La acusación que ejercen los socialistas madrileños solicita al juez que la investigación sobre el fraccionamiento de contratos de obras en centros de Formación Profesional abarque la rehabilitación del Palacio Viejo de Vista Alegre donde está este centro
El principal sospechoso del ‘Caso FP’ implica a la Consejería de Educación de Ayuso entre 2021 y 2023 en la presunta prevaricación
El PSOE de Madrid ha pedido al juzgado que investiga el ‘caso FP‘ que amplíe la causa y analice más contratos supuestamente fraccionados de forma ilegal en la Consejería de Educación de Isabel Díaz Ayuso: si esa práctica se extendió a las obras del Instituto de Innovación Educativa y a un antiguo colegio en Vallecas. Los socialistas, que ejercen una de las acusaciones populares del caso, afirman tener “sólidos indicios” de que esa práctica de trocear contratos para evitar los concursos públicos se reprodujo también en estos dos nuevos expedientes.
La causa que ahora investiga un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid fue revelada por elDiario.es: la construcción de, al menos, diez centros de Formación Profesional por parte de la Consejería de Educación fuera de presupuesto, sin un contrato y tampoco sin un expediente público detrás. Un sistema presuntamente irregular aflorado por las quejas de uno de los empresarios y que evitaba, en la práctica, que los contratos superaran el umbral de los 40.000 euros y evitaran el proceso fiscalizador de un concurso público. Todo, finalmente, encargado a dedo.
El caso, una vez desvelado por este periódico, fue denunciado por Más Madrid y PSOE ante la Fiscalía en sendas denuncias, mientras Podemos presentó otra acción penal ante el juzgado que finalmente ha abierto las diligencias que investigan todos estos contratos. Un sistema que se desarrolló, al menos, en diez centros destinados a Formación Profesional: desde el hospital escuela de Ciudad Escolar hasta la Escuela de Arte Alcalá pasando por el Ignacio Ellacuría, uno de los proyectos estrella de Ayuso tras la pandemia. El dinero salía, según las pesquisas, de las cuentas de los propios institutos y sus ingresos tanto de funcionamiento como extraordinarios.
El PSOE de Madrid, que ejerce la acusación popular del caso junto con el resto de partidos, ha solicitado al juzgado que amplíe su investigación a nuevos casos de posible fraccionamiento irregular de contratos. El primero sobre el que ponen la lupa es el Instituto Superior Madrileño de Innovación Educativa (ISMIE), ubicado en los jardines de Vista Alegre con un “alto valor histórico y artístico”, y reformado con una inversión de más de 16 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid.
El estado de conservación del edificio, explica el PSOE en su escrito, “no se corresponde” con los informes que existen sobre su estado de conservación en años anteriores. “Todo nos lleva a pensar que realmente se ha ejecutado las obras de rehabilitación en algún momento entre 2019 y 2024, al margen del procedimiento de licitación, siguiendo la misma dinámica de las otras obras realizadas en centros públicos objeto de investigación en estas diligencias”.
Los de Óscar López explican que, según la plataforma de contratación del sector público, entre 2017 y 2024 se han realizado hasta 27 contratos menores de obras por valor superior a 419.000 euros, la gran mayoría destinados al Palacio Viejo de la finca y unos 173.000 euros ejecutados el año pasado, “además de haberse encontrado numerosos contratos cercanos en fecha con conceptos muy parecidos o similares y con importes totalmente coincidentes”.
Contratos fraccionados en Vallecas
Estas cantidades, explica el PSOE, “superan las cuantías de los contratos menores, y deberían haber sido objeto de licitación y procedimiento ordinario de contratación, como estaba previsto en los procedimientos de 2018 y 2019”. Lo mismo sucede con otros 112.000 euros en contratos menores destinados a la reforma del “Aulario Vallecas” de la calle José Paulete en este distrito del sur de la capital. “De nuevo nos lleva a pensar que realmente se han ejecutado las obras de rehabilitación, al margen del procedimiento de licitación fraccionando contratos, cuantías superiores que deberían haber seguido el procedimiento ordinario de licitación pública”, denuncian en su escrito remitido al juzgado este miércoles.
La magistrada que investiga el caso ha llamado a declarar para finales de este mes de febrero tanto a Alfonso Mateos, subdirector general de centros de FP de Isabel Díaz Ayuso hasta hace un año, y a otros dos funcionarios más, todos como imputados.
La evolución del caso destapado por elDiario.es ha llegado hasta la Asamblea de Madrid. El pasado seis de febrero Enrique Ossorio, presidente del parlamento regional y consejero del ramo cuando se produjeron las supuestas irregularidades, cortó el micrófono de una diputada de Más Madrid cuando se refería al caso. Rocío Albert, hoy consejera de Economía, era entonces viceconsejera. La razón para evitar las referencias al caso, dijo Ossorio, era que las personas aludidas “no pueden defenderse”.
