Visto para sentencia el juicio al “beso robado” de Rubiales que alentó el movimiento “se acabó”

Luis Rubiales, bregado en escándalos y acusaciones de corrupción, no resistió al clamor social generado por el “beso robado” que impuso en la boca a la futbolista Jenni Hermoso tras la final del Mundial de 2023. Tras acusar al “falso feminismo” de querer asesinarlo públicamente en una asamblea de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), no tuvo más remedio que dejar su cargo a través de una carta enviada a su sustituto. Año y medio después, la Audiencia Nacional dejó este viernes visto para sentencia el juicio por ese beso y por las supuestas maniobras que urdió después para minimizar su impacto. 

Ese “beso robado” —“un piquito”, dijo él restándole importancia— cristalizó en un indignado “se acabó” que puso el foco sobre el abuso de poder y las conductas normalizadas que sufren las mujeres. Ahora, es tarea del juez José Manuel Fernández-Prieto determinar si fue una agresión sexual, como defiende la Fiscalía y la jugadora, que piden para él un año de cárcel por el beso y año y medio por las supuestas coacciones; o si no es un acto penalmente condenable, como sostiene el expresidente de la principal organización del fútbol español. 

En su declaración, Rubiales llegó incluso a señalar a la jugadora como la responsable de acercarle su cuerpo: “Ella me apretó muy fuerte de las axilas, me levantó. Y, al caer, le pregunté: ‘¿puedo darte un besito?’. Y me dijo: ‘vale’. Eso fue lo que ocurrió”. La versión de ella fue muy diferente: “Ni escuché ni entendí nada. Y lo siguiente fue ponerme las manos en las orejas y darme el beso en la boca”. 

La vista, que se ha alargado durante dos semanas, ha pivotado sobre un concepto determinante en los delitos contra la libertad sexual: el consentimiento. Pero no sólo. Durante su alegato final, la defensa de Rubiales, que ejerce la penalista Olga Tubau, puso el foco en la reacción de la jugadora tras el beso para tratar de desacreditarla. “¿Te dan un beso que tú no has querido y en ese momento te da asco y te despides con dos palmadas en los costados (…) y con una sonrisa?”, afirmó la abogada.

La tesis que Tubau trató de exponer ante el juez es que la actitud de la jugadora tras el beso —“buen humor, alegría, euforia”— evidencia que ni ella misma lo “vivió” e “interpretó” como una agresión sexual. También hizo alusión a una entrevista que la futbolista hizo desde el estadio, en la que reconoció que el beso no le había gustado pero en la que trató de restarle importancia (en el juicio dijo que lo había hecho para no empañar la celebración). Y a un vídeo en el que ella y el resto de jugadoras aplauden un discurso de Rubiales ya de vuelta en España tras el Mundial. “No se aplaude a un agresor sexual”, dijo la letrada. 

La abogada concedió que la conducta de Rubiales fue “moralmente rechazable” pero no “penalmente condenable” y la justificó, ahora sí, como una “una manifestación de alegría” que el entonces presidente no pudo controlar. Su tesis es que, ante una hipotética ausencia de consentimiento que Rubiales defiende que sí existió, elementos como las “conductas previas, el contexto, el momento o las relaciones existentes” pueden determinar que ese beso, aunque robado, no es delito. 

El consentimiento, esencial

La visión de la Fiscalía y del resto de acusaciones es totalmente opuesta. A su juicio lo esencial es el consentimiento. “No consintió y claro que le afectó. Fue un atentado contra la libertad sexual”, dijo la fiscal del caso, Marta Durántez. “No estamos ante un consentimiento, estamos ante un sometimiento”, sostuvo Ángel Chavarría, el abogado de la jugadora. “Recibió un beso de manera agresiva, sorpresiva e inesperada (…). Fue una violación de la integridad corporal y la libertad sexual por ausencia de consentimiento”, mantuvo la representante de la acusación popular ejercida por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). 

