Un tribunal de Madrid ha condenado a un hombre a un año de cárcel por dejar de abonar su mitad del préstamo tras el divorcio y exponer a su exmujer y su hijo a una situación de grave vulnerabilidad: «Estoy ahogada, lo que él quería», explica la afectada, pendiente ahora de la subasta de su casa
El nuevo Pacto de Estado reconoce la violencia económica como una forma de violencia machista
La primera llamada del banco alertó a Lucía sobre lo que estaba pasando. Su exmarido había dejado de pagar su mitad de la hipoteca de la casa donde, por orden judicial, ella vivía con el hijo menor de edad de ambos. “Estoy ahogada, lo que él quería. Él sabía que no podía”, cuenta después de años lidiando con la incertidumbre, con una amenaza de desahucio contra ella y contra su hijo y después de que un tribunal haya condenado a su exmarido a un año de cárcel por un delito de abandono de familia. “Yo no quiero que vaya a prisión, yo quiero que me deje en paz”, relata a elDiario.es esta víctima de violencia económica cuya casa está pendiente de subasta sin que tenga, por ahora, una alternativa donde ir a vivir con su hijo.
El caso ha quedado sentenciado recientemente por la Audiencia Provincial de Madrid con una resolución que ya es firme y declara probado que el exmarido de esta mujer incurrió en un delito de abandono de familia. Se habían divorciado en 2011 y los jueces habían dejado la casa que tenían a medias en manos de la mujer, donde viviría con el hijo de ambos mientras cada uno pagaba la mitad de la hipoteca.
Pasados los años, el hombre dejó de abonar su parte del préstamo y la mujer estuvo poniendo las dos mitades hasta que su economía no dio para más. Empezaron entonces los requerimientos de CajaMadrid, Bankia y finalmente Caixabank hasta que llegó un aviso de un juzgado: sus recursos habían sido rechazados y la ejecución hipotecaria, término legal que desemboca en el desahucio, estaba en marcha mientras las cuotas impagadas se amontonaban en la sucursal.
Su exmarido, mientras ella acudía sin éxito al banco y se ponía primero en manos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la abogada Paula Ibáñez Díez después, defendía en el juzgado que no pagaba porque “no le llegaba”. Los jueces descubrieron que no era cierto: su “capacidad económica”, dice la primera sentencia del caso, “le permitía pagar” y tenía cantidades “más que suficientes” en sus cuentas para pagar su mitad de la hipoteca. Tanto que, en esos años, se compró una furgoneta para desarrollar su trabajo.
“La gravedad de los hechos es evidente”, dijo el juzgado de lo penal que le impuso en un primer momento un año de cárcel y la obligación de abonar los 8.100 euros que había dejado de pagar por la hipoteca, además de estar pendiente de desembolsar más de 150.000 euros si el proceso de ejecución hipotecaria se declara firme.
Esa sentencia recordó que, a base de no pagar la hipoteca pudiendo hacerlo, dejó a su exmujer y su propio hijo “en situación de grave vulnerabilidad”. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena poco después, reiterando que estuvo mucho tiempo sin pagar ni la hipoteca ni parte del seguro del hogar “sin entregar a la denunciante ni siquiera alguna pequeña cantidad”. La sentencia es firme y declara probado que dejó a su exmujer y su hijo al borde del desahucio pudiendo pagar pero el proceso no ha terminado: esa resolución se tiene que ejecutar y Lucía todavía no sabe qué pasará con su casa.
“Estoy ahogada, lo que él quería”
El delito de abandono de familia condena a quien deja de cumplir con sus obligaciones, generalmente el impago de pensiones u obligaciones económicas establecidas por un juez después de un divorcio. Es el delito más habitual dentro del capítulo del Código Penal que designa los ilícitos contra las relaciones familiares: casi 4.000 personas condenadas en 2023, la inmensa mayoría hombres con casi un 89% de condenados, según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial.
La pelea judicial y vital de Lucía no ha terminado con esta sentencia. “No, no sé qué va a pasar, no tenemos ni para pagarnos una habitación el niño y yo”, explica en declaraciones a elDiario.es poco antes de reincorporarse al trabajo tras una baja por motivos de salud. Desde el principio, explica, se encontró con el abandono de un banco que no atendía sus ruegos: “Pasaban de mí, me pasaban a otras oficinas. Me pagaban el camión con la mudanza para que me fuera. Te aprietan, te aprietan y no te ayuda nadie”, lamenta años después.
