El Ejecutivo está obligado por ley a revisar los conflictos de intereses en un mes y, si no lo hace, la resolución es favorable para los solicitantes por silencio administrativo
El Gobierno de Pradales no autorizó en tiempo y forma el salto de la exconsejera Gotzone Sagardui a una clínica privada
Otros nueve excargos del Gobierno vasco, además de la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui, recibieron fuera del plazo legal la autorización para saltar a la empresa privada, según documentación solicitada por el PP en el Parlamento Vasco al Ejecutivo de Imanol Pradales. A efectos prácticos, el dictamen de compatibilidad firmado por la consejera María Ubarretxena no tenía ya para ellos efecto alguno porque la normativa en vigor -una ley de 2014 y un decreto de 2016- apunta que si pasa más de un mes desde la solicitud se da por aprobada por silencio administrativo. De hecho, de haber sido negativo en algún caso, cosa que no ha ocurrido, se podría abrir la puerta incluso a una indemnización económica.
Además de Sagardui, que como adelantó este periódico empezó a trabajar el 7 de enero de 2025 en una clínica privada de Vitoria y no tuvo la compatibilidad hasta el 30 de ese mes, los altos cargos en la misma situación son Estíbaliz Alkorta, exdirectora de Euskera, Iñigo Ansola, exresponsable del Ente Vasco de la Energía (EVE) que pasó brevemente por la corporación cooperativa Mondragon antes de ser presidente del PNV de Bizkaia, Francisco Javier Arnáez, exdirector general del Instituto Vasco de Finanzas, Ana Belén Camacho, exresponsable de Industria y Transición Ecológica, Iñigo Camino, exdirector de Comunicación con las consejeras Beatriz Artolazabal y Nerea Melgosa -que, de hecho, ya estaba en otro puesto que el tramitado que no precisa de esta autorización cuando vio finalizado su proceso-, José Ángel María Muñoz Otaegi, exasesor de Cultura, Iván Pedreira, excargo de la parte del PSE-EE tanto de Medio Ambiente como de Transportes, Alfredo Ruiz Huega, exdirector en Educación, y Aitor Urzelai, exdirector de la sociedad Spri.
El diario ‘Gara‘, asimismo, ha dado otros detalles sobre el caso concreto de Ansola, ahora dirigente del PNV. En el expediente, aparentemente por error, figura que tenía ya la compatibilidad desde agosto de 2024 habiendo dejado su cargo público el 13 de septiembre y recibida la resolución el 23 de ese mes.
La norma obliga a los excargos a solicitar autorización si quieren trabajar en el ámbito privado durante los dos años siguientes a su salida de la Administración. Un organismo llamado “registro de personal” analiza posibles conflictos de intereses. La ley de 2014 y el decreto de 2016 recogen los plazos para hacerlo. Cuando un afectado recibe una oferta tiene dos días para comunicarlo de cara a recabar el visto bueno. Quien lo otorga con su firma es la consejera competente en materia de “función pública”, ahora María Ubarretxena, que lidera Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno. Antes, ha tenido que recibir un informe del departamento en el que trabajó el afectado para analizar su vinculación con esa empresa o sector. La norma señala que, si no se responde a estas peticiones en treinta días, por defecto se permite a los excargos incorporarse a esa empresa.
Así las cosas, en 10 de los 19 casos analizados en los últimos meses el plácet no ha llegado a tiempo y la autorización la han logrado por la vía del silencio administrativo. Los casos tramitados en tiempo y forma han sido los de José María Armentia, exviceconsejero precisamente de Función Pública, Ignacio Barredo, exviceconsejero de Economía, Yurdana Burgoa, exasesora de los consejeros Pedro Azpiazu y Noël d’Anjou, Jonan Fernández, el hombre para todo de Iñigo Urkullu en sus doce años en Presidencia, Peli Manterola, exgerente de la entidad Hazi, José Carlos Peña, exasesor de Innovación, Arantxa Picón, ex jefa de Enfermería de un hospital, Mikel Sánchez, excargo de Salud ahora en Mutualia, y Humberto Unzueta, exasesor de Olatz Garamendi.
En una reciente rueda de prensa, al hilo del caso de Sagardui, la consejera Ubarretxena garantizó que todos los expedientes se han tramitado “en tiempo, forma y de acuerdo a la legalidad”. Recalcó también que “lo que menos vale” del procedimiento es su firma, aunque la normativa le atribuye a ese trámite la condición de resolución final del expediente. Otras fuentes insisten en que estas anomalías se deben a motivos “internos” y que el actual Gobierno trabajará con ahínco para reconducir la situación.
