Los magistrados instan a la Fiscalía de Memoria Democrática a llevar a cabo sus propias pesquisas para que los represaliados tengan garantizado su «derecho a la verdad»
La jueza rechaza investigar las torturas franquistas en Barcelona pese a que la Fiscalía lo pidió
Nuevo carpetazo a la investigación judicial de los crímenes franquistas. La Audiencia de Barcelona ha confirmado el archivo de la querella del militante del PSUC Carles Vallejo al concluir que las torturas que sufrió en la comisaría de Vía Laietana están prescritas y amnistiadas. Los magistrados señalan que la Fiscalía de Memoria Democrática, que había pedido que se abriera una causa, sí puede investigar la denuncia de Vallejo “para colmar el derecho a la verdad” de los represaliados, pero no en los juzgados penales.
En un auto, la sección 8ª de la Audiencia de Barcelona confirma que la nueva Ley de Memoria Democrática, al contrario de lo que interpretan las víctimas y la Fiscalía, no permite investigar por la vía penal los crímenes franquistas. Lo que sí puede hacer el Ministerio Público, razonan los jueces, es realizar investigaciones propias “para colmar el derecho a la verdad reconocido en tantos tratados internacionales”.
La defensa de Vallejo, que ejerce el centro Irídia, ha anunciado que está estudiando la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional como paso previo para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y otras instancias internacionales.
La reparación a las víctimas del franquismo es necesaria, argumenta la Audiencia de Barcelona, pero ello “no pasa obligatoriamente por el dictado de una condena penal”. La resolución remarca que la prescripción de los delitos y la amnistía de 1977 siguen siendo obstáculos, pese a la nueva ley, para abrir una causa sobre las torturas de policías franquistas denunciadas por Vallejo.
También impide investigar la querella de Vallejo un principio básico del derecho consagrado en la Constitución, la denominada irretroactividad de las normas penales desfavorables, que prohíbe encausar a alguien por hechos ocurridos antes de la entrada en vigor de las normas que los castigan.
Más allá de la irretroactividad, la prescripción de los delitos cometidos hace décadas y la amnistía de 1977 (las barreras clásicas a la hora de investigar los crímenes franquistas), la resolución también analiza la nueva norma para concluir que no se puede emplear la vía penal para investigar los crímenes franquistas.
“No podrán promoverse procedimientos contra autores de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo”, reza la resolución, que añade que las eventuales pesquisas que lleve a cabo la Fiscalía de Memoria Democrático pueden servir para reconocer a las víctimas, “pero no se podrán convertir en condenas penales”.
Bien por la prescripción de los hechos bien por quedar olvidados por la amnistía de 1977, las distintas querellas que represaliados por el franquismo han interpuesto en Madrid, Valencia o Barcelona en base a la reciente ley de Memoria Democrática han quedado archivadas.
La querella de Vallejo, interpuesta contra seis policías franquistas por torturas y crímenes contra la humanidad, era muy simbólica, pues las torturas por su actividad política y sindical contra la dictadura se produjeron en la comisaría de Via Laietana, la conocida como ‘casa de los horrores’ por los colectivos antifranquistas. Entidades y partidos quieren que el espacio, que acoge a día de hoy la Jefatura de la Policía Nacional en Catalunya, se reconvierta en un memorial de la dictadura.
