Las viviendas públicas de un municipio de Ibiza que vetan a los trabajadores del turismo: “Sus rentas no alcanzan”

Isabel y Lorena nacieron, crecieron y se enamoraron en Santa Eulària des Riu. Desde el puente de Todos los Santos viven en Requena, València. La mudanza la hicieron en otoño, cuando Isabel terminó su temporada como camarera de piso en un hotel. Lorena pidió la baja voluntaria en el supermercado donde trabajaba. Tenían ganas de marcharse a la península. La ilusión de comenzar una vida sin temor al 31 de cada mes. Pero, veteando las expectativas, sentían pena. Mucha pena. No se iban por gusto. Las expulsaba de su hogar la ley del mercado inmobiliario. En Santa Eulària es implacable: es uno de los municipios más caros de España. Allí, el metro cuadrado tiene un valor medio de 8.000 euros, según un estudio reciente de Idealista.

Desde hace más de una década, comprar es muy complicado para casi cualquier persona que viva de su salario. Cuando la nómina es baja y de temporada, es biológicamente imposible vivir los suficientes años para ganar los cientos de miles de euros que cuesta un título de propiedad. La alternativa es ser inquilino, pero los alquileres están cada vez más inflados. Si no hay herencia, encontrar un techo será una odisea.

Hasta octubre, Isabel y Lorena soltaban 300 euros al mes por cabeza para compartir un piso con dos personas más. El contrato –1.600 euros al mes– lo habían firmado antes de la pandemia. Ahora, en Requena, esta pareja paga 230 euros mensuales de hipoteca. Compraron una casa antigua, que irán reformando poco a poco; les costó 43.000 euros. La diferencia de precios era tan grande que no les hizo falta bucear en el nicho de la vivienda pública de esta pequeña ciudad (o pueblo grande) pegado a la autovía que une València con Madrid.

Tres alquileres sociales en un municipio de 41.000 personas

Ese nicho es minúsculo en Eivissa. Con la excepción de la capital, la vivienda pública es un animal mitológico en la isla. En Santa Eulària sólo hay tres alquileres sociales dentro de un municipio en el que viven 41.000 personas. El 0,13% de las viviendas que gestiona en el archipiélago el Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) para dar servicio al 3,29% de la población balear. Los siguientes no llegarán, como mínimo, hasta 2027.

Será una promoción de entre setenta y cien viviendas que acaba de aprobar el pleno municipal, gobernado, mayoría absoluta tras mayoría absoluta, por el Partido Popular (desde 1979, la vara de mando se la han repartido entre dos alcaldes y la alcaldesa actual).

Aspecto del solar donde se construirá la primera promoción de VPL que impulsa el Ajuntament de Santa Eulària des Riu

Y, sin embargo, aunque no se hubieran marchado de la isla, Isabel y Lorena no podrían alquilarlas pese a cumplir todos los requisitos mínimos –ser residentes fiscales en España, no tener ninguna vivienda en propiedad en el país llevar empadronadas en Santa Eulària al menos diez de los últimos veinte años– y sumar la condición que más puntos adicionales aporta: tener entre 25 y 40 años. Sería su declaración de la Renta la que las eliminaría del proceso de selección. Por ser demasiado pobres. Las normas que ha establecido el ayuntamiento exigen un mínimo de 27.000 euros brutos anuales -o de 48.000 si se quiere vivir en pareja- en 50 metros cuadrados, el apartamento más pequeño de este proyecto.

La figura: Vivienda de Precio Limitado (VPL)

¿Cuál es la razón de este criterio que deja en fuera de juego a cualquier trabajador de la industria turística que tenga un contrato de fijo-discontinuo y, también, a muchos que, aun trabajando todo el año, no llegan a esas cantidades según los convenios laborales que fijan sus sueldos? La fórmula que ha elegido el Ajuntament de Santa Eulària para construir y gestionar esas viviendas. Ni las levantará el Ibavi ni formarán parte de su parque de viviendas (2.375 en Balears, apenas 175 en Eivissa, sólo tres en Santa Eulària). Es un nuevo sistema: en mayo del año pasado, nacía, de la mano del Govern balear (PP), la Vivienda de Precio Limitado (VPL) dentro de la Ley de medidas urgentes en materia de vivienda (3/2024).

Era un tema clave, pero no se logró consenso. Tampoco hubo un gran acuerdo. El PP (27 escaños) votó a favor, VOX (siete) se abstuvo y la oposición (25) votó en contra.