El coste no ha sido solo económico, también psicológico, para ella y para su hijo. “El niño desde que tiene ocho o nueve años… hasta me llamaba la orientadora del colegio, que estaba llorando porque a su mamá y a él le van a dejar en la calle”. Ella vivía, mientras tanto, “muerta de miedo” cuando se dio cuenta de que “no podía hacer frente, era imposible, no podía, crees que viene la Policía y te va a tirar la puerta, tu situación es esa”.
La última noticia judicial que ella y sus letrados han recibido es el anuncio de que la casa en la que vive será sacada a subasta pública, pero tampoco sabe mucho más sobre el proceso que podría terminar con su desahucio mientras la condena penal de su exmarido se ejecuta. “No tengo ni vida, sigue siendo un sinvivir. No quieres ni relacionarte. ¿Tus amigas te van a oír todos los días con la misma cantinela? No tienes ganas de vivir, de salir, de hacer nada, y no tienes dinero, quedar para contar problemas o ponerme a llorar no quiero, es una puñetera depresión”.
El objetivo de su expareja, explica, era “ahogarnos con el dinero”. “Estoy ahogada, lo que él quería. Él sabía que no podía”, añade. Se encuentra a la espera de que la condena penal se ejecute y su exmarido ha pedido no tener que cumplir ese año de cárcel entre rejas de forma efectiva, aunque ese tipo de decisiones judiciales quedan condicionadas a que se haga cargo de la parte económica de la condena: “Yo no quiero que vaya a prisión, yo quiero que me deje en paz”, explica Lucía. No se han opuesto a que pueda evitar la cárcel aunque esa decisión está condicionada a que pague lo que debe.
La “caricatura” de la mujer que “exprime” al marido
El último acuerdo del Pacto de Estado, suscrito por todos los grupos políticos excepto por la extrema derecha de Vox, da un paso clave en casos como el de Lucía: reconocer la violencia económica como parte del fenómeno criminal de la violencia machista y dotar la pelea con más de 400 medidas y 500 millones anuales de presupuesto, un documento todavía lejos de ser definitivo.
El concepto de la violencia económica abarca muchas facetas de la violencia machista: desde el control económico de un hombre su pareja hasta el impago de pensiones y el ahogo económico. Paula Ibáñez Díez, abogada que representa a Lucía en el pleito penal contra su exmarido, acoge positivamente las medidas del nuevo acuerdo en torno a un tipo de delitos y una lucha en la que “se dejan al margen muchas características propias de la violencia económica: su dominación, opresión y control”.
Los impagos de pensiones, explica la letrada, es algo “muy normalizado” gracias a la construcción de “una caricatura en la que la mujer es la que está intentando exprimir económicamente al exmarido” y, en la práctica, es un hombre que deja a la mujer sin “la capacidad para ser autónoma”. “Está muy naturalizado”, lamenta.
En este caso, añade, el condenado dejó de pagar a pesar de saber que tenía la obligación de hacerlo y “tener los medios económicos suficientes”. “De esta manera ha estado asfixiando económicamente a la víctima, asumiendo que tanto ella como el hijo común de ambos fueran desahuciados”.
Lo último que saben es que el inmueble “va a salir a subasta pública”, explican, y que el exmarido ha iniciado otra batería de acciones por la jurisdicción civil. “Se perpetúa ese estado de ansiedad vital, es lo que se conoce como la violencia por poderes: empleando el sistema judicial como sistema de opresión, con todo lo que supone en términos de energía y dinero”. Hay una falta de dinero, pero también de “coordinación”, lamenta, sobre todo teniendo varios procesos paralelos abiertos. “No hay una coordinación entre juzgados, no es viable ver cuál es la situación real de la persona”. El sistema, añade, “admite a trámite demandas y denuncias convirtiéndose de alguna manera en cómplice del maltratador”.
Lucía sigue viviendo en su casa pero no sabe por cuánto tiempo. El proceso de ejecución hipotecaria sigue su curso con una subasta a la vista sin que ella tenga dónde ir con su hijo y sin que su exmarido haya saldado sus deudas, al menos por el momento. “Cada vez que me dicen que tengo que coger un papel o ir a un juzgado me pongo a llorar, no puedo más”, relata ella.
