Alerta Solidària recurre el auto y reprocha a la magistrada que enmarque a los espiados en «colectivos sociales radicales y violentos»
Hemeroteca – Un policía se infiltró en grupos vecinales y antifascistas de Valencia
La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València ha inadmitido a trámite una querella por la infiltración de un agente de la Policía Nacional en movimientos sociales y vecinales del barrio de Benimaclet. El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, distingue la figura del agente infiltrado del policía encubierto. En el primer caso, en el que encuadra al policía, los infiltrados “tienen por objeto integrarse en colectivos sociales radicales y violentos para conseguir información relevante y evitar, de esta manera, que se produzcan altercados ilícitos y disturbios en la vida pública”.
La magistrada enmarca el papel del infiltrado en la “técnica de investigación policial dirigida a la prevención y castigo del delito de la que todos los servicios de seguridad hacen uso”. De la citada técnica policial forman parte el “engaño” y el “uso de identidad supuesta para garantizar la confianza necesaria para la obtención de la información”, según reconoce la resolución.
La magistrada no ve indicios de los presuntos delitos de tortura y atentado contra la integridad moral y la intimidad que denuciaban los querellantes, representadas por la entidad Alerta Solidària. “En ningún momento se puede imputar al querellado la intención de producir un sufrimiento físico o mental de las querellantes”, afirma el auto.
La jueza destaca que el daño psíquico o psicológico padecido por las querellantes “aparece más de un año después de haber mantenido el último contacto con el querellado”. El impacto psicológico lo enmarca la magistrada en el hecho de “haber descubierto su condición de policía, al sentirse engañadas”.
Bajo la identidad encubierta de Ramón Martínez Hernández, el topo aterrizó en marzo del 2020 en de Benimaclet, que concentra gran parte del activismo social y estudiantil de Valencia. Durante dos años, el agente espió a colectivos vecinales y sociales del barrio que mantienen una actividad pública, también en redes sociales.
Los querellantes sostenían que se habrían producido los presuntos delitos de tortura y atentado contra la integridad moral y la intimidad. Dos de las querellantes alegaban que habían sufrido lesiones psicológicas tras haberse destapado la infiltración del agente.
La jueza se ampara en la resolución del pasado 25 de julio de la Audiencia Provincial de Barcelona que ratificó la inadmisión de una querella por la infiltración de otro agente de la Policía Nacional en movimientos independentistas de la ciudad condal.
Recurso de Alerta Solidària
La letrada de la entidad querellante ha presentado este viernes un recurso de reforma ante la resolución judicial. El recurso sostiene que la negativa a unas “mínimas” diligencias “frustran toda posibilidad de saber la verdadera figura jurídica del policía infiltrado y si contaba con la pertinente habilitación legal”, según ha informado Alerta Solidària en un comunicado.
Alerta Solidària lamenta que la jueza “no enumera cuáles son los hechos” ni el carácter radical o violento de los colectivos espiados, tales como Cuidem Benimaclet, el Centre Social l’Horta o la coordinadora Entre Barris.
Mientras que la querella por el tercer caso de espionaje en Girona está aún pendiente de resolución, la jueza de València, según Alerta Solidària, “da carpetazo, niega los delitos, se opone a que nadie acepte y reconozca el daño sufrido por las afectadas y, además, espeta el reproche de formar parte, sin ningún ejemplo que lo justifique, de colectivos radicales y violentos”.
