El instructor decreta además para el dirigente de extrema derecha una fianza de 40.000 euros como garantía para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de este proceso. Los querellantes y las acusaciones populares reclaman para él desde un año y cuatro meses hasta cuatro años de cárcel
Las acusaciones piden hasta cuatro años de cárcel para el ultra Le Senne por romper la foto de una víctima de Franco
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha acordado enviar a juicio al presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), acusado de un delito de odio por romper una fotografía de tres víctimas del franquismo mientras se debatía la derogación de la Ley balear de memoria democrática. Los querellantes y las acusaciones populares personadas en la causa reclaman para él desde un año y cuatro meses hasta cuatro años de cárcel, así como hasta 11 años de inhabilitación. El juez rechaza, por su parte, las peticiones de archivo formuladas por la Fiscalía y el propio Le Senne, quien alega que actuó en el ejercicio de sus funciones para preservar la neutralidad institucional y el pluralismo político.
Mediante un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor decreta además para el dirigente de extrema derecha una fianza de 40.000 euros como garantía para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de este proceso.
Se trata del segundo presidente de la Cámara balear que se sentará en el banquillo, después de que la histórica dirigente de Unió Mallorquina (UM) Maria Antònia Munar fuese juzgada hasta en seis ocasiones por varios de los casos de corrupción más sonoros de Balears y acabara acumulando -y cumpliendo- condenas que sumaban once años y medio de cárcel.
En concreto, la asociación Memòria de Mallorca -en unión con los descendientes de la republicana Aurora Picornell y de las activistas Maria y Antònia Pascual, quienes figuraban en la fotografía- solicita para Le Senne 20 meses de prisión; Colectivo Aurora reclama un año y cuatro meses de cárcel, 11 años de inhabilitación para cargo público y 30.000 euros de multa, mientras que el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) pide hasta cuatro años de cárcel, otros cuatro de inhabilitación, 13.000 euros de multa y que Vox fuese llamado a juicio como responsable civil subsidiario, un extremo que, sin embargo, el juez ha rechazado.
La representación procesal de los parientes de Picornell y las hermanas Pascual reclaman, además, una indemnización total de 30.000 euros que destinarían a Memòria de Mallorca para que continúe desarrollando su lucha a favor de la memoria democrática y los derechos de las víctimas del franquismo.
Cabe recordar que, hace tres semanas, el instructor de la causa decretó que el procedimiento continuase adelante mediante un auto en el que consideraba que su gesto lesionó “la dignidad de esas personas y sus familiares y de los partidos políticos de que eran militantes, y acredita la clara intención de humillarlos”.
El juez subrayaba en aquella resolución que “el ataque llevado a cabo por el investigado con sus actos revela un odio evidente hacia la ideología de las personas que estaban representadas en esas imágenes, causando un evidente daño moral a la memoria de las ‘Rojas del Molinar‘ [como se conoce popularmente a las mujeres asesinadas que figuraban en la foto]”. Añadía, además, que “todo ello no puede descontextualizarse del signo político del partido al que pertenece el señor Le Senne, Vox, que, como se acredita con las documentales aportadas con las diferentes querellas y denuncias, nunca condenó el régimen franquista”.
Cabe recordar que el pasado 3 de septiembre, y sin desvelar el sentido su posicionamiento hasta apenas unos minutos antes de la votación, el PP salvó a Le Senne de la destitución, instada por los grupos de la oposición (PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos) a raíz de unos hechos que provocaron una oleada de indignación dentro y fuera de Balears. Con su abstención, los conservadores, quienes el año pasado auparon al dirigente ultra a la presidencia del Parlament a cambio de que los populares pudieran gobernar Balears en solitario -eso sí, con el apoyo externo de Vox-, facilitaron la continuidad del dirigente de extrema derecha.
La postura del PP contradijo las palabras que la presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, había pronunciado días después del incidente y con las que daba “por hecho” que Le Senne dimitiría dado que, según su punto de vista, era la única manera de que el anuncio de Abascal de romper los acuerdos autonómicos de gobernabilidad tuviera efecto en Balears: “La decisión de Vox de dar por roto sus acuerdos [con el PP] implica también su renuncia a la presidencia del Parlament de las Illes Balears, que obtuvieron fruto de estos acuerdos. Abascal ayer fue muy claro y dijo que se rompían los gobiernos de todas las Comunidades Autónomas y aquí la única contraprestación [de Vox] era la presidencia del Parlament”, señaló en su día la líder autonómica. A día de hoy, Le Senne continúa siendo la segunda máxima autoridad de la Comunidad Autónoma.
