La Conselleria de Justicia, dirigida por Salomé Pradas y por Nuria Martínez, dejó «acceso libre al depósito» casi un mes y medio: se han destruido 14.603 «piezas de convicción» que afectan a 3.640 procedimientos de 57 órganos judiciales y fiscales, aunque la mayoría ya han sido juzgados
La inundación de la DANA en un almacén judicial de la Generalitat destruyó pruebas clave del incendio de Campanar
El complejo de la Generalitat Valenciana de Riba-roja arrasado por la DANA el pasado 29 de octubre contenía en sus sótanos un total de 77.000 piezas de convicción (pruebas judiciales) distribuidas en 5.330 baldas que conformaban aproximadamente 900 estanterías. Un total de 14.603 piezas han sido destruidas posteriormente al haber quedado afectadas por el agua y el lodo. Sin embargo, la cadena de custodia de todas y cada una habría quedado en entredicho, según informes oficiales en poder de esta redacción. “La cadena de custodia de todas las piezas allí depositadas se ha visto comprometida, tanto por el tiempo que ha permanecido sin cerrar el almacén (…) como por el continuo trasiego de personas pertenecientes a las diferentes contratas de limpieza que están actuando en dichos sótanos”, según advertía el pasado 26 de noviembre un informe del Servicio Común Procesal de Asuntos Generales (SCAG) del partido judicial de València al que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata de una oficina judicial encargada de la gestión de las piezas de convicción de los juzgados de València. La gran mayoría de las piezas correspondía a procedimientos ya juzgados y sentenciados. Aunque en otras causas aún en fase de instrucción, como la del incendio de Campanar en el que perdieron la vida 10 personas, las pruebas clave fueron destruidas a consecuencia de la inundación.
La secretaria de gobierno en funciones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana también alertó sobre la situación: “Un muro se ha venido abajo, por lo que la cadena de custodia de esas piezas se ha desvanecido”, según reza un informe del pasado 19 de noviembre.
El agua entró en el sótano del complejo con una altura de más de un metro, afectando a los dos primeros niveles de los seis que conformaban las baldas que almacenaban las piezas de convicción, ubicadas en cajas de plástico. También había un “número indeterminado” de pruebas que, debido a su volumen o peso, se encontraban en el suelo. El complejo, eso sí, no almacenaba ni armas de fuego ni drogas.
Otro informe del SCAG del pasado 12 de diciembre, al que también ha tenido acceso este diario, reseña que uno de los muros del almacén se vino abajo a consecuencia de la riada, dejando el complejo “completamente abierto”. El responsable del centro logístico alertó de que el vigilante de seguridad había pillado “varias veces” a trabajadores de las contratas de limpieza “llevándose en sus mochilas efectos”. Los empleados, por su parte, alegaron que habían obtenido las piezas de convicción del contenedor destinado a las que se iban a destruir. Sin embargo, el vigilante detectó “piezas que no eran de ese grupo”. “En todo caso les hicieron devolver las mismas”, agrega el informe.
Condiciones “nefastas, insalubres y probablemente tóxicas”
Los responsables del SCAG —“nuevamente”— alertaron de la situación a los servicios técnicos de la dirección general de Justicia de la Generalitat Valenciana y se procedió a cerrar uno de los dos muros que se encontraban abiertos “y permitían el acceso libre al depósito”. “El otro está previsto que se cierre mañana”, afirma el informe del pasado 12 de diciembre, del que se desprende que la Conselleria de Justicia, dirigida por Nuria Martínez y anteriormente por Salomé Pradas, dejó la instalación prácticamente al aire libre durante casi un mes y medio después de la DANA.
Un informe pericial, encargado por el SCAG y elaborado tras una inspección ocular, concluyó que las condiciones del almacén eran “nefastas, insalubres y probablemente tóxicas”. Los dos peritos apostillaron que las referencias de registro de algunas piezas “o bien se han destruido o bien son ilegibles por haberse mojado”.
Las piezas que se encontraban en los estantes superiores de los dos depósitos del complejo y que, por tanto, no fueron afectadas por la riada, fueron evacuadas al segundo sótano de la Ciudad de la Justicia de València (en medio centenar de ‘palets’).
Un informe de la Fiscalía, firmado el pasado 20 de diciembre, también concluía que era “imposible” la identificación de las piezas y de sus propietarios, “ni tan siquiera” el procedimiento al que estaban asignadas, “siendo una amalgama de efectos con barro que hace insalubre su conservación”. El fiscal que firma el informe recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite la destrucción de los efectos judiciales si su custodia implica un “peligro potencial”, que en el caso del complejo de Riba-roja era “innegable”.
Fotografías de los efectos de la DANA en las piezas de convicción almacenadas en Riba-roja.
Los responsables del SCAG procedieron a un triaje de las piezas y reseñaron su estado, su ubicación y su destino, clasificándolas según si habían quedado inutilizadas, si se podían conservar con limpieza o si no se habían identificado al haberse perdido o dañado sus etiquetas.
El cronograma inicial para la limpieza de las piezas afectadas por la DANA era de seis meses. De hecho, la Conselleria de Justicia adjudicó el pasado 10 de diciembre a la constructora Becsa (uno de cuyos accionistas fue condenado en el ‘caso Gürtel’ por financiar ilegalmente la ‘caja B’ del PP valenciano) un contrato de emergencia para las “actuaciones necesarias” de conservación o destrucción de las piezas de convicción.
3.640 procedimientos afectados
El último informe sobre el plan de acción de recuperación del depósito indica que, a fecha de 29 de diciembre, se encontraban registradas en las instalaciones un total de 25.289 piezas, de las cuales un 57% (14.603) habían sido destruidas, frente al 43% (10.686) que se habían podido conservar.
La destrucción de las piezas ha afectado a 3.640 procedimientos de 57 órganos judiciales y fiscales. El informe, firmado el pasado 17 de febrero, reseñaba que ya se había enviado a los 57 órganos judiciales la relación detallada de las piezas correspondientes a sus procedimientos que habían sido destruidas.
Por otro lado, la Conselleria de Justicia estima un periodo de entre siete y 15 meses para la reconstrucción de sus depósitos.
