Mazón tropieza con su plan estrella: el referéndum sobre valenciano o castellano embrolla a los colegios y subleva a las familias

Corría el año 2021 y un tal Carlos Mazón, conocido zaplanista de Alicante y desconocido para la mayoría de la población, se estrenaba como líder de la oposición al Gobierno de coalición de Ximo Puig (PSPV-Compromís). En sus primeras entrevistas aquel año, sin un programa electoral todavía armado, ya reveló cuál era su plan lingüístico para las escuelas si ganaba: “Defiendo la libertad de elegir, e importar el sistema catalán educativo nos está perjudicando. Defiendo la promoción del valenciano, y la peor manera es imponerlo”, anunció en la televisión pública autonómica, À Punt.

En ese momento, el valenciano y el castellano convivían en las escuelas. El porcentaje de asignaturas en cada idioma lo decidía cada colegio de manera refrendada en el consejo escolar, el órgano que representa a profesores, alumnos y familias. La ley establecía unos porcentajes mínimos para el castellano (25%), el valenciano (25%) y el inglés (15%). Las escuelas que tiraban de horquillas máximas tenían un 60% de valenciano o un 60% de castellano, dejando las otras dos en su nivel bajo. Los padres elegían colegio sabiendo estos porcentajes, que eran públicos y publicados a las puertas de los colegios en muchos casos.

Mazón se propuso embridar el asunto desde el principio de su victoria electoral en 2023 y cumplir su promesa, cambiando el sistema de convivencia de dos lenguas por un sistema de separación: los que quieren más castellano, a una clase, y los que quieren más valenciano, a otra. Así, podría asegurar “la libertad de las familias a elegir”, un mantra que estableció su nueva ley de “libertad educativa”, aprobada con los votos de PP y Vox tres meses antes de la DANA y para la que se rechazaron 4.145 alegaciones.

Sobre el papel puede sonar redondo y una parte de las familias aplaude la norma, pero el referéndum –que empieza el próximo martes–, además de “pionero”, según Educación, está resultando tener muchas fisuras para su aplicación real. Las críticas llegan de los sindicatos, las entidades pro valenciano que ven amenazado el idioma, pero también de zonas en las que Mazón despierta simpatías o entre los directores de colegio. La mala gestión escolar en la DANA hace que llueva sobre mojado en el ámbito de la educación. Los grupos de WhatsApp de padres echan humo, con dudas y también enfrentamientos entre ellos, y los colegios intentan prepararse para un cambio muy difícil de asumir –en algunos casos, imposible–. Tanto es así, que el conseller de Educación, José Antonio Rovira –ya cuestionado por dejar durante meses sin colegio a miles de niños afectados por la riada– ha tenido que enviar a todos los padres, las 570.000 familias llamadas a votar, una carta histórica este jueves para justificar una votación que se le está dando la vuelta como un bumerán y con la que quiere aplacar el enfado de profesores y familias por el valenciano, un malestar en el que influye que inspectores de Educación hayan obligado a arrancar carteles o evitar charlas que promovían la elección de esa lengua base en muchos colegios, organizadas por entidades que ven que la norma arrinconará esta lengua –baja su peso en las clases que elijan castellano y está en inferioridad numérica a la hora de lograr que se conformen aulas que prioricen la lengua autóctona–.

Las direcciones de muchos centros admiten en las reuniones con padres la “falta de información” y avisan de que se avecina un caos administrativo. Hay padres que aún no saben que, según lo que elijan, sus hijos cambiarán de compañeros o profesor. La abstención no es una opción, porque la norma no establece un número mínimo de participantes. Una sola familia podría decidir el idioma del curso entero de un colegio.

El malestar con la gestión de la Educación arrancó con la DANA y se le suma la votación lingüística

El problema principal es que la libertad de elección es real en el papel, pero no en la práctica, ya que todo depende en realidad de lo que vote el resto de padres.

Por ejemplo, cuando un colegio tiene una sola clase por curso, gana el idioma que obtuvo más del 50% de los votos de los padres. Así, si en un colegio público de Alicante hay un aula de tercero de primaria con 20 niños, si 11 familias votan estudiar en valenciano, lo tendrán que hacer todos en esa lengua base. Es el caso de Estela, que tiene dos hijos en el centro público Vall de la Casella de Alzira, con un aula única por curso: “Nosotros ya elegimos ese colegio precisamente porque tenía un 60% de valenciano, y ahora nos enfrentamos a que igual sale castellano y nos cambian nuestra elección”. El conseller Rovira ha ido poniendo parches a las críticas. En este caso, por ejemplo, dice que se intentará crear otra aula –en caso de que haya espacio en la infraestructura–, que se contratará a más profesores –pese a que hay 1.900 pendientes de contratación por sentencia no cumplida– o incluso ha sugerido que se traslade a los alumnos “a otro colegio” en el que se asegure el idioma que eligió. En la rueda de prensa, acechado por preguntas sin respuesta prevista, aludió a que se estudiaría “caso a caso”. Hay más de 2.000 centros educativos en la Comunitat Valenciana con 570.000 alumnos. Fuentes de Educación apuntan a elDiario.es que “en el proyecto de presupuestos de 2025 está previsto disponer del crédito necesario” para suplir lo que haga falta. 

