La instructora afirma que la Universitat de València decidió «acertadamente» suspender las clases el pasado 29 de octubre
El ‘fundido a negro’ de una hora del Centro de Emergencias el día de la DANA que Mazón tampoco puede explicar
La jueza de la DANA ha solicitado a la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana que informe sobre si “se produjo algún receso” en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre, jornada de la catastrófica barrancada. La instructora enmarca la petición en el “análisis de la toma de decisiones” del Cecopi, que fue convocado por la entonces consellera Salomé Pradas a las 17.00. El receso, según desveló en una comparecencia en el Congreso de los Diputados la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue entre las 18.00 y las 19.00.
Además, la magistrada también ha encargado a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil un informe “estrictamente técnico” sobre la cronología de los hechos del pasado 29 de octubre, en el que “de forma detallada” analice el desbordamiento de los ríos, barrancos y embalses en relación con los fallecimientos y los lesionados.
El auto notificado este jueves recuerda que el “núcleo de las medidas que hubieran evitado los fallecimientos”, según se desprende de las declaraciones testificales de los familiares de los fallecidos y del resto del material probatorio que consta en la causa, “no era sino la comunicación de medidas de autoprotección, remitidas en tiempo y acertadas en su contenido”.
La magistrada desliza una frase con una supuesta referencia al president Carlos Mazón: “Algunos de los intervinientes han manifestado ya públicamente no solo la participación que tuvieron sino la de los demás”.
El auto también alude, en relación con la petición del informe al Instituto Armado, a la “actuación de las instituciones u organismos públicos cuyas competencias estuvieran relacionadas con la situación de la emergencia”. Se trata, recuerda de nuevo la jueza, del “núcleo de la instrucción”, que ha “derivado en una controversia pública entre las diversas instituciones y personas implicadas”.
En todo caso, la magistrada ya tiene en mente las “correspondientes testificales” tras haber recibido la documentación que solicitó a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre su actuación en el Cecopi. “Respecto de los avisos y alertas constan igualmente en las actuaciones en qué momento y por qué organismos se llevaron a cabo”, afirma en respuesta a las diligencias solicitadas por el MInisterio Fiscal.
Por otro lado, la jueza instructora solicita a la Universitat de València que le informe sobre qué órgano tomó la decisión de suspender las clases el 29 de octubre, “en qué información se sustentó y si contó con algún técnico que participó en dicha decisión”. La resolución asegura que la institución universitaria suspendió las clases “acertadamente”.
La magistrada ya cuenta con las grabaciones periodísticas que había solicitado a varios medios de comunicación, que “permiten hacerse una idea de cómo evolucionó la situación del 29 de octubre” y de “cómo iba siendo afectada la población por las lluvias durante la mañana”.
