eso esperan activar en el periodo de sesiones que comienza la próxima semana las negociaciones para poner en marcha la reforma. Sería partir prácticamente de cero porque apenas han hablado desde que el Congreso la tomó en consideración, el 29 de octubre. Solo ha habido, según esas fuentes, conversaciones informales entre los grupos “sobre el contenido y el alcance de las enmiendas”.
El texto que aprobó el Congreso parte con una ventaja respecto a la legislatura pasada: nace de un primer acuerdo entre el PSOE y EH Bildu. Ambas fuerzas pactaron eliminar el uso de las pelotas de goma y, por otro lado, incluir en la ley una disposición que inste a modificar la ley de extranjería en un plazo de seis meses para acabar con las devoluciones en caliente. También modifica las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia.
Esos cuatro puntos entorpecieron la última negociación con los socialistas, aunque algunos partidos como Podemos creen que esa redacción es ambigua y deja la norma en un mero retoque estético. El texto, tal y como lo aprobó en el Congreso hace tres meses, habla de “eliminar” las pelotas de goma y sustituirlas por otro material menos lesivo, pero no las prohíbe directamente. Los de Ione Belarra temen, por otro lado, que esa disposición sobre las devoluciones en caliente quede en nada, puesto que necesitaría los votos de nuevo de todo el bloque de investidura para reformar la ley de extranjería.
Hace dos años, sin embargo, Podemos votó a favor de aprobar el texto sin esos cuatro puntos conflictivos en la Comisión de Interior donde cayó la reforma. EH Bildu y ERC están conformes con el actual redactado y creen que es el PSOE el que ha terminado cediendo. En la negociación de la legislatura pasada la portavocía en comisión por parte de Unidas Podemos la encabezó Enrique Santiago, en aquel momento alineado a Yolanda Díaz en la pugna interna con los de Ione Belarra. Podemos no llegó a criticar la negociación del diputado de Izquierda Unida –que cargó contra los independentistas por dejar caer la ley– pero sí reprochó al PSOE que no se hubiera movido lo suficiente en esos cuatro puntos.
Podemos dio su apoyo en octubre a la toma en consideración del texto, pero ya ha presentado enmiendas que van en esa línea. En una de las enmiendas, a las que ha tenido acceso este diario, incluyen una prohibición expresa de las balas de goma “o de cualquier otro instrumento o producto análogo que pueda producir para las personas graves lesiones, pérdidas, inutilidad o deformidad de órganos o miembros, pérdida de un sentido o incluso la muerte”.
Para prohibir las devoluciones en caliente Podemos propone eliminar la disposición adicional décima de la ley de extranjería que regula este tipo de expulsiones en frontera. Esa disposición la introdujo el PP precisamente en la ley mordaza, en 2015, y es por eso que el PSOE había pedido reformar directamente la ley de extranjería para abordar este asunto.
También incluyen una modificación para que los agentes deban entregar a las personas que identifican un justificante con su número de carnet profesional y las explicaciones de las razones y otra enmienda para prohibir “los espectáculos públicos y actividades recreativas cuya actividad principal o única consista en el maltrato o muerte de animales”.
La ley también llevaba la firma de Sumar, PNV y BNG, aunque los jeltzales ya han registrado una batería de enmiendas que vuelve en la mayoría de aspectos al acuerdo que se logró durante la ponencia la vez anterior.
El texto que estuvo a punto de prosperar entonces nació precisamente de una iniciativa del PNV, que sirvió como base para el trabajo del resto de grupos. El grupo vasco, según las enmiendas que registró a finales de año, busca mantener como infracciones graves –y no leves como pactaron EH Bildu y PSOE– las faltas por desobediencia, resistencia a la autoridad y la negativa manifiesta y clara a identificarse. También mantiene como graves las llamadas “kundas”, los traslados a personas en cualquier tipo de vehículo “con el objetivo de facilitar a estas el acceso a drogas, siempre que no constituya delito”.
El texto que ya se tramita en el Congreso objetiva lo que antes se consideraban faltas de respeto para que ahora se refieran a “insultos o injurias” que no sean delito. “Hasta ahora funcionaba un criterio arbitrario, las faltas a la autoridad han sido portar una camiseta, un pin, una mirada o un tono de voz. Con la nueva ley serán sancionados los insultos o injurias que no sean delito, que sea algo objetivo, que sean expresiones relevantes”, explicó durante la presentación de la iniciativa el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.
En cuanto a la desobediencia, pasará de una infracción grave a leve y se añade un criterio para que sea “manifiesta, clara y objetivable”. Se multará la desobediencia “cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal”, para la resistencia a la autoridad se valorará que exista “oposición corporal” cuando se trate de la “negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, y cuando no sea constitutiva de infracción penal”.
En estos dos últimos puntos el PSOE ha aceptado una redacción prácticamente idéntica a la que propusieron EH Bildu y ERC en la negociación del informe de la ponencia durante la legislatura pasada, que terminaron tumbando entre acusaciones al PSOE por su inmovilismo.
Junts y el BNG también han presentado enmiendas que van en la misma línea que las de Podemos a la hora de prohibir de forma expresa las pelotas de goma. Los independentistas catalanes establecen que con fecha 31 de diciembre de este año “sea efectiva la prohibición total” de esos proyectiles y se establezca un nuevo modelo que “deberá garantizar en cualquier caso la disponibilidad de herramientas robustas que permitan un abanico de opciones tácticas diferenciadas”. La formación gallega establece la prohibición de “la utilización por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de cualquier elemento arrojadizo susceptible de causar daños personales”.
