El presidente argentino elude el Congreso tras un año de fallidas negociaciones en el Senado, donde está en clara minoría. Los expertos señalan que es una medida inconstitucional y antidemocrática
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Cuando aún está en el ojo de la tormenta por la estafa millonaria Libragate, Javier Milei ha puesto en jaque la institucionalidad en Argentina al nombrar por decreto simple, en comisión, a dos jueces de la Corte Suprema. Así, el presidente elude el Congreso tras un año de fallidas negociaciones en el Senado, donde el gobierno ultraderechista está lejos de la mayoría. Los elegidos son Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, quienes ocuparán sus cargos hasta la finalización del periodo legislativo que comienza este 1 de marzo y termina el 30 de noviembre.
Milei hace ahora lo que su aliado político Mauricio Macri había intentado en 2016 y no concretó con la designación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. En aquel momento Macri debió ceder ante el enorme rechazo y aceptó la vía legislativa. Con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia, el actual presidente completa las dos vacantes que hay en la Corte Suprema (de cinco miembros) desde que se jubilaron Elena Highton de Nolasco (2021) y Juan Carlos Maqueda (2024).
“Acto nulo e inconstitucional”
El gobierno ultra argumenta que el artículo 99, inciso 19 de la Constitución establece que el presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
Abogados constitucionalistas como Andrés Gil Domínguez echan por tierra tal interpretación. El letrado señala a elDiario.es que se trata de “un acto de nulidad absoluta e inconstitucional” porque es una designación que no cumple con los requisitos de la Carta Magna. “La Constitución habilitaría a designar en comisión solo ante circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, si la Corte se quedara sin integrantes o con uno o dos miembros, lo que haría imposible dictar fallos, ya que se debe conformar mayoría de tres votos, o se requiera resolver casos urgentes. Nada de esto es lo que sucede”, razona.
Desde la Casa Rosada justifican la medida de Milei “con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con solo tres miembros”.
Sin embargo, el Ejecutivo ignora que el alto tribunal ya funcionó con tres integrantes cuando Carlos Fayt decidió retirarse en diciembre de 2015.
El otro argumento que invoca el Gobierno es la inacción del Senado después de que la Casa Rosada completara todos los pasos para conseguir el aval de la Cámara Alta desde que el 20 de marzo pasado postuló a Lijo y García Mansilla. Pero el Congreso es un órgano independiente. Para ser nombrado juez de la Corte se necesitan dos tercios del Senado. El peronista Unión por la Patria, principal partido de oposición, tiene 34 de los 72 senadores, lo que implica que puede bloquear cualquier designación.
La Oficina del Presidente advierte en un comunicado que “el Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia” e informa que de todos modos continuarán con el trámite legislativo para intentar que ambos juristas consigan el aval del Congreso.
Los elegidos
Lijo es un polémico juez federal que acumula más de 30 denuncias por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura, el órgano que controla a los magistrados. A lo largo de más de dos décadas en los tribunales, Lijo ha tenido lazos tanto con el kirchnerismo como con el macrismo, y ahora con Milei. García Mansilla, por su parte, es un académico hiperconservador, vinculado a la industria petrolera.
Las reacciones al decreto no han tardado en llegar. “Una vez más el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo”, censuran los peronistas en un comunicado.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización centrada en la promoción de los derechos humanos y la justicia, señala que la medida de Milei es “inconstitucional y antidemocrática” y no descarta acudir a los tribunales junto a otras organizaciones de la sociedad civil. Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, explica a elDiario.es el tema político de fondo: “Designar jueces de la Corte Suprema en comisión por un año va a implicar obviamente que esos jueces están dependiendo de la posición del Poder Ejecutivo y del Senado para mantener su cargo, y esto es contrario a las garantías de independencia y a la idea de estabilidad de los jueces para que no los presionen. Es una mirada raquítica de la función del Senado y muy problemática políticamente, [pues] además de inconstitucional es una medida antidemocrática. La cuestión ahora es ver cómo reaccionan el sistema político y el propio Poder Judicial y entonces si se consolida esta designación o si se rechaza y el Ejecutivo no puede hacerla”.
Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, utiliza una frase categórica para describir el estado de situación: “Son jueces de facto. ¿Qué independencia pueden tener si están comisionados por el presidente? Creo que habrá denuncias penales contra Milei y contra los que aceptaron los cargos y es probable que se presenten medidas cautelares en la justicia”.
La intención de Milei es que este sábado, cuando se abran las sesiones ordinarias del Congreso, estén sentados junto a él como jueces de la Corte Suprema los que ya ocupan el cargo y los dos nuevos. Corre el reloj para ver si se logra esa imagen tan ansiada para un político que atraviesa turbulencias.
