El Ministerio Público solicita medidas cautelares contra el exministro de Transportes después de una declaración de media hora en la que se ha ratificado en su comparecencia de diciembre y ha negado haber cobrado comisiones o amañado contratos para la trama
El Supremo señala que “en este momento” las afirmaciones de Aldama no están “mínimamente contrastadas”
José Luis Ábalos ha vuelto a sentarse este jueves delante de un juez para dar explicaciones sobre su supuesta implicación en la trama de corrupción que presuntamente anidó en el Ministerio de Transportes durante su mandato. Tal y como hizo en diciembre, el exministro ha negado las irregularidades que le atribuyen los investigadores. Tras el interrogatorio, la Fiscalía ha pedido al juez que le imponga medidas cautelares: la retirada del pasaporte y que, además, tenga que comparecer cada 15 días en el Tribunal Supremo. El instructor del caso, Leopoldo Puente, tomará una decisión en las próximas horas.
La declaración de este jueves ha durado poco más de media hora, en la que el que fuera ‘número tres’ del PSOE ha respondido a las preguntas del juez y del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Ábalos ha rechazado ser interrogado por la acusación popular que dirige el Partido Popular, apuntan fuentes conocedoras del contenido de la declaración.
Es la segunda vez que Ábalos comparece ante el juez del Supremo Leopoldo Puente tras hacerlo de forma voluntaria el pasado mes de diciembre. Entonces, tal y como ha hecho este jueves, se limitó a negar su implicación en la trama que supuestamente se lucró con contratos amañados y a desmentir que él se hubiera beneficiado de comisiones o prebendas. A la hora de repartir culpas, apuntó a quien fuera su asesor, Koldo García, y trató de desvincularse de Víctor de Aldama, el cabecilla de la trama que tuvo su epicentro en el departamento que él dirigía.
Por el momento, el disfrute de un chalet en Cádiz a cambio de su intercesión en contratos o el pago del alquiler del apartamento de lujo de quien era su pareja son los principales indicios contra el exministro que han arrojado unas pesquisas que, hasta el momento, se han centrado en Koldo García y en Aldama dada la condición de diputado de Ábalos, lo que impedía investigarle hasta obtener la autorización del Congreso.
Tras tomarle declaración en diciembre, el instructor decidió seguir adelante con el caso atribuyéndole cuatro delitos y solicitó al Congreso el necesario suplicatorio para poder llevarle a juicio llegado el momento. La Cámara Baja le retiró esta inmunidad el 22 de enero. Apenas unos días después, el juez pidió a la Guardia Civil un informe sobre su situación patrimonial y la de su entorno. También citó a 17 testigos, entre ellos antiguos altos cargos de Transportes y el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda.
El conocido como ‘caso Koldo‘, bautizado originalmente como ‘operación Delorme’, arrancó en la Audiencia Nacional investigando si Koldo García, asesor y mano derecha de Ábalos en Transportes, lideró una trama para que contratos de compraventa de mascarillas y material sanitario durante lo peor de la pandemia cayeran en manos de empresarios afines, como Aldama. A cambio, según las pesquisas, Koldo García y otros imputados habrían cobrado comisiones o dádivas que llegaron hasta hoy diputado del Congreso.
El caso se desarrolla en paralelo entre la Audiencia Nacional y el Supremo, donde constan como investigados Ábalos, Koldo García y Aldama. El tribunal especial mantiene imputadas a más de una decena de personas, entre las que están varios socios del empresario, ex altos cargos de Transportes y el hermano de Koldo García.
