La magistrada avanza en la instrucción de la causa por dos fraudes fiscales y falsificación de documentos mientras la Audiencia Provincial decide si autoriza que González Amador sea investigado también por corrupción en los negocios
La pareja de Ayuso rechaza declarar en la causa por fraude fiscal y falsificación de documentos
La jueza Inmaculada Iglesias ha citado para el próximo 21 de marzo a las dos peritos de la Agencia Tributaria que descubrieron el fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La magistrada avanza así en la instrucción del caso después de que este lunes se haya negado a suspender de nuevo la declaración del empresario imputado, como había solicitado su defensa.
El informe de la Agencia Tributaria que dio origen a la querella de la Fiscalía atribuye a Alberto González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.
En total, sus compañías presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Fue el método utilizado para desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades. Los elevados ingresos de González Amador respondían a que había cobrado casi dos millones de euros por intermediar entre dos empresas españolas en la compraventa de material sanitario en la pandemia.
El directivo de Quirón Fernando Camino administra la empresa que compró las mascarillas en el pelotazo de 2 millones. Camino fue uno de los fundadores de la empresa pantalla que González Amador usó en 2021 para canalizar parte del fraude con el que, como reveló elDiario.es, cometió dos delitos fiscales y otro presunto delito de falsedad documental mediante una trama de facturas falsas y testaferros.
La investigación comenzó a raíz de las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 que reflejaban un incremento exponencial de la facturación de las empresas de la pareja de la presidenta madrileña a partir de 2020, el primer año de la pandemia. Ese ejercicio sus ventas se multiplicaron por más de seis, hasta 2,3 millones, según sus cuentas anuales. Pese a ello, ante Hacienda declaró solo 8.400 euros de beneficio, tras anotarse gastos que no se correspondían con la realidad.
La declaración de los peritos de la Agencia Tributaria es habitual en las investigaciones por delitos económicos. Los técnicos deberán ratificar las conclusiones del informe del que dieron traslado a la Fiscalía cuando advirtieron que el fraude de González Amador superaba los 120.000 euros por ejercicio y, por tanto, constituía delito. Los dos delitos de fraude fiscal se cometieron presuntamente en concurso medial con otro de falsificación de documentos, en concreto, las facturas falsas referidas.
El trabajo de los peritos de Hacienda se prolongó dos años. El anállisis del contenido total de su inspección sirvió para que la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, propusieran la apertura de una pieza separada que investigara nuevos delitos que ellos apreciaban en todos esos documentos recabados por Hacienda. Finalmente, la jueza rechazó en parte la petición pero aceptó investigar una posible corrupción en los negocios, así como administración desleal.
La apertura de la pieza separada fue recurrida por la defensa de González Amador y ese recurso está siendo analizado estos días por la Audiencia Provincial de Madrid. Esta circunstancia ha sido utilizada por el abogado del empresario este lunes para intentar que se suspendiera su comparecencia en la pieza principal, la que investiga el doble fraude fiscal y la falsificación de documentos, pero la jueza ha rechazado la petición y entonces González Amador se ha acogido a su derecho a no declarar.
González Amador ofreció a la Fiscalía un pacto antes de la apertura de la pieza separada para ser condenado a ocho meses de cárcel y el pago de una multa a cambio de admitir los dos delitos de fraude fiscal y de falsificación de documentos. El fiscal del caso ha reiterado este lunes su posicionamiento a favor de ese pacto con independencia de que la pieza separada por corrupción en los negocios y administración desleal siga adelante.
