La ley de costas establece el uso «libre, público y gratuito» del dominio público marítimo-terrestre cuyo acceso impiden lo muros levantados en torno a la casa de la pareja del presidente del PP
La pareja de Feijóo pide una concesión de terreno público hasta 2037 para que su chalé tenga acceso directo a la playa
La costa y las playas de España son de todos porque así lo establece la Constitución. De hecho, todo el litoral y el mar nacional son calificados por la norma como “dominio público marítimo-terrestre: DPMT” y su uso –añade la ley de Costas– “será libre, público y gratuito” para “pasear, estar, bañarse…”.
Gracias a este carácter “todos debemos tener garantizado el derecho de disfrute de estos bienes del DPMT”, explica el Ministerio de Transición Ecológica. Precisamente ese disfrute está cercenado en “una porción de aproximadamente 210 m2 de terrenos de dominio público marítimo terrestre en la playa de O Con[Pontevedra]”, debido a que “el acceso está impedido” por lo muros levantados en torno a la casa de Eva Cárdenas, la pareja del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, según el anuncio oficial del servicio de Costas.
Por eso, una vez caducado el permiso que permitió ocupar ese terreno público, Costas pretende recuperar el dominio público porque el permiso expiró en 2007. Y contra eso ha alegado Cárdenas: quiere otros 30 años para su uso privado.
La ley de Costas en su exposición de motivos admite que “con demasiada frecuencia”, en España, se dio una “desnaturalización”, entre otros motivos por “la privatización de hecho que ha supuesto el otorgamiento de determinadas concesiones y la carencia de accesos públicos, con el resultado de que ciertas extensiones de la ribera del mar han quedado injustificadamente sustraídas al disfrute de la colectividad”.
El dominio público marítimo-terrestre es de todas las personas y debe respetarse y devolverse en su totalidad. Las concesiones que se hicieron hace décadas no deben prorrogarse indefinidamente –sobre todo– cuando son para un uso privado puro y duro, más bien particular
La coordinadora de Campañas de Greenpeace, Elvira Jiménez, insiste en que “el dominio público marítimo-terrestre es de todas las personas y debe respetarse y devolverse en su totalidad”. En este sentido considera que “las concesiones que se hicieron hace décadas no deben prorrogarse indefinidamente –sobre todo– cuando son para un uso privado puro y duro, más bien particular”.
Ese dominio, que en el caso de la playa junto a la vivienda de la familia Feijóo ahora Costas ha comenzado a recuperar, está compuesto por la franja marítimo-terrestre, las playas, las aguas interiores, el mar territorial y hasta los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. Para saber por dónde va esa franja, el Gobierno debe hacer un deslinde: “Identificar qué terrenos reúnen las condiciones para ser dominio público”, explica el Ministerio.
El tramo de costa cuyo acceso está cortado por los muros de la vivienda a nombre de la pareja de Alberto Núñez Feijóo está considerado dentro del dominio público desde que se hizo ese deslinde aprobado en julio de 2007.
El responsable del programa marino de WWF, José Luis García Varas, ilustra que “a lo largo de la costa te encuentras multitud de elementos, pequeños, más desapercibidos que un gran hotel, como casas, chalés o aparcamientos en sitios muy apetecibles. Es parte de la complejidad de la situación en el litoral”. “Nosotros hemos peleado mucho porque se mantenga y proteja el dominio público porque es lo que impide que, por ejemplo, haya playas privadas como en muchos otros países, incluidos algunos de la Unión Europea”.
“No tenemos un mapeo exhaustivo, pero si se dan casos tan claros y tan grandes como El Algarrobico, qué no puedes encontrarte en casos pequeños en los que si cuela cuela…”, añade la miembro de Greenpeace.
Por lo tanto se deslinda para poder proteger y garantizar el uso público. La franja del dominio propiamente dicha va desde las aguas nacionales hasta la ribera del mar (ahí puede haber playas, cordones de dunas y acantilados). Después se alarga una zona de influencia, –un colchón que ya puede ser suelo privado– en la que, hasta 100 metros, son de servidumbre de protección que impone restricciones como no construir nuevas casas u hoteles.
Una vez que se ha aprobado el deslinde la franja se convierte en “inalienable, imprescriptible e inembargable”. Para ocuparla o aprovecharla es preciso un permiso de Costas. “Existen concesiones sobre el dominio público que no se justifican por un servicio”, analiza Elvira Jiménez. “Y si se renuevan esos permisos, aunque no son una propiedad, si se alargan 60 años pues parece que el terreno es suyo. Tenemos muchos kilómetros de costa y es difícil vigilar todo, pero bienvenidos cada deslinde y cada recuperación del dominio”, remata.
Hay que procurar reintegrar el máximo al dominio público y eliminar las invasiones, que las hay de todo tipo: pueden ser un edificio pero también cosas como piscinas o un jardín
El DPMT “es fundamental para la biodiversidad” –explica José Luis García Varas– porque ahí hay ecosistemas cruciales, pero, además, constituye la continuidad de la parte marina hacia tierra y es fundamental en una situación de cambio climático“. Se refiere a que una línea litoral natural bien conservada es la primera barrera contra la subida del mar causada por el calentamiento global y un escudo frente a los temporales costeros exacerbados por la crisis climática.
Con todo, estos espacios han soportado mucha presión privada, pero también pública, como líneas de ferrocarril que se ahorraron expropiaciones o paseos marítimos en zonas urbanas. García Varas afirma que “la vocación debe ser recuperar todas esas zonas a las que se les otorgaron concesiones para ocuparlas privadamente. Hay que procurar reintegrar el máximo al dominio público y eliminar las invasiones, que las hay de todo tipo: pueden ser un edificio pero también cosas como piscinas o un jardín”.
Elvira Jiménez de Greenpeace analiza que “como el caso de la vivienda de la pareja de Feijóo puede haber muchos más, claro, pequeños y más desapercibidos”. Y añade que preservar bien el dominio público marítimo terrestre no es solo una cuestión de disfrute sino que “al ser la primera franja de protección ante cambio climático defiende otros bienes, incluidas viviendas”. En definitiva: “Nos protege ante la crisis climática”.
