La chispa prendió hace justo una semana, cuando uno de los agitadores ultras acreditados de manera habitual como prensa en el Congreso amenazó explícitamente a una periodista parlamentaria en los pasillos de la cámara. “Cuando lo comparta yo sí que te vas a cagar”, le dijo, en referencia a un vídeo que otro de sus correligionarios acababa de subir a redes sociales para acusarla falsamente de impedir su trabajo. La campaña de ataques machistas, insultos y acoso se convirtió en una espiral de odio inacabable. Y, horas después, el mismo agitador amenazó con difundir información personal de los domicilios de aquellos periodistas que le plantaron cara. Tras años de quejas por situaciones de este tipo cada vez más recurrentes, los trabajadores de los medios de comunicación y los grupos políticos, a excepción de PP y Vox, recogieron el guante y aceleraron las negociaciones sobre una reforma del reglamento que incluya un régimen sancionador y una comisión de acreditaciones.