La app de mensajería identifica cinco veces más usuarios por petición de las autoridades que antes del arresto de su fundador, que también ha sido procesado por maltratar a uno de sus hijos
Hemeroteca – Telegram cambia sus políticas para incluir que colaborará con las autoridades en la investigación de delitos
Telegram identificó a 85 de sus usuarios por peticiones de información de las fuerzas de seguridad españolas de enero a septiembre de 2024. En los tres meses siguientes, la cifra subió a 518. Son los datos que ponen negro sobre blanco el cambio de actitud de Telegram en la investigación de delitos, tal y como aparecen en su informe de transparencia oficial. Un giro marcado por la detención de su fundador y director ejecutivo, Pável Dúrov, a finales de agosto.
El multimillonario ruso fue arrestado en París tras aterrizar con su avión privado procedente de Azerbayán. Pasó cuatro días siendo interrogado antes de pasar a disposición del juez, que lo imputó por 16 delitos. El caso adquirió una relevancia mundial por ser la primera acción de este tipo contra el dirigente de una gran tecnológica y por el papel de Telegram —que cuenta con unos 1.000 millones de usuarios— en la guerra de Ucrania.
La acusación francesa gira en torno a la falta de colaboración con las autoridades de Telegram a la hora de identificar a sus usuarios. Esta política terminó recayendo sobre Dúrov en forma de presunta complicidad con el tráfico de drogas o la difusión de pornografía infantil, así como pertenencia a banda criminal.
Dúrov, cuya fortuna Forbes estima en unos 17.000 millones de euros, fue puesto en libertad bajo fianza de cinco millones y la obligación de presentarse en comisaría dos veces por semana. El pasado 6 diciembre volvió a declarar ante el juez, un testimonio publicado unas semanas más tarde por Franceinfo, la radiotelevisión pública gala. “Telegram no fue creada para ser una plataforma para criminales”, testificó Dúrov en una audiencia que se prolongó más de diez horas.
De chat contra la vigilancia a guarida de criminales
Dúrov fundó Telegram en 2013 tras verse obligado a vender VK, el Facebook ruso, a un oligarca del círculo próximo a Vladímir Putin. El Kremlin le había dado un ultimátum tras negarse a dar datos de activistas ucranianos que estaban organizando protestas contra la influencia rusa en el país. “Me ofrecían elegir entre dos opciones subóptimas, una de las cuales era empezar a acatar lo que los dirigentes del país me dijeran que hiciera. La otra era vender mi participación en la empresa y abandonar el país. Opté por lo segundo”, explicaría el empresario más tarde, que tenía 29 años en el momento de los hechos.
El empresario ruso configuró Telegram de forma que las presiones que había recibido con VK no pudieran volver a repetirse. Fijó su sede central y sus centros de datos en Dubái, permitió utilizar la app con un alto grado de anonimato y estableció unas reglas de moderación extremadamente laxas. Esto convirtió a Telegram en la elegida por movimientos activistas de múltiples países para organizarse y comunicarse, pero también en una especie de antesala de la dark web en la que se puede comerciar con cualquier cosa, que además cuenta con su propio sistema de pagos con criptomonedas.
Fue durante mi detención policial cuando me di cuenta de la gravedad de todos estos hechos
La app fue transformándose poco a poco en un lugar de reunión habitual de criminales. Actualmente Telegram se puede usar para encargar asesinatos o para el tráfico de contenidos ilegales de todo tipo, desde material protegido por derechos autor (por lo que estuvo a punto de ser bloqueada en España en 2024), hasta pornografía infantil. Las normas de la plataforma ampararon durante años grupos como el formado por 70.000 hombres de Portugal donde se compartían imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento.
Hasta la detención de su fundador, la app presumía en sus términos de servicio de no responder a las peticiones de la justicia. En la vista de diciembre, Dúrov afirmó que no era consciente de hasta qué punto esto había corrompido Telegram. “Fue durante mi detención policial cuando me di cuenta de la gravedad de todos estos hechos”, aseguró ante el juez.
Diez veces más peticiones de información atendidas
Dúrov hizo propósito de enmienda tras su puesta en libertad y aseguró que ampliaría su colaboración con la justicia. Poco después cambió los términos de servicio de Telegram para añadir este precepto.
En España, este cambio se ha traducido en que Telegram ha satisfecho casi diez veces más peticiones de información en tres meses que en los nueve anteriores. En concreto, las solicitudes atendidas pasaron de 22 en el período de enero a septiembre de 2024; a 213 en el que va de octubre a diciembre del mismo año. Esos requerimientos han provocado que Telegram identifique por su número de teléfono o IP a 518 usuarios de su app.
Dúrov aseguró durante su vista que a nivel internacional, Telegram ha transferido datos de 10.000 usuarios a las autoridades de todo el mundo. También que la app borra “entre 15 y 20 millones de cuentas de usuarios en todo el mundo cada mes por infringir la ley” y que no quiere que los criminales usen la plataforma, ya que son “perjudiciales para el negocio y la reputación de Telegram”.
Los delitos de los que la Fiscalía francesa acusa al multimillonario ruso podrían acarrearle más de 20 años de cárcel si es considerado culpable. Además, su situación judicial se ha agravado desde el verano, ya que se ha abierto otra investigación contra él por “violencia grave” cometida en París contra uno de sus hijos. Según la información de Franceinfo, la expareja de Dúrov le ha acusado de maltratar al menor durante una estancia en el hotel Ritz de País en 2021, cuando tenía cuatro años.
