No son solo los contratos troceados en el SAS. En estos días está apareciendo información sobre presunta corrupción de Ayuntamientos y Diputaciones, que empiezan a dibujar una trayectoria del PP andaluz similar a la del partido en Madrid, Comunidad Valenciana, Mallorca…
El 14 de febrero de 2025 en prácticamente todos los medios de comunicación se informó de la ratificación por el Tribunal Supremo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la que se condenó a Laura Borràs a cuatro años y medio de prisión y a trece de inhabilitación.
Laura Borràs fue condenada por adjudicar de forma irregular a un conocido la “elaboración del portal web de la Institució de les Lletres Catalanes” durante su etapa como directora del organismo. La sentencia del TSJC considera probado que Laura Borràs troceó contratos de forma ilegal, para adjudicárselos a dedo a un informático, Isaías Herrero, con el que mantenía una relación profesional y de confianza. El montante total, de 335.700 euros, fue fraccionado en 18 contratos, lo que permitió adjudicarlos a dedo. El Tribunal Supremo (TS), al dar respuesta al recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia, consideró que la conducta de Laura Borràs encaja en “el contenido típico de los delitos de corrupción” y ratificó la sentencia del TSJC.
Aunque Borràs ha anunciado que interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, puede darse por descontado que el recurso no será siquiera admitido a trámite. Otra cosa es que el Gobierno de la Nación apruebe un indulto parcial, solicitado en la propia sentencia del TSJC. Dado que el TSJC es el órgano al que corresponde ejecutar la sentencia del TS, es más que probable que deje en suspenso la decisión de ingreso en prisión a la espera de la decisión del Gobierno sobre el indulto.
Traigo a colación este asunto, porque el 30 de septiembre de 2024 el Diario.es Andalucía dio a conocer el Informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre el fraccionamiento de miles de contratos “en fraude de ley”, con los que la Consejería de Sanidad, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS) repartió a dedo 458 millones de euros en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén.
La diferencia entre el caso catalán y los casos andaluces es clara. En el caso catalán hay una sentencia firme. En los casos andaluces se está iniciando la investigación en sede judicial. La presunción de inocencia de las autoridadesandaluzass está intacta.
Pero no es esta la única diferencia. En el caso catalán no hubo advertencia alguna de ilegalidad por parte de la Intervención General de la Generalitat y, además, el montante de la operación fue de 335.700 euros fraccionados en 18 contratos.
En los casos andaluces, por el contrario, ha habido reiteradas advertencias por la Intervención General y, además, no fue una operación única sino miles de operaciones, cuyo montante conjunto fue de más de 458 millones de euros en el año 2021 exclusivamente.
La Intervención de la Junta de Andalucía, órgano de la Consejería de Hacienda encargado del control interno de las cuentas públicas, acusa al SAS de trocear contratos millonarios en miles de contratos menores –aunque en todos ellos el objeto de la prestación es “el mismo o similar”– con el fin de “disminuir la cuantía del mismo” para justificar la adjudicación a dedo a una misma empresa, “eludiéndose así los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva”, y, en definitiva, “infringir la ley”.
No han sido los partidos de la oposición los que han destapado la “presunta” corrupción, sino que ha sido el órgano interventor el que lo ha hecho. Han sido los auditores del SAS en las provincias de Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén los que han elevado a la dirección gerente informes “desfavorables” sobre la fiscalización de la contratación de obras, bienes y servicios.
Con base en el contenido de esos informes se ha iniciado la investigación judicial pertinente en los órganos judiciales competentes. La Junta de Andalucía está intentando personarse como perjudicado en Cádiz, que se sepa, por el momento, aunque la jueza no ha admitido la personación. La inadmisión ha sido recurrida. Me imagino que intentará personarse en las cuatro provincias.
A diferencia del caso catalán, aquí no nos encontramos ante un caso, sino ante miles de casos, que condujeron a que “en un solo año, el SAS gastara más de 458,3 millones de euros a través de adjudicaciones a dedo en las cuatro provincias mencionadas, ”concatenando“ cientos de contratos menores con las mismas sociedades mercantiles: contratos menores de 5.000, 15.000 o 30.000 euros, según la prestación”. El órgano de fiscalización acusa a la Consejería de Salud de “alterar sistemáticamente” el objeto de esos contratos con el fin de “evitar la aplicación de los umbrales de la contratación menor que establece la legislación”.
Repito que todavía no hay sentencia firme y que todos los protagonistas de estas conductas fraudulentas tienen su presunción de inocencia intacta.
Ahora bien, la forma de reaccionar el Gobierno de la Junta de Andalucía nos proporciona información muy relevante para que podamos hacernos una idea de lo que realmente ha ocurrido.
Nadie mejor que el antiguo Interventor General de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, para interpretar lo que ha ocurrido en este terreno de presunta corrupción bajo el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla.
El pasado viernes 31 de enero publicó en El País una Tribuna con el título “Trumpismo andaluz”, en la que dice textualmente: “coincidiendo con los despidos trumpistas de una docena de inspectores generales de los servicios y agencias federales, la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía ha decidido convertirse en un émulo aventajado. En efecto, los medios han dado cuenta estos días del cese fulminante de la interventora general de la Junta de Andalucía y de cuatro de los siete responsables de área del máximo órgano de control regional. Tengo méritos más que suficientes, aunque solo sea por cronología, como para no poder ser desmentido si afirmo que jamás se había producido semejante estrago en la historia de la Junta de Andalucía”.
El lector debe tener presente que todo lo que recojo en este artículo se refiere a un solo año y en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud. En estos días está apareciendo no solamente en elDiario.es, sino también en otros medios, información sobre presunta corrupción en Ayuntamientos y Diputaciones gobernados por el PP, que empiezan a dibujar una trayectoria continuada en Andalucía similar a la del partido en Madrid, Comunidad Valenciana, Mallorca…
La cabra al monte tira y una vez más razón tuvo el refrán, cantaba Carlos Gardel.