Una manifestación en favor del valenciano en una imagen de archivo.

En el caso de colegios con dos clases o más por curso, el sistema de resultados es otro. Imaginemos que un centro de Primaria tiene 2º A y 2º B con un total de 40 alumnos. Con que 10 familias (el 25% o más, según establece la ley) eligieran valenciano, el colegio tiene que crear una clase en esa lengua (lo mismo pasaría con el castellano). Sin embargo, como la ratio máxima por clase es de 25 alumnos, hay cinco estudiantes que pidieron castellano que tendrían que pasar a valenciano. La libertad de elección vuelve a hacer aguas. Además, obliga a los colegios a ir cambiando clases cada año: la familia vota una única vez y ese es el idioma que acompaña a su hijo toda su educación, de manera que es el colegio el que tiene que ir variando clases conforme le entran alumnos nuevos. Otra duda es qué pasará con el banco de libros gratuitos, unos materiales adaptados al actual sistema idiomático que hacen que los padres no tengan que comprarlos. El conseller lo ha zanjado con un “la continuidad está garantizada” en su carta. Fuentes de Educación insisten en que está previsto y el crédito, disponible para invertir en libros.

Hay casos en los que los efectos de la ley de libre elección será casi inocua. Por ejemplo, en colegios en los que haya mayor unanimidad entre padres, porque no habrá que crear aulas nuevas ni mover a alumnos a partir del próximo curso, cuando entran en vigor los cambios. Pero sí se verán afectadas las familias que puedan ser una minoría discordante, ya que su hijo no podrá estudiar realmente en el idioma que eligió, sino que tendrá que adaptarse a la mayoría. En otros casos, se notará poco en los porcentajes reales de estudio: un colegio que eligió en su día un 60% de valenciano y que a partir del referéndum sigue en valenciano, tendrá en torno a un 50 y un 60% de valenciano dependiendo del curso. Lo mismo pasará con el castellano. El inglés puede subir hasta el 25% en los modelos máximos, exactamente el mismo máximo que establecía la ley anterior del Botànic.

Sin embargo, todos los casos en los que se cree una nueva línea porque el 25% de padres o más lo han querido, especialmente en la ESO, donde los profesores están especializados, habrá problemas más o menos importantes: es estadísticamente imposible que la votación aleatoria de unas familias encaje con el número de aulas que tiene un centro, el número de profesores o el número de plazas por clase vacante en cada idioma. De hecho, el artículo 15 de la disposición que regula la votación ya da el aviso a navegantes: “Cuando se agoten las vacantes en una [de las lenguas], o bien no exista oferta de la misma, el alumnado se adscribirá inicialmente a puestos escolares correspondientes a la otra lengua base”.

Alumnos con necesidades educativas especiales

Otra duda es qué pasa con los alumnos con necesidades educativas especiales. Hasta ahora era el centro el que conformaba las clases, según necesidades y perfiles, para que estuvieran compensadas en número, variedad y conocimiento del idioma… La votación prioriza la lengua –se prevé también que la mayoría de alumnado extranjero elija castellano– y pueden quedar descompensadas, destaca Rubén Pacheco, presidente de la Confederación de Ampas Gonzalo Anaya, la más grande de la Comunitat: “Hay una falacia que dice que ahora se va a atender en su lengua materna a estos alumnos, pero siempre han tenido una adaptación curricular que contemplaba el aspecto lingüístico”. El gobierno de Mazón insiste en que la atención a la diversidad “está garantizada”.

