El dictamen, encargado por el juez del TSJ de la Comunitat Valenciana, concluye que el proyecto promovido por la Autoridad Portuaria de Valencia en diciembre «no ha sido evaluado a efectos medioambientales». El perito lo considera «distinto» al aprobado en 2007. La Comissió Ciutat-Port pide la suspensión cautelar de las obras
El TSJ pide un dictamen que determine si la ampliación del Puerto de València tiene efectos ambientales adversos
La polémica ampliación del Puerto de Valencia empieza a zozobrar pocas semanas después de arrancar las obras. El proyecto se aprobó en el consejo de ministros del 19 de diciembre de 2023 con la oposición de Compromís-Sumar y con brindis incluido días antes en la sede de la Autoridad Portuaria (APV) por parte de su presidenta, Mar Chao, al presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, del ministro Óscar Puente, de la alcaldesa, María José Catalá, y de la delgada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Un brindis que ahora se les puede atragantar. Y es que el dictamen pericial encargado por la Sección Cuarta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que investiga si la aprobación del proyecto constructivo de los nuevos muelles fue irregular concluye que las obras de ampliación requieren de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y denuesta la hecha en 2007. El informe ya se ha remitido al juzgado y a las partes, tanto a la APV como a la Comissió Ciutat-Port, plataforma vecinal y ecologista denunciante. Desde la APV han comentado al respecto que han dado respuesta al mismo en sede judicial sin concretar más.
Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, las conclusiones no pueden ser más contundentes y han propiciado que la mencionada asociación haya presentado ya un recurso ante el mismo juzgado solicitando la suspensión cautelar de las obras hasta que haya una sentencia firme sobre el fondo de la cuestión, es decir, si la DIA de 2007 es válida para el nuevo proyecto aprobado.
El escrito se remite al informe del perito judicial el cual acredita que el proyecto promovido por la APV “es distinto a la alternativa cuatro seleccionada y aprobada mediante DIA favorable en el año 2007 y, por lo tanto, no ha sido evaluado a efectos medioambientales”. El informe da una serie de razones: “incremento de los volúmenes y áreas de actuación de los dragados necesarios; demoliciones de los actuales contradique norte y muelles de cruceros; cambio de ubicación de las explanadas y muelle de atraque y es muy probable que se hayan conformado comunidades marinas en el nuevo hábitat de escolleras debido al tiempo transcurrido entre la primera fase del proyecto y la segunda”.
A la izquierda, el proyecto aprobado por el PP que obtuvo DIA favorable en 2007, a la derecha el nuevo proyecto impulsado en la actualidad por el PSPV que pretende salir adelante con el mismo informe ambiental.
El perito añade: “A juicio del técnico que suscribe el presente informe procede efectuar una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que no se trata de una modificación en tanto en cuanto la obra es nueva”.
Ciutat-Port pide paralizar las obras
La Comissió Ciutat-Port considera que las conclusiones de la pericial confirman la impugnación del acuerdo del consejo de administración de la APV del 2 de diciembre de 2022 por el que se aprobó el proyecto constructivo del muelle de contenedores al resultar “una prueba indiciaria de los efectos significativos adversos sobre el medio ambiente” de la ejecución de la ampliación norte.
Además, justifica la procedencia y proporcionalidad de la suspensión cautelar en la doctrina que el Tribunal Supremo aplicó recientemente para validar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto en la que se invoca “la fuerza normativa de lo fáctico”, lo que, según la plataforma ciudadana, “hace evidentemente necesaria la aplicación de medidas cautelares que, si no se piden y acuerdan, darán lugar a la consolidación de la obra ejecutada y terminada antes de concluir la última instancia del proceso, aunque exista un vicio de nulidad en el acto de origen”.
Además, acredita el requisito de “apariencia de buen derecho” necesario para este tipo de medidas cautelares en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en abril de 2024 por la cual se traslada la condición de órgano sustantivo del proyecto de la APV a Puertos del Estado: “Tras esta sentencia la manifestación de innecesariedad de someter a DIA el proyecto constructivo” emitido en un certificado por una técnico de la APV ha devenido “en nula de pleno derecho por haber sido emitida por órgano manifiestamente incompetente”.
Como ha venido informando este diario, el proyecto está envuelto en una sonada polémica por su futuro impacto sobre las playas del sur de València y por el hecho de ampararse en una declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007 pese a las sensibles modificaciones que se han introducido desde entonces y los efectos que tendrá sobre la ciudad. Una DIA cuestionada por seis informes oficiales. Asociaciones ciudadanas y ecologistas, agrupadas en la Comissió Ciutat-Port se oponen a la ampliación, que ejecutará la naviera MSC. Compromís-Sumar, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, se ha desmarcado de la aprobación del proyecto.
El consejo de ministros aprobó el 19 de diciembre de 2023 aprobó con el voto en solitario de los socialistas una infraestructura que va a tener un coste de más de 660 millones de euros para las arcas públicas y que supondrá la construcción de una nueva terminal de contenedores de 136 hectáreas de superficie con capacidad para mover cinco millones de contenedores, es decir, permitirá al Puerto de València duplicar su capacidad e incrementar exponencialmente su actividad en cuanto a tráfico de buques y vehículos pesados. Las obras arrancaron oficialmente el pasado 17 de octubre con el dragado del canal de acceso y la demolición de un contradique. La terminal que ejecutará y explotará TIL, filial de MSC, con una inversión adicional de 1.500 millones de euros, contará con una terminal ferroviaria para dar salida a parte de sus contenedores en tren y estará electrificada.
