Quizá la clave no radique tanto en la tributación a Hacienda por parte de las rentas más bajas cuanto en hacer compatible esa tributación con un SMI que garantice el 60% del salario medio neto
Un incremento del 61% en el SMI es absolutamente histórico. Sin embargo, comunicativamente, esa victoria se ha convertido en un conflicto interno y en una posible derrota parlamentaria del Partido Socialista. Una gestión mediática que ha subrayado en exceso las diferencias en el gobierno de coalición y que viene precedida del reciente enfrentamiento entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo a cuento de la reducción de la jornada laboral. El PSOE le ha regalado una baza a los populares que nunca estuvieron a favor de la subida del SMI pero que, curiosamente, hoy se han apresurado a presentar una proposición de ley para que no se pague el IRPF.
El Partido Popular siempre se abonó al bulo según el cual una subida del salario se traducía automáticamente en un freno a las contrataciones, algo que ha resultado ser radicalmente falso. Desde los 736 euros brutos al mes de 2018 a los 1.184 actuales, en España ha aumentado el número de trabajadores y ha disminuido el de parados. La ratio de desempleo es menor que hace seis años y no parece haber relato que pueda matar ese dato. Ese bulo lo han alentado también las patronales que solo respaldaban un incremento del 3% si se contemplaban bonificaciones para el sector agrícola y se revisaban las contratas públicas. Una propuesta insostenible situada fuera de la realidad laboral de este país y de buena parte de Europa.
Hoy, sin embargo, gracias, en parte, a la falta de diálogo y de respeto entre los socios de gobierno, una mala concepción del branding, la exhibición de las disputas y la espectacularización de la política, esas mismas derechas pueden recurrir tranquilamente a las consabidas consignas populistas según las cuales es el gobierno progresista el que sube los impuestos a los pobres y apoyar, así, un movimiento anti-impuestos que se orienta a jibarizar el Estado social. Una cultura fiscal que desmantela los servicios públicos de los que dependen, precisamente, quienes menos tienen.
En fin, más allá del mayor o menor éxito de estos relatos, lógicamente, resulta chocante que sean los más vulnerables los que vean reducida su capacidad adquisitiva cuando es esa capacidad la que se pretende aumentar con el SMI (aunque la tributación afecte solo a un 20% de sus perceptores). Evidentemente, si se hubiera subido ese salario en un porcentaje mayor (en lugar de en un 4,4%), tal como pedían los sindicatos, se hubiera amortiguado adecuadamente el impacto de la obligación tributaria. Pero ya es tarde para eso.
Ahora se ha decidido no tocar el mínimo exento por una necesidad recaudatoria a la que no puede connotarse negativamente (ya tenemos suficientes problemas de evasión fiscal). Lo que resulta sorprendente es que, finalmente, sean quienes menos tienen los que más tributen. Se da la paradoja de que los 1.500 millones, aproximadamente, que Hacienda pretende recaudar con esa medida son los mismos que se perdonan a las eléctricas. Y con este panorama, es difícil hablar seriamente de justicia fiscal.
Con todo, la pregunta sigue siendo si en este momento las rentas bajas deben o no hacer la declaración de la renta y si se puede mantener un mínimo exento a perpetuidad considerando que eso facilitaría también la exoneración fiscal a las rentas más altas que dejarían de tributar por esa misma cantidad (en este momento, los primeros 16.500 euros).
Las rentas más bajas pagaron en España un 6,7% en impuestos en el año 2023, mientras la media comunitaria se situaba en un 19%. Nuestra presión fiscal sigue estando por debajo de la europea y tenemos un sistema impositivo escasamente redistributivo. El SMI tributa en la mayor parte de los países de nuestro entorno y eso facilita también la transparencia y el control por parte de la Agencia Tributaria. Una información fiscal transparente garantiza, además, la buena ejecución de las políticas de renta y el acceso a las ayudas.
De manera que, visto así, quizá la clave no radique tanto en la tributación a Hacienda por parte de las rentas más bajas cuanto en hacer compatible esa tributación con un SMI que garantice el 60% del salario medio neto y en asegurarse de que el legítimo afán recaudatorio y la lucha contra la opacidad se perciba sobre todo en las rentas del capital y no solo en las del trabajo. No basta con hacer incisiones parciales, más o menos tácticas, en el sistema fiscal. A estas alturas, está claro que urge abordar una reforma que sea holística e integral.
