Más de 20 organizaciones se han unido para intentar revertir lo que entienden como un plan por parte del Gobierno regional para descapitalizar la educación pública en favor de la privada
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Al grito de “calidad educativa o huelga indefinida”, miles de personas han exigido esta mañana por el centro de la capital mayor financiación para la educación pública madrileña. Convocada por más de 20 organizaciones entre las que se cuentan sindicatos, asambleas universitarias y diversos colectivos sociales, y organizada desde abajo y de manera horizontal, la manifestación ha contado con representantes y demandas concretas de todos los niveles educativos, desde los escolares de 0 a 3 años hasta los universitarios y FP.
Apenas pasaban unos minutos de las 12:00 horas cuando la cabecera ha comenzado a dar sus primeros pasos. Tras la pancarta, que rezaba “Salvemos la educación pública. Su privatización, nuestra ruina”, miles de voces se desgañitaban en la confluencia de Atocha con el Paseo del Prado en un alarde de fuerza en defensa de la educación pública en la Comunidad de Madrid como hacía años que no sucedía.
“Salimos a las calles porque los recortes son inaguantables, la infrafinanciación y el maltrato que la Administración da a todos los niveles educativos”, ha exclamado Almudena Raboso, portavoz de la marcha e integrante del colectivo de docentes Menos Lectivas.
Pancarta en la manifestación a favor de la educación pública en Madrid, a 23 de febrero de 2025
A lo largo de la marcha se han podido observar pegatinas con mensajes como “la universidad pública se hunde”, “una orientadora para 1000 alumnos, la UNESCO recomienda 250 alumnos”, “tu facultad se cae a pedazos”, “el colegio de tus hijos no tiene calefacción” y otras que incidían en que sin profesionales como fisioterapeutas, educadoras infantiles e integradoras sociales “no hay educación de calidad”.
Raboso ha explicado que la manifestación es fruto de una toma de conciencia: “Nos hemos dado cuenta de que esto es algo transversal a todo el sistema educativo público y responde a una especie de plan malvado por parte del Gobierno regional para destruir la educación pública”. Desde su punto de vista, algo similar sucede con el resto de servicios públicos, como la sanidad, o con la situación de la vivienda en la región.