De hecho, la fiscal cargó en su alegato final contra el estereotipo de la ‘víctima ideal’ y lamentó los procesos de revictimización que sufren quienes se enfrentan a un procedimiento de este tipo. “Aunque me produce rechazo (…), le he tenido que preguntar por qué se reía en el vestuario, por qué bebía champán, por qué comía. ¿Hasta cuándo vamos a estar exigiendo a la víctima de una agresión sexual un comportamiento heroico? ¿Acaso no tenía derecho a celebrar un triunfo deportivo de tal entidad? (…) ¿Le podemos exigir que se vaya a un rincón a llorar? ¿Que monte un espectáculo?. La ley ha cambiado, pero hay mucho por mejorar”, clamó. 

Es una cuestión que ya sobrevoló durante el interrogatorio a la jugadora, cuando la defensa de Rubiales le preguntó por los vídeos en los que, después de la entrega del trofeo, aparecía celebrando la victoria y bromeando, también con el beso. “No tengo que estar llorando en una habitación para entender que no me gustó”, respondió ella mostrando que su reacción no invalida sus sensaciones en ese momento. 

En sus conclusiones, la fiscal hizo alusión a que el relato de la jugadora había sido “coherente” y dijo que la actuación de Rubiales “encaja como un guante” en el artículo 178.1 de la ley del ‘solo sí es sí’, que contempla que el consentimiento siempre debe ser explícito. También defendió que la jurisprudencia que existe al respecto pone de manifiesto que lo que allí ocurrió fue una agresión sexual, por muy buena relación que tuvieran ambos y por mucho que Rubiales no pretendiera con ello saciar su apetito sexual. 

Un día después, la defensa de Rubiales defendió que en ningún caso había quedado acreditado ni que Jenni Hermoso no hubiera consentido, ni que ese acto pueda constituir un delito de agresión sexual. E insistió en que, ante casos ambiguos, el juez sí debe tener en cuenta elementos como la posibilidad de estar ante “un beso eufórico, de amigo” y determinar si existe ese ánimo libidinoso que la jurisprudencia ya no exige como criterio general y que, a su juicio, no se da en este caso. 

Un presidente que “mandaba todo”

Las nueve jornadas de juicio también han servido para hacer el retrato de un hombre, Rubiales, obcecado en minimizar las consecuencias de su acto; y de una institución absolutamente plegada a su presidente y volcada en librarlo de un escándalo de dimensión internacional. Es algo que evidencian hechos como que la cúpula ocultó a Jenni Hermoso la existencia de un protocolo interno frente a la violencia sexual, tal y como reconoció ella misma; o que el informe interno que calificó el beso como algo “anecdótico” y “sin importancia” fue elaborado en apenas un día y medio y con testimonios prefabricados para respaldar la actuación de Rubiales. 

La propia jugadora relató ante el juez lo “desprotegidísima” que se había sentido, pues nadie de la institución se puso en contacto con ella para preguntarle cómo se encontraba después que su “jefe” le impusiera un beso no consentido que empañó la mayor gesta de la historia del deporte femenino en España. Su entrenador, Jorge Vilda, acusado de un delito de coacciones que también niega, reconoció que “igual tendría que haber preguntado cómo estaba”.

En su informe, la fiscal describió a Rubiales como un presidente que “mandaba todo” y mantuvo que los otros tres acusados presionaron a la jugadora y a su entorno para que saliera a minimizar los hechos movidos por el interés de “salvar a su jefe” y por pura supervivencia. Pues, si Rubiales caía, ellos “iban detrás”. El abogado de la jugadora afirmó que “toda la estructura federativa se puso en marcha para salvar” a Rubiales. También fue muy dura en este punto la letrada de la acusación popular, que definió a la RFEF como “una estructura vertical, manipuladora y servilista del presidente y su equipo más cercano”. 

Sus apreciaciones no gustaron a las defensas de los acusados, que acusaron a la Fiscalía de hablar para “la galería” y de montar una “macrocausa” para presentar a la RFEF como una “mafia”. “Lo del beso no era suficiente, era tan pequeño, tan corto, tan nimio… que no daba lugar a esta exposición pública ni a la demostración de fuerza del Estado”, sostuvo el abogado de Rubén Rivera, otro de los acusados. Ahora es el juez el que deberá decidir el alcance penal de una conducta que buena parte de la sociedad consideró inaceptable.