Las normas internas de la Cámara Alta exigen un “informe del letrado mayor” que permita compatibilizar actividades privadas, un paso que se ha obviado porque los servicios jurídicos entienden que solo aplica “a funcionarios”
El PP tiene a sueldo en el Senado al abogado de Manos Limpias en la causa contra el fiscal general
El Senado oculta los informes oficiales que permiten a Víctor Soriano, abogado de Manos Limpias en la causa contra el fiscal general del Estado, ejercer, a la vez, de asesor a tiempo completo de la senadora del PP Eva Ortiz. Un cargo por el que Soriano cobra 56.937 euros anuales y para el que ha recibido una compatibilidad de la que la Cámara presidida por Pedro Rollán se desentiende. Pese a que las normas internas de las Cortes Generales prescriben un “informe del Letrado Mayor”, desde la Presidencia de la Cámara se alega que ese apartado no es de aplicación al personal eventual y descargan en Eva Ortiz toda responsabilidad en la contratación de Soriano y su compatibilidad.
Un mes después de que elDiario.es desvelara el doble trabajo de Víctor Soriano (asesor de Ortiz, senadora del PP y secretaria primera de la Mesa, además de representante de Manos Limpias ante el Tribunal Supremo en la causa contra Álvaro García Ortiz), la información sobre el procedimiento burocrático que se ha seguido en su contratación permanece oculta.
Este medio ha intentado por diferentes vías recabar la documentación que acredite qué compatibilidad se le otorgó, quién lo hizo y para qué labores. Entre otras opciones, elDiario.es ha recurrido al Portal de Transparencia de la Cámara Alta, pero la petición no ha obtenido respuesta pasados 30 días de la solicitud, el límite que marca la Norma reguladora del derecho a la información pública del Senado.
El Estatuto del Personal de las Cortes Generales asegura en su artículo 2 que “la asistencia directa y de confianza a los miembros de las Mesas y a otros parlamentarios que aquellas determinen corresponderá al personal eventual”. El mismo precepto señala dos puntos después: “Será de aplicación al personal eventual el régimen prescrito para los funcionarios en el presente Estatuto”.
La normativa dedica un capítulo completo a “los deberes e incompatibilidades de los funcionarios”. El artículo 63 sobre el reconocimiento de compatibilidad apunta: “El ejercicio de todo tipo de actividades profesionales públicas o privadas, laborales, mercantiles o industriales requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad”. Y continúa: “La resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad corresponde a dichas Mesas, en reunión conjunta, previo informe del Letrado Mayor de las Cortes Generales”.
Dicha compatibilidad fue efectivamente concedida, según han confirmado diferentes fuentes del Senado a elDiario.es. Pero no se siguió el procedimiento que determina el Estatuto, sino que fue la propia contratante, Eva Ortiz, quien la autorizó. Según la tesis oficial del Senado, nadie más intervino en el proceso, nadie contrastó la veracidad de lo declarado ni ha exigido posteriormente que se verifique si han cambiado las condiciones por las que se permitió el ejercicio de una actividad privada y lucrativa.
Las explicaciones oficiales del Senado aseguran que es el procedimiento habitual para las contrataciones de personal eventual, pese a lo que indica la norma, y que así lo atestiguó en un “informe verbal” la secretaria general de la Cámara, Sara Siera, funcionaria de la que depende la “dirección superior de la asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, técnico y administrativo de los órganos de la Cámara”, según la normativa vigente.
El dictamen verbal de Siera respondió a una petición de información formal del PSOE, quien también reclamó a Pedro Rollán los documentos que justifican la compatibilidad concedida a Soriano. Fuentes de la Presidencia del Senado aseguran que la secretaria general evacuó su informe oral en la reunión de la Mesa del pasado 11 de febrero, cuando aseguró que “le corresponde a la parte contratante, en este caso la secretaria primera, decir si es compatible o no” el trabajo de asesor con sus actividades privadas ajenas a la Cámara. Desde el PSOE confirman que dicho informe oral se produjo.
elDiario.es ha tratado, sin éxito, de ponerse en contacto con la senadora del PP y secretaria primera de la Mesa del Senado, Eva Ortiz. De las siete compatibilidades autorizadas al personal eventual de la Cámara, la de Soriano es la única destinada a una “actividad privada” como la “abogacía”. El resto son para “docencia”, “actividades deportivas” o para ser concejales electos.
Información privilegiada
La Cámara Alta se lava así las manos como institución de lo que hacen las personas que paga con dinero público. Máxime en un caso como el actual, cuyo protagonista modificó sus condiciones laborales externas con posterioridad a su contratación.
Víctor Soriano ya ejercía la representación legal del PP valenciano en la causa abierta contra el hermano del expresident de la Generalitat, Ximo Puig, cuando fue contratado por Ortiz, que procede de la ciudad alicantina de Orihuela. Meses después, Soriano comenzó a representar a Manos Limpias ante el Tribunal Supremo en la causa abierta contra el fiscal general, máximo dirigente de un órgano constitucional con el que tiene relación institucional el Senado.
De hecho, esta misma semana compareció Álvaro García Ortiz en la Comisión de Justicia del Senado para dar cuenta de la Memoria Fiscal del año 2024. Durante su comparecencia, el portavoz del PSOE, José María Oleaga, reprochó al PP la contratación de Soriano y su vinculación con Manos Limpias, “una organización ultraderechista que lleva desde su fundación intentando socavar las instituciones democráticas en nuestro país” y que “llegó a presentar una querella contra los Lunnis”.
“Me preocupa que el PP haya entrado en esta deriva, que haya contratado a un abogado de una organización que intentó acabar con el proceso de paz en Euskadi”, zanjó.
También el representante de ERC en la comisión, Joan Josep Queralt, ironizó sobre el privilegiado acceso a la información procesal que el PP tiene de las causas en las que está personada Manos Limpias. Algo de lo que suelen presumir de forma habitual los portavoces de Feijóo.
El PP preguntó a Ortiz por su reciente declaración ante el Supremo, y Queralt les espetó: “El PP tendría que tener copia de su declaración porque el abogado contratado por el Partido Popular en esta Cámara es el que dirige la acusación por parte de Manos Limpias, les habrá pasado la copia”.
Las palabras de Oleaga recibieron el reproche público de Víctor Soriano, que acusó al senador del PSOE de haberle “calumniado”.
Pero el propio Soriano reconocía su vinculación actual al PP en una nota que estaba publicada en la página web de su despacho de abogados. “El abogado Víctor Soriano, que dirige el despacho Soriano i Piqueras, fundado a finales de 2023”, decía de él mismo, “compatibiliza el ejercicio privado de su profesión con un puesto de asesor en el Senado, bajo el paraguas del Partido Popular”. Tras las informaciones de elDiario.es, la nota desapareció.