El funcionamiento de las VPL parece sencillo. O bien se emplea un edificio existente para crear viviendas a precio tasado o bien un ayuntamiento aprueba un proyecto de nueva planta en suelo público que reúna las condiciones para urbanizarse. Como acaba de ocurrir en Santa Eulària, se convoca un concurso para elegir a la promotora. La empresa ganadora levantará las viviendas, correrá con todos los gastos y, después, cobrará los alquileres. También se encargará de seleccionar a los inquilinos. Una “comisión mixta” velará por que se respeten los criterios fijados por el ayuntamiento, pero esos criterios serán diferentes a los del Ibavi, que en 2021 solicitó unos ingresos mínimos de apenas 313 euros al mes a cada familia que consiguió uno de los últimos alquileres sociales que se han repartido en la isla.

El precio: entre 578 y 1.078 euros al mes

Los precios de las VPL serán altos que los que tradicionalmente ha cobrado el Ibavi. Se moverán entre los 578 y los 1.078 euros al mes; cantidades, sin embargo, que resultan baratas en Eivissa. Para encontrar otra diferencia hay que volver a los ingresos de los inquilinos. Las VPL no sólo exigirán más nivel de renta para conseguir un par de llaves. El tope también se dispara: si el Ibavi exigía 37.000 euros brutos a cada solicitante, Santa Eulària fija un máximo de 56.000 (un adulto) ó 96.000 (dos) en el caso de los pisos más grandes que se construirán (106 m2). Una gestión concertada.

Algunos vecinos del barrio de s’Olivera creen que las VPL saturarán el barrio y han presentado alegaciones

Carmen Ferrer Torres se pone al teléfono minutos después de haber aprobado en el pleno el proyecto de las VPL. La votación fue plácida. Tiene mayoría absoluta. Pero han sido meses de mucho papeleo y trabajo técnico para la alcaldesa y su equipo de Urbanismo. El 16 de mayo, justo después de que saliera adelante la nueva ley autonómica, el Ajuntament de Santa Eulària des Riu presentó un programa específico de acceso a la vivienda a través del modelo build to rent: construir para alquilar será una de las medidas estrella del segundo mandato de Carmen Ferrer.

Era viernes y aquella semana terminó con la emisión de La Ventana, el programa vespertino más escuchado de la radio española, desde un teatro de Santa Eulària. Carles Francino entrevistó a Carmen Ferrer y la alcaldesa insistió en que las VPL permitirían a muchos jóvenes quedarse o volver al municipio. Tener un futuro en casa. Nueve meses más tarde, futuro sigue siendo un término fetiche en la conversación que mantiene con elDiario.

–Alcaldesa, ¿qué ventaja representan las VPL respecto a haber cedido esas parcelas al Ibavi?

–Una cosa no quita la otra. Hay que abrir canales y todos son válidos. Que hayamos hecho esta propuesta de viviendas de alquiler limitado, no quiere decir que no se busquen espacios para el Ibavi, igual que hemos ofrecido un espacio de 8.000 metros cuadrados al Ministerio de Defensa, [para construir viviendas] para la Guardia Civil. Nos contestaron que necesitaban más espacio y les hemos respondido que estamos en condiciones de ofrecerlo. Se están buscando espacios para el Ibavi, pero necesitamos que tengan la condición de suelo urbano y, además, se buscan lugares que estén dentro de los centros urbanos (donde tengas coles, autobuses…), no los puedes poner encima de la montaña. Estamos trabajando en ello. Se trabaja en varios frentes.

–¿Se ha estimado el beneficio que podría obtener la empresa que gane el concurso, construya las VPL y gestione su alquiler durante setenta y cinco años?

–Son márgenes ajustados. Hay empresas especializadas en estos trabajos. Tenemos algunos datos, pero todos los ejemplos que tenemos de la península. Por eso, se ha ampliado [el margen], admitiendo que hay un coste extra de materiales.

Anuncio de las propiedades que ofrece una agencia inmobiliaria del municipio de Santa Eulària

Privatización de la gestión

–¿Qué gana el ayuntamiento con la privatización de la gestión de estas viviendas? ¿Rapidez para sacarlas al mercado?

–Y flexibilidad, y especialización. En estos momentos, el ayuntamiento no tiene la capacidad de recursos para construir y gestionar las VPL, por eso se buscará a gente especializada. El objetivo es que sea ágil y tenga impacto lo antes posible en el mercado.

–¿Confía en que rebajen los altísimos precios del mercado inmobiliario?

