Este viernes entra en vigor la nueva normativa que quiere implantar «un cambio de mentalidad» en la administración general de la Junta, con funcionarios «especializados» en las tareas a desarrollar
Dos plazas a dedo al día: el Gobierno de Moreno dispara la libre designación de funcionarios y los sindicatos se plantan
Andalucía quiere hacer “irreversible” el proceso de transformación de la función pública. Sabe que no es fácil, que la resistencia al cambio en un ‘monstruo’ como la Junta puede ser difícil de gestionar, pero ya ha puesto en marcha una nueva normativa, publicada en el BOJA y que entra en vigor este viernes 28F. Con ella quiere agilizar todo el proceso de acceso y promoción de los trabajadores de la Administración General, abogando por “especializar” al empleado público y por “planificar” su vida útil desde que empieza a prepararse las oposiciones hasta que se jubila. Una novedad destaca: la figura del personal funcionario en prácticas, que comenzará a aplicarse en cuatro futuras oposiciones y que significa que, después de las pruebas de evaluación y de valoración de méritos, el opositor tendrá que superar una última fase de entre tres y seis meses antes de ganarse una plaza para toda la vida.
Desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública han desgranado ante la prensa el nuevo decreto por el que se regula la planificación y ordenación del empleo público, y el ingreso, promoción interna y provisión de puestos de trabajo del personal de la Administración General de la Junta de Andalucía. Las convocatorias de empleo público para el Cuerpo de Administración General Especialidad Jurídico (nivel A1), en el Cuerpo Superior Facultativo de Ingeniero de Telecomunicaciones, en el Cuerpo Superior Facultativo de Estadística y en Cuerpo Técnico Facultativo de Prevención Riesgos Laborales (nivel A2) serán las primeras que contemplen esa figura de prácticas remuneradas, que se prevé en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. La Junta prevé la “valoración, supervisión, tutorización, orientación y dirección profesional” de antes de que se gane su plaza. “Ese curso selectivo de formación es parte del examen” una vez superada la oposición o el concurso-oposición, resumen las fuentes.
“Incorporación masiva”
Actualmente hay 46.763 personas que trabajan para la Administración General (23.775 funcionarios y 22.483 personal laboral). La Junta afronta una cuestión clave: el 40% se jubilará de aquí a 2030, al tener en cuenta que a edad media del personal en activo es de 54 años con independencia del sexo. El consejero José Antonio Nieto ha indicado a los medios que “en la medida en que se jubilen tenemos que incorporarlos y tratar de incorporar a los mejores” porque “no se puede perder peso de la administración pública”. Una “salida masiva” que va a dar lugar a una “incorporación masiva” de funcionarios. Unas 15.000 plazas, han detallado las fuentes de la Consejería. La edad media de acceso ha aumentado de 29 años a 36 años en la última década.
El consejero ha abogado por ampliar los perfiles de empleados que se incorporan a la Administración en tanto que “la sociedad ha cambiado y la Administración Pública tiene que adaptarse a esos cambios de la sociedad y tiene que prestar los servicios que hoy nos piden los ciudadanos, que no son los mismos que pedían en los años 80 cuando se creó la Junta de Andalucía o en los primeros años 90 cuando se incorporaron la mayor parte de los funcionarios que ahora se nos van a ir jubilando”. El objetivo, han insistido las fuentes, ha sido “modificar el ecosistema” en el que la administración se relaciona con el funcionario y este con la ciudadanía. “Las organizaciones se transforman en la medida en que se transforman las personas que las componen”, han resumido las fuentes.
Respuesta a “los nuevos escenarios”
En líneas generales, además de poner tope a las interinidades en la línea de la normativa superior, la pretensión de la Junta es cambiar el relato del ‘vuelva usted mañana’, agilizar y ordenar la incorporación de funcionarios eliminando burocracia y adaptar el sistema a un “mercado laboral cambiante”, con “procesos objetivos acreditados” y con evaluaciones para “encontrar los perfiles adecuados” para cada puesto, por lo que se ha puesto “énfasis” en la planificación. “Hay que mirar al futuro, no reproduciendo