La condonación parcial de deuda, si se hace de forma más o menos equitativa –tal y como está previsto–, no representaría un trato de favor a Cataluña ni a ninguna otra comunidad autónoma, sino una medida para reducir desequilibrios y diferencias que no son responsabilidad de ningún gobierno regional
El Ministerio de Hacienda anunció este lunes que la administración central del Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas del régimen común (exceptuando Euskadi y Navarra), una medida que nace del compromiso recogido entre el gobierno central y Esquerra Republicana de Cataluña y que tendrá que ser aprobada o no por las Cortes Generales. A pesar de todo el revuelo que está levantando la derecha, que califica esta condonación de deuda como injusta y muy costosa, lo cierto es que no puede haber nada más necesario y justo que corregir buena parte de los desequilibrios originados por el disfuncional diseño de financiación autonómica y por las equivocadas políticas del gobierno de Mariano Rajoy. Además, esta condonación de deuda no supondría ningún cambio para el conjunto de las administraciones públicas, ya que simplemente se trataría de traspasar deuda desde el subsector de las comunidades autónomas a la administración central, de forma que el total de deuda pública quedaría intacto al mismo tiempo que el peso económico pasaría a recaer más sobre la administración pública que más fortaleza financiera tiene.
El sistema español de financiación autonómica es muy complejo y opaco, lo que desgraciadamente dificulta mucho su comprensión. Como docente y director de la asignatura Federalismo Fiscal en la Universidad Autónoma de Madrid, considero estar suficientemente informado y capacitado para explicar las claves que hay que tener en cuenta a la hora de posicionarse sobre esta condonación de la deuda. Es importante entender que las diferencias de deuda entre comunidades autónomas no responden sólo a las políticas discrecionales de cada uno de sus gobiernos, sino que dependen de factores estructurales del propio sistema de financiación y del modelo productivo, lo que hace imposible atribuir responsabilidades. Es decir, el hecho de que Cataluña o la Comunidad Valenciana tengan mucha más deuda pública que otras regiones no implica necesariamente que hayan gestionado peor los recursos. Es más, puede que incluso los hayan gestionado mucho mejor.
Recordemos primero que, aunque las comunidades autónomas tienen competencias en educación, sanidad y servicios sociales, no todas asumieron estas competencias al mismo tiempo. Por ejemplo, Cataluña asumió la sanidad en 1980, mientras que Madrid terminó de hacerlo 23 años después, ahorrándose todo el coste que sí tuvo que asumir la primera durante tanto tiempo, con el consiguiente impacto en el endeudamiento público.
Además, las comunidades también tienen diferentes niveles de gasto. Por ejemplo, Madrid es la región que menos gasta por persona en educación y sanidad, mientras que otras comunidades como la valenciana o Extremadura gastan mucho más. Este factor influye, evidentemente, en los niveles de deuda actuales. Pero tener una deuda pública superior al resto precisamente por haber ofrecido mejores prestaciones públicas no significa gestionar peor sino, más bien, todo lo contrario. Especialmente cuando se tiene en cuenta que buena parte de la financiación de las autonomías no depende de ellas mismas.
No perdamos de vista que la financiación de las comunidades proviene de varias fuentes: hay impuestos cedidos sin capacidad normativa (ej. IVA, impuestos especiales) sobre los que las comunidades no tienen ningún tipo de control; hay impuestos cedidos con capacidad normativa (IRPF, Patrimonio, Sucesiones) que sí pueden regular bajo ciertos límites; y también hay impuestos propios de cada comunidad, aunque su capacidad recaudatoria es muy limitada. En cualquier caso, la capacidad de recaudación depende del desarrollo productivo que tengan las regiones, que a su vez depende de multitud de factores estructurales e históricos que escapan del control de los gobiernos autonómicos recientes.
El 75% de toda esa recaudación autonómica normativa se destina a un fondo de garantía para su redistribución con base en criterios de población ajustada (que no gozan de consenso absoluto por otorgarle más importancia a la población mayor que a la insularidad, por ejemplo). A esto se suman fondos adicionales financiados por la administración central como el de suficiencia, competitividad y compensación, que tienen en cuenta otros muchos factores y que no hacen sino complicar todavía más el sistema de financiación. El resultado de este caótico diseño es que algunas comunidades quedan infrafinanciadas, mientras que otras quedan sobrefinanciadas, sin que sea fácil ni preciso identificar en qué grado lo están ni si son responsables de ello.
A todas estas diferencias acumuladas a lo largo de los años hay que sumarle que en el año 2012 el gobierno de Rajoy creó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para permitir a las comunidades acceder a financiación a bajo coste y ciertas condiciones en un contexto de crisis financiera muy acusada. Algunas (sobre todo las más infrafinanciadas, pero también las que se opusieron más a recortar en sueldos y servicios públicos) recurrieron más a este mecanismo, y otras lo hicieron menos (a cambio de sufrir un mayor coste de financiación, al acudir a los mercados internacionales en vez de recurrir a la administración central). Como se puede ver y, de nuevo, no podemos distribuir responsabilidades en función solamente de la cantidad del nuevo endeudamiento asumido, ya que hay muchísimos otros factores a tener en cuenta.
En fin, espero que ahora se entienda mejor lo difícil que es atribuir responsabilidades a los diferentes niveles de deuda actuales, y también espero que se entienda mejor lo necesario que es reducir estos desequilibrios históricos entre comunidades. Esta condonación parcial de deuda, si se hace de forma más o menos equitativa –tal y como está previsto acorde a la metodología anunciada–, no representaría un trato de favor a Cataluña ni a ninguna otra comunidad autónoma, sino una medida para reducir desequilibrios y diferencias que no son responsabilidad de ningún gobierno regional. La clave está en analizar el problema de forma rigurosa y con todos los datos sobre la mesa, evitando caer en narrativas simplistas o sesgadas. Por cierto, este tipo de medidas no son nuevas: en el pasado, el gobierno del Partido Popular, cuando Cristóbal Montoro era Ministro de Hacienda, ya estudió una condonación de deuda autonómica; básicamente porque es la única solución lógica a este histórico problema.
