Comisiones Obreras alerta en un informe de que, pese al aumento de financiación, el sistema está dominado por «prestaciones baratas y basadas en cuidados no profesionales» que abren la puerta a un modelo de bajo coste aunque se reduzcan las listas de espera
Qué cambia con la reforma de la ley de dependencia y discapacidad aprobada por el Gobierno
El 40% de las personas que tienen reconocido algún grado de dependencia en España están siendo atendidas en casa por alguien de su familia: más de 600.000 usuarios del sistema, que acoge actualmente a un millón y medio de personas, cuentan con una prestación económica para estos cuidados que oscilan entre los 180 y los 455 euros al mes, según los datos presentados este jueves por Comisiones Obreras en un informe que alerta de una deriva hacia un modelo de bajo coste pese al aumento de la financiación. Una de cada tres prestaciones (30%) concedidas son de este tipo.
“Estamos yendo a prestaciones que cubren a más gente para poner prioridad en las listas de espera, pero esto debe ser transitorio, para terminar priorizando los cuidados profesionales”, ha asegurado Carlos Bravo, secretario confederal de Bienestar Social y Políticas Públicas del sindicato en la semana en que el Gobierno ha dado el primer paso para reformar las leyes de dependencia y discapacidad. Para entenderlo basta por comprar el porcentaje de servicios de ayuda a domicilio (un 16%) o de centros de día (5,8%) con las prestaciones económicas, ya sean para cuidado en casa o para pagar un servicio, que alcanzan en suma el 40%.
El informe acredita también un crecimiento de estos cheques –ya son casi 223.000– que se conceden para que sea el usuario quien abone la residencia, el apoyo en casa o el centro de dia cuando lo preferible sería que se asignara directamente el recurso público, ha defendido Comisiones Obreras.
Esta realidad se da en paralelo a una mejoría del sistema en su conjunto: se ha incrementado la financiación total (el Estado ha pasado a aportar un escuálido 15% a casi un 29% en pocos años) y el número de personas atendidas ha crecido. Sin embargo, las listas de espera siguen siendo un grave problema. La media desde que se pide la valoración del grado de dependencia hasta que la persona tiene acceso a cualquier prestación es de 334 días. Pese a la todavía larga demora, el total se ha acortado en más de 100 días desde 2020. La situación es mala pero se partía de una mucho peor.
La opacidad sobre el copago
La espera, además, no es homogénea. Hay 246.000 personas en listas de espera y dos comunidades, Catalunya y Galicia, concentran la mitad de estos casos que esperan la valoración o un servicio. El informe de CCOO acredita que la demora se atasca, sobre todo, en el primer trámite: que un equipo de valoración estime cuál es el nivel de dependencia de los solicitantes.
El sindicato llama también la atención, tras analizar los datos, de una “laguna importante del sistema”. Ninguna comunidad autónoma publica qué porcentaje de la financiación la asume el usuario, el llamado copago. “Garantizar información detallada de la aportación que las personas beneficiarias hacen en forma de copago es la limitación más grave que arrastra la transparencia en la gestión y debe ser una prioridad su resolución”, advierte el informe. Comisiones Obreras recuerda que, tras recortes de 2012, los límites máximos de copago para todos los servicios sin alojamiento pasaron del 65% al 90%.
