El PP convierte la comparecencia del fiscal general en el Senado en un pelotón de ejecución contra el imputado García Ortiz y vuelve a intentar que Bruselas le dé la razón en su lucha contra el Gobierno, una tarea en que sólo conoce fracasos
El fiscal general rechaza la petición de dimisión del PP en el Senado: “Estaría haciendo una concesión a los delincuentes”
Europa está callada. No reacciona ante el peligro que supone Pedro Sánchez para la democracia. El PP no hace más que gritar y lanzar proclamas para que la Comisión Europea coloque a España en el banquillo de los acusados. No sería al Gobierno, sino al Estado en el caso de que se inicie un procedimiento por el artículo 7 por violaciones del Estado de Derecho. Exige que España aparezca con el mismo sambenito humillante con el que se apuntó a Polonia y Hungría. Aunque en realidad el PP piensa que España está mucho peor que Hungría.
Ante sus fracasos recurrentes en este campo, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a activar su arma nada secreta que nunca funciona, Dolors Montserrat. Allá va otra carta dirigida al comisario de Justicia, Michael McGrath, para que dictamine que el hecho de que Álvaro García Ortiz continúe siendo el fiscal general del Estado es una “desviación del Estado de derecho en España”. En ese caso, podría reclamar la adopción de sanciones a España con las amenazas previas correspondientes.
Ya desde los tiempos de Pablo Casado el PP reaccionaba a sus momentos de frustración con un aviso que se repetía: pues muy bien, nos veremos en Europa. Europa lo solucionará todo. Feijóo optó por la misma táctica y no ha dejado de estrellarse contra la pared. Nunca antes se había mencionado tantas veces un recurso que diera tan pocos resultados.
Llega un momento en que un titular que se repite sólo provoca tedio. Por razones fáciles de entender, cada una de estas iniciativas garantizaba un titular en algunos medios de comunicación. Incluso con reiteración en el caso del supuesto peligro de perder el acceso a los fondos europeos. Lo que no le concedía al PP era una victoria. Llegó a montar una visita oficial a España de la presidenta de una Comisión del Parlamento Europeo, una conservadora alemana muy cercana al PP. Ni por esas.
En su carta, la persistente y fracasada Montserrat insistió en que la imputación del fiscal general ha provocado una situación “inaudita en democracia y en la Unión Europea”. Muy habitual no es, eso desde luego. La posición de García Ortiz no tiene precedentes –y es legítimo preguntarse si es sostenible–, como tampoco que un partido de oposición esté tan empeñado en que se apliquen sanciones a su propio país.
Todo lo que tiene que ver con Pedro Sánchez y su Gobierno es una anomalía en Europa, alerta el Partido Popular. La respuesta de la Comisión y de los principales gobiernos ha sido ignorar olímpicamente al PP. El último ejemplo es la invitación de Emmanuel Macron a Sánchez para que participara el lunes en una cumbre en París, “informal” porque no iban a estar todos los miembros de la UE y sí Gran Bretaña, para discutir qué hacer ante la amenaza de Trump y su decisión de negociar directamente con Rusia.
Mientras el PP dice que Sánchez es un horror autoritario, un espantajo horrendo del que hay que salir huyendo, Macron y Von der Leyen piensan que les interesa escuchar el punto de vista del presidente español, al frente de uno de los pocos gobiernos de izquierda que quedan en la UE.
A falta de Bruselas, al PP siempre le queda la metadona del Senado. No es como pegarse un tiro con el mejor material que llega de Turquía, pero da para calmar la abstinencia forzada. En la Cámara Alta, el partido puede hacer lo que quiera con su mayoría absoluta. Podría nombrar a una fallera mayor del Senado o intentar batir el récord mundial de cocinar la mayor paella hecha nunca en un hemiciclo. Para este martes, tenía preparada una cita con un interés político similar.
Había solicitado la comparecencia del fiscal general, que llevaba un tiempo haciéndose de rogar. La petición se hizo en mayo del año pasado “para que informe de su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado”. García Ortiz se presentó en la Comisión de Justicia y dio cuenta del último informe anual de la Fiscalía y quedó a la espera de lo que preguntaran los grupos parlamentarios. Le hubiera venido bien ponerse un casco y un chaleco antibalas.
La senadora del PP María José Pardo estaba ahí no para hablar de los delitos que aparecen en la memoria de la Fiscalía, sino para machacar el hígado de García Ortiz. De entrada, le dijo que “usted representa una anormalidad democrática” por no haber dimitido tras su imputación en el Tribunal Supremo. Repitió en tres ocasiones diferentes las palabras “¡qué indecencia!”, haciendo gala de la superioridad moral que es costumbre con muchos políticos. No les vale con afirmar que cuentan con las ideas más apropiadas, sino que alardean de que moralmente son mejores que sus rivales.
Pardo cumplió el trabajo que le habían encomendado. Eso incluía defender al novio de Isabel Díaz Ayuso y a la propia presidenta madrileña con el argumento de que se había intentado “destruir a una adversaria política”. En ningún momento, la senadora se atrevió a mencionar que González Amador está siendo investigado por un fraude fiscal que fue detectado por la Agencia Tributaria, que envió el caso a la Fiscalía. El desprecio que mostró a García Ortiz, al que comparó con “un vulgar delincuente”, fue inaudito en la historia reciente del Senado, aunque allí ya se han batido unos cuantos récords en los últimos tiempos.
La respuesta del PSOE no se quedó corta. El socialista José María Oleaga dijo que Díaz Ayuso y Feijóo son “dos personas que apestan a corrupción”. Estaba claro que nadie se iba a cortar en este pleno. Fue poco después cuando se produjo un momento no menos inaudito. La presidenta de la Comisión, Yolanda Ibarrola, del PP, intervino para reclamar a Oleaga que se atuviera a la cuestión, es decir, para que “no hable de la señora Ayuso y el señor Feijóo”. La cara de Ibarrola adquirió dimensiones kilométricas. La senadora del PP había defendido a Ayuso todo lo que había querido, pero el socialista no podía mencionarla.
Tampoco es que tuviera mucha incidencia. Oleaga no le hizo ningún caso y siguió a lo suyo, hablando de Marcial Dorado con la excusa de de que la Fiscalía siempre ha tenido como función las investigaciones antidroga.
Hubo tiempo para el sano intercambio de navajazos. En un turno de réplica, el senador Antonio Silván, del PP, definió la actuación de García Ortiz como “el proceder de un delincuente” para pasar a decir con una sonrisa “presunto delincuente”. Por tener el detalle, más que nada, no porque lo crea. Oleaga se enfureció y abandonó el hemiciclo no sin antes llamarle “fascista”.
Para eso ha quedado el Senado. El PP lo utiliza de cámara de eco de sus bajas pasiones y los demás grupos no se cortan nada. Como es lógico, el partido tiene derecho a criticar al fiscal general por su condición de imputado y referirse a ello en las dos cámaras. Y lo lleva haciendo todas las semanas. Lo que ocurre es que se ha inventado la sesión de control al fiscal general, una figura que no se puede encontrar en la Constitución por mucho que se busque. Hay que torturar a la Constitución hasta que cante lo que quieres que diga.