–La oferta de vivienda privada ha estado muy enfocada a segundas residencias y eso nos ha encarecido muchísimo la vivienda. Pero también es cierto que ha crecido mucho la población. Ya sea desde la institución pública o en colaboración con una empresa privada, se tiene que fomentar mucho este tipo de construcción [de alquiler limitado]. Las soluciones que damos, sin embargo, son pocas para el problema que tenemos. Por eso hay que incentivar que mucha gente que tiene vivienda cerrada la saque al mercado. Hay inseguridad jurídica para cobrar o liberar la vivienda para cuando se necesite. El atractivo de la isla hace que haya mucha oferta turística no reglada, irregular. [El alquiler turístico] en [edificios] plurifamiliares en el centro de los pueblos hace mucho daño porque allí deberían vivir los residentes. Todos estamos por la labor de luchar contra el intrusismo. La sobreocupación de carreteras o playas es consecuencia de esta oferta no reglada.

La alcaldesa: “Es un tema de oferta y demanda”

–Un dato que ofrece un estudio reciente de Idealista sobre su municipio: 100 metros cuadrados se van a 800.000 euros. ¿Cuál es la situación de acceso a la vivienda en Santa Eulària?

–Hay ciudades en España donde el problema más grande es la vivienda. Es un tema de oferta y demanda. Por una cuestión turística o porque hay mucha gente que ve el lugar como atractivo para mudarse y desarrollarse profesionalmente desde allí. Es posible que en estos lugares no se haya hecho una política adecuada de vivienda. No creo que sea una cuestión únicamente de Santa Eulària: Balears, y otros lugares de España, sufren por igual no haber tenido planificación. Los ayuntamientos intentamos aliviar la situación, aunque sea una competencia que no nos corresponde porque hay un Ministerio de Vivienda y unos gobiernos autonómicos.

–Alcaldesa, la mayoría de los trabajadores del turismo, el sector económico que más peso tiene en Santa Eulària, no ganan los 27.000 euros brutos que se solicitan para acceder a una VPL.

–[Las VPL] están orientadas a un bruto anual y no se plantea para las personas que sólo vienen de temporada sino para gente que puede desarrollar todo el año una actividad.

–Sí, me refería a una persona que esté empadronada en Santa Eulària, pero que no llegue a esta cantidad de ingresos por ser fijo-discontinuo. O en una persona que, aunque tenga contrato indefinido, tampoco llegue al mínimo que exigen las VPL. Por ejemplo, muchos de los periodistas que trabajan en la isla.

–Hay que tener en cuenta que también se contempla la posibilidad de la pareja, no se trata solamente del dinero que gane una sola persona. Técnicamente, se ha mirado la media de ingresos en función del IPREM [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples]. Pero puede ser, como dices, que haya observaciones o alegaciones cuando se publiquen las bases. Y se revisará. Este proyecto de viviendas está pensado también para colectivos que no se consideran vulnerables como para ir a una vivienda protegida. Personas entre 25 y 40 años, o mayores de 75, que tienen una renta, pero a las que el aumento del coste del alquiler las desplaza. O bien se han marchado de la isla o bien se plantean no continuar porque ven muy complicado hacer un proyecto de vida con nosotros. Este esfuerzo va enfocado hacia ese tipo de posibles demandantes.

Consuelo López Melero es la primera mujer que dirige un sindicato en Eivissa. Veterana de Comisiones Obreras, la secretaria general se encuentra estas semanas negociando el nuevo convenio de hostelería -el actual caduca el 31 de marzo-. Ha seguido muy de cerca la aprobación de las VPL de Santa Eulària. Para ella, ambos asuntos están conectados: “Hay muy pocos trabajadores [del sector turístico] que ganen 27.000 euros brutos. Si coges las tablas salariales de las seis categorías profesionales que reconoce el convenio, muy pocos alcanzan esa cantidad anual. Ni siquiera en los hoteles de cinco estrellas”.

Y continúa: “Porque hablamos de catorce pagas; es decir, trabajando todo el año. Ahora es verdad que se abre y se cierra un poquito antes y un poquito más tarde, pero la temporada se estira un mes. La media son siete meses. Con los sueldos actuales en hostelería, los trabajadores quedan bastante excluidos; sus rentas no alcanzan para optar a esas promociones de precio limitado”.

La sindicalista abre un documento donde aparecen los sueldos del convenio vigente y empieza a enumerar. “Categoría I, jefes de departamento: recepción, cocina, bar, gobernantas. 2.095 euros al mes por catorce pagas, 29.330 euros. Categoría II, segundos jefes: 1.942 por catorce, 27.188”. Son los únicos que, solteros, podrían acceder a la VPL más barata de Santa Eulària.