Un modelo ad hoc en zonas castellanas

En las zonas de predominio castellano, la Generalitat ha impuesto el modelo castellano por defecto. Se trata de poblaciones del sur de Alicante pegadas a Murcia o en zonas como Utiel y Requena, la franja de la Comunitat que linda con Castilla-La Mancha, donde el valenciano ha sido un tema polémico y no siempre bien recibido. Protestas de grupos pro castellano como Hablemos español o de municipios alicantinos del sur, con los que está familiarizado el president, que es alicantino –el valenciano se habla sobre todo en el norte de Alicante y en las provincias de Castelló y València– veían “rodillo” o “imposiciones catalanistas” en esa obligatoriedad del 25% mínima de valenciano. En muchos de esos lugares ven con buenos ojos la “liberación” de aprender la lengua propia, en la que a partir de ahora solo tendrán una asignatura (la de lengua valenciana). Aunque ya tienen asignado un modelo, la Generalitat permite a las familias votar: “Cuando en esta zona exista una demanda suficiente para constituir una unidad en lengua base valenciano, la administración educativa adoptará las medidas oportunas para satisfacer esta demanda”, dicen fuentes de Educación. Para la única asignatura que tienen en la lengua propia pueden, además, pedir la exención y no examinarse.

Ana es profesora en Requena y tiene tres hijos en un colegio público, el Serrano Clavero: “Aquí va a salir castellano, en esta zona hay cierto rechazo al valenciano y el nivel de conocimiento es bajo, creo que no va a haber problemas”. El problema en esas zonas surgía cuando tenían que conseguir el certificado C1 de valenciano, necesario para trabajar en la administración, enfrentándose a un examen en el que estaban en desigualdad de condiciones con sus conciudadanos. Pero el gobierno de Mazón simplificó la obtención del título hace meses, convalidable con estudios de Bachillerato desde ahora.

Las asociaciones en defensa del valenciano, partidos como Compromís, ayuntamientos socialistas y sindicatos como STEPV o UGT han sido muy críticos –de hecho, algunos han apelado al Tribunal Superior de Justicia para pedir que pare cautelarmente la votación, ya que está recurrida al Constitucional por un grupo de 50 diputados del Congreso de los Diputados– pero son muchas más voces de padres o directivas de centro que ven que, aunque la idea pudiera ser debatible, les gustara más o menos, incluso algunos admiten que les gustaba, la ejecución puede ser caótica y poner más problemas que soluciones. El sindicato CSIF, que se autodenomina independiente y no forma parte del espectro de sindicatos de izquierda, respeta la votación “porque está amparada en una ley y no tenemos nada que decir, ni a favor ni en contra, pero lo que no vamos a permitir que implique que la calidad se vea comprometida, que se traslade a alumnos o que los docentes no tengan buenas condiciones”, explica José Seco, su presidente autonómico de Educación.

Menos pesimista se muestra Vicente Agustín Morro, presidente de Fcapa, que aglutina a los padres de colegios concertados católicos de València. En muchos de ellos predomina la voluntad de limitar el valenciano: “No hemos recibido quejas ni rechazos. Antes se imponía el valenciano sí o sí, ahora se deja elegir”. Respecto a los desajustes de aulas que puedan surgir –aunque se prevé preeminencia mayoritaria del castellano en muchos de estos centros– señala que “igual el primer o segundo año es complicado, pero la organización está por debajo de la libertad de elección y la administración se ha comprometido a abrir nuevas aulas y más profesionales. En eso confiamos”.

Carlos Mazón ha hecho bandera de la votación y el cambio de paradigma lingüístico en la escuela, un tema que arrancó antes de la DANA y con el que quiere recuperar el terreno perdido a causa de la nefasta gestión de la riada. Se implicó personalmente en la presentación oficial el pasado 11 de febrero y la defiende en sus perfiles sociales como un hito en el cumplimiento de su programa electoral. Aunque su plan tiene ya hora de inicio (las familias pueden empezar a votar el próximo martes 25 a las 9 de la mañana) tiene que pasar tres exámenes.

El primero es el de las protestas sociales de asociaciones y familias valencianohablantes –que este mismo sábado han convocado manifestaciones en las tres provincias y sienten que el idioma autóctono, el más debilitado de los dos cooficiales, saldrá perdiendo en la votación–, además de las familias que preferían el sistema actual de convivencia de dos idiomas.

También tendrá que pasar el examen de la justicia, que podría paralizar cautelarmente la consulta o frenarla el Constitucional. De hecho, esta “pionera” votación tiene un antecedente en la Galicia de Feijóo que tumbó el TSJ gallego porque debía estar respaldada por una ley –la de Mazón sí lo está– y porque el tribunal entendió que los familiares no podían determinar “con carácter vinculante la lengua que se empleará en el aula, porque entra dentro de la potestad de ordenación de la enseñanza que corresponde a la Administración educativa en exclusiva”.

La tercera prueba de fuego será si, además de cumplir su promesa electoral de dar libertad de elegir valenciano o castellano, puede cumplir lo votado por las familias en todos los casos y si el referéndum se puede trasladar a la realidad diaria de miles de centros con miles de casuísticas.