El colaborador José Aliste contactó con una lista de ex cargos del chavismo que ofrecían información a cambio de no ser extraditados y que nunca aportaron la documentación que prometía el abogado español
Siete informes secretos revelan que la Policía reclutó a un implicado en estafas para la guerra sucia contra Podemos
El abogado español José Aliste buscó entre antiguos cargos del chavismo, a los que Venezuela y Estados Unidos reclamaban por corrupción y blanqueo de capitales, para que aportaran a la brigada política pruebas de la supuesta financiación de Podemos por parte del Gobierno venezolano. Aliste mencionó sus nombres y su relevancia en los informes revelados por elDiario.es y, pocos días después, algunos de ellos viajaron a España para entrevistarse con mandos policiales.
De entre esos antiguos cargos chavistas hay uno que mereció especial atención al colaborador policial. Se trata de Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue directora del Fonden, organismo del que Aliste asegura que salieron pagos a Podemos. “También fue su enfermera personal [de Chávez] en su lecho de muerte y por ello persona de su máxima confianza”, escribe Aliste en el Informe número Cuatro. “Hoy está huida del régimen chavista y perseguida”, añade. Un tribunal estadounidense condenó a Díaz Guillén a 15 años de cárcel por blanqueo de capitales y soborno en abril de 2023. En la actualidad cumple condena en una cárcel de ese país.
El abogado José Aliste está imputado en varias causas. Una de ellas se sigue en un juzgado de Madrid e investiga a una “organización criminal” que habría extorsionado a varios jerarcas venezolanos, a los que cobró por darles supuesta protección en España y no ser entregados a Estados Unidos. En el caso Caranjuez, uno de esos jerarcas es Javier Alvarado Ochoa, quien habría contratado a Aliste como abogado. El letrado, habitual colaborador de la Policía, condujo al ex minsitro chavista hasta la cúpula policial del PP, ávida de información sobre Podemos. El abogado asegura que todas las gestiones que hizo y plasmó en sus siete informes fueron por indicación de su representado. Los informes contra Podemos siguen alojados a día de hoy en bases de inteligencia de la Policía. Alvarado Ochoa nunca fue extraditado a Estados Unidos.
Los siete informes de Aliste se dividen entre los que citan como fuente a Javier Alvarado Ochoa, al que se refiere como ‘Cicerón’, y los que aluden a sí mismo como informante, bajo el pseudónimo de ‘Last Means’ (Últimos Medios). Los informes no van fechados, pero dejan pistas de cuándo se redactaron. Sobre Claudia Guillén dice: “Ayer le allanó la casa de Caracas el Sevin [por Sebin, Servicio de Ingeligencia Bolivariano] y detuvo a persona de su familia y de la de su esposo”.
El 14 de abril de 2016, agentes venezolanos registraron el domicilio en Caracas de Claudia Guillén y su esposo, Adrián José Velasquez, quien fuera miembro de la guardia personal de Chávez y su edecán. Ocurría después de que el nombre de ambos aparecieran en la investigación periodística denominada ‘Papeles de Panamá’, sobre los datos de evasores fiscales y blanqueadores de dinero que recurrían a los servicios del despacho de abogados Mossack Fonseca.
Guillén y Velasquez vivían en la República Dominicana y pusieron rumbo a España tras el registro y las noticias publicadas. Su rastro se recupera en un hotel de Madrid, el Orfilia, donde fueron visitados por miembros de la brigada política española. ‘Público’ informó en octubre de 2016 que el jefe de la brigada política, el comisario Eugenio Pino, convocó entre los días 19 y 27 de abril de ese año, a cinco ex jerarcas venezolanos en Madrid. El informe de José Aliste es de cuatro días antes de la llegada al hotel del grupo de venezolanos.
De Claudia Guillén, Aliste añade: “Creemos, sin error a equivocarnos, que puede ser la persona de más alto nivel y categoría que se podría tener, a efectos de captar información y documentación para el proceso de Podemos que nos ocupa”. Fuentes policiales aseguran que ninguno de los venezolanos reclutados por la brigada política entregó un solo documento fiable de pagos a la formación o a sus responsables y que prueba son la fotocopia de un supuesto “punto de cuenta” (orden de pago) de 6,7 millones a la Fundación CEPS, seis años antes de que se creara el partido, o el montaje del ingreso de 272.000 euros a Pablo Iglesias en una falsa cuenta de un banco de Granadinas. Pese a la falsedad de los documentos su contenido tuvo una amplia acogida en los medios de comunicación afines al Gobierno del PP.
Claudia Patricia Guillén fue detenida en diciembre de 2020 en España, ya con otra cúpula policial fruto del cambio de Gobierno, y entregada a Estados Unidos en 2022. El órgano que dirigió Claudia Patricia en Venezuela, el Fonden, era el encargado de depositar los ingresos que llegaban de las exportaciones del petróleo. Según la investigación judicial, desde el Fonden se manipulaban transacciones de cambio con moneda extranjera para personalidades afines al gobierno a cambio de sobornos.
“Ayudar al Estado español” contra Podemos
Guillén integra una lista de seis posibles colaboradores, junto a su marido y otros dos que se reunieron con Aliste en Miami, que es seguida del siguiente comentario: “Ya hemos contactado con tres de los mismos y todos, en principio, están en disposición de ayudar al Estado español a los fines que persigue. Faltaría concretar las condiciones y términos”. Aliste añade que ofrecerá más datos de ellos y, “si piden algo a cambio”.
En los tres primeros informes de Aliste, los que citan como fuente a ‘Cicerón’ Alvarado Ochoa, el exministro venezolano utiliza el conocimiento que tiene de las empresas públicas venezolanas y algunos datos que maneja de politólogos españoles que trabajaron para Chávez. Hay continuas referencias a otras personas que pueden aportar datos. Con algunas de ellas llegan a contactar los policías de la brigada política. Otras les resultan inalcanzables. Ninguno de esos contactos ofrece una sola prueba de la financiación del partido por Venezuela.
En su declaración como denunciante en el juzgado en el caso Caranjuez, Alvarado Ochoa aseguró que había trasladado en persona durante horas al comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía, numerosa documentación sobre el desfalco de la petrolera venezolana, pero que a los policías españoles insistían en lo que pudiera aportar de Podemos. Él, dijo ante el juez, no tenía documentos aunque prometió que preguntaría a sus contactos en la inteligencia venezolana.
28 millones para un profesor que nunca fue de Podemos
Los informes policiales en poder de elDiario.es presentan una colaboración muy distinta de Alvarado Ochoa a la que quiso mostrar en el juzgado. Entre la misma figura una acusación desconocida hasta ahora y que el Ministerio del Interior de la época nunca se atrevió a filtrar. Es el caso de TQM, una antigua consultora del profesor Rafael Bañón que, según Alvarado y Aliste, habría cobrado 28 millones de euros del Gobierno venezolano con destino último en Podemos o en su germen.
Si se atiende a lo que asegura el profesor Bañón, el relato de Alvarado parte de una pequeña verdad para construir una gran mentira. En conversación con elDiario.es, Bañón explica que trabajó en Venezuela por primera vez a principios de los 2000 y que a mitad de esa década un directivo de la petrolera estatal PDVSA le contactó para un proyecto de su ámbito formativo. El encargo tenía una particularidad que al profesor le resultaba apasionante: “formar gestores públicos socialistas”.
El catedrático asegura que redactó formación específica para ello, que firmó varios contratos durante años y reconoce que el último de ellos fue muy abultado, de “6 o 7 millones”, pero que empleó la mayoría de los fondos en movilizar a 200 formadores, no solo a Venezuela sino también a Estados Unidos o Países Bajos. “Lo gasté todo”, asegura.
“TQM desapareció hace años pero todos sus ingresos están declarados en Hacienda. Si yo hubiera cobrado 28 millones ahora sería rico”, defiende Bañón. Luego está el supuesto salto de ese dinero de su empresa a Podemos, pero Bañón nunca estuvo implicado en un proyecto de partido que se limitó a contemplar “con simpatía” en sus inicios. Fundadores del partido confirman esa versión y destacan la distancia personal e ideológica que siempre han mantenido con el catedrático.
El confidente Alvarado Ochoa incluso ofreció a los policías la identidad de dos españoles que habrían servido de nexo con la empresa de Bañón: “Los subordinados del señor Ramírez [ministro de Energía y Electricidad] contactaron con los representantes de la filial de TQM en Caracas, siendo estos los sr. Monedero y sr. Verstrynge”.
Los nombres de los dos politólogos ya eran recurrentes en España al hablar de Venezuela. Monedero, por ejemplo, tuvo una intensa relación con Hugo Chávez que se rompió en 2010 después de haber desarrollado durante años una “asesoría permanente” para el Gobierno del país, explica el fundador de Podemos. El profesor Bañón, por su parte, reconoce haber tratado a Alvarado Ochoa como “cliente”, en sus puestos en las empresas públicas venezolanas, y también haber mantenido cierta relación personal con él que asegura haber finalizado por la “catadura moral” de confidente.
Rafael Bañón asegura que su relación comercial con los dos profesores se limita a contratarlos en una ocasión para que ofrecieran una charla “durante un seminario de marxismo” en una zona recóndita del país. El ex fundador de Podemos Juan Carlos Monedero confirma esta versión. Ninguno de los consultados recuerda exactamente cuánto cobraron por ello, difieren entre 600 o 2.000 euros, según creen recordar.
El archivo incautado al comisario Villarejo o las conversaciones intervenidas en el teléfono del ex número dos de Interior Francisco Martínez han revelado que el Gobierno de Mariano Rajoy investigó a Podemos casi desde su creación y que su llegada al Congreso de los Diputados no frenó esas indagaciones prospectivas, prohibidas por ley y de especial gravedad al tratarse de un partido político con representación parlamentaria. Su principal función, como ya ocurriera en las maniobras contra el independentismo catalán, era la publicación de la información sin contrastar en medios afines al Gobierno del PP.