“Pero es que”, dice Consuelo López, “la mayoría de profesionales se sitúan en las categorías másbajas del convenio. En la III están los recepcionistas y los empleados del economato, por ejemplo. Y luego ve bajando hasta la VI: ayudantes de…, oficiales de mantenimiento, cocineros, camareras de piso. Es una tragedia que pongan los requisitos tan altos. Entiendo que hay buena voluntad, y que hay que empezar a hacer cosas, las que sean [para facilitar el acceso a la vivienda], pero a los trabajadores nos va a costar un mundo hacernos con un piso de este tipo”.

Carteles de ‘Se Alquila’ y ‘Se Vende’ Eivissa a la mafia y al turismo, durante la manifestación contra la manifestación turística llevada a cabo en mayo de 2024

–El convenio de hostelería balear es uno de los mejores de España. Es decir, en la isla hay sueldos mucho más bajos.

–Claro que se puede tirar por abajo: los que ganan el salario mínimo interprofesional: mujeres que ayudan a domicilio o que limpian un colegio o una escoleta. Además, la inflación ha hinchado tanto los precios en los últimos años que, a las personas con estas rentas tan bajas, no ha dejado hueco para los ahorros. Desde Comisiones Obreras, insistimos –lo hemos dicho tropecientas mil veces públicamente–, lo que hay que hacer son viviendas de protección oficial.

Para crear las viviendas públicas que reclama Comisiones Obreras, el Ibavi necesita suelo. En estos momentos, en la Conselleria de Vivienda no se tramita la cesión de ninguna parcela con el Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Sí ha conseguido terrenos en el municipio de Eivissa que es, sin embargo, catorce veces más pequeño que el de Santa Eulària (que tiene 151 km2) y, aún así, es el término con más densidad de población de las Illes Balears (53.000 habitantes en apenas 11 km2). Tanto el Ajuntament de Vila, que también está apostando por el build to rent, como el Consell Insular han cedido cuatro solares para construir 135 viviendas. Casi la misma cantidad que gestiona a día de hoy el Ibavi. En su lista de espera había 1.370 solicitantes ibicencos. Desde el Govern, no precisan cuántos son de Santa Eulària.

En 2018, 711 santaeulariencs se inscribieron a otra lista que trajo cola. Una cooperativa mallorquina –S’Illa Blanca, con sede en el Carrer General Riera de Palma– estaba construyendo un centenar de pisos que se venderían a precio tasado. Casi un centenar de metros cuadrados a cambio de 270.000 euros. El metro cuadrado estaba en Santa Eulària a un tercio de su valor actual, y ya era de los más caros de España. En aquel momento, aquella promoción ya era una gran oportunidad. Hoy sería una bicoca impensable.

«¿Masificación y turismo o comer?», otro de los carteles de la manifestación de mayo de 2024

La adjudicación tuvo que paralizarse y reiniciarse. ¿Por qué? Algunos de los interesados en comprar uno de los pisos detectaron que el ayuntamiento y la promotora no estaban respetando los criterios para contactar con los solicitantes. Según la Ley de Vivienda balear, aprobada en 2018, era indispensable seguir el registro del Ibavi. “No permitiremos que haya clientelismo”, dijo el entonces conseller de Vivienda, Marc Pons. Entonces, el color político en el Consolat de Mar y en el Ajuntament de Santa Eulària era diferente. La comunidad autónoma la gobernaba, en coalición, el centro izquierda. El municipio ibicenco tenía al actual presidente insular, Vicent Marí, como alcalde. Carmen Ferrer era la concejal de Turismo y su mano derecha.

Costó, pero aquellos pisos salieron adelante. Están en es Puig d’en Valls. Unas fincas que se convirtieron en barriada, de aluvión, cuando los ibicencos que vivían en los valles más aislados de la isla migraron a los alrededores de la capital durante las primeras décadas del boom turístico. Luego, la población se asentó y es Puig d’en Valls empezó a parecerse a un pueblo donde conviven casitas unifamiliares con edificios más modernos.

Es en esa zona, urbanizada más recientemente, donde se construirán unas VPL que no acaban de gustar a todos los vecinos. Se han presentado alegaciones en el ayuntamiento porque algunas voces consideran que la parcela donde se plantará la primera promoción –3.000 metros cuadrados– es demasiado pequeña. Creen que añadir más habitantes saturará s’Olivera, el nombre del barrio. Antes de que saliera adelante el proyecto, el terreno estaba destinado a equipamientos municipales. Desde el consistorio creen lo contrario. Las VPL estarán bien conectadas con carreteras principales, hay colegios e institutos cerca, grandes superficies comerciales, un antiguo molino y un yacimiento arqueológico (púnico, romano, árabe). El lado más crudo de la especulación inmobiliaria que sufre Eivissa tampoco queda demasiado lejos. Las VPL de Santa Eulària se construirán a menos de mil metros de distancia del campamento chabolista de Cas Bunets.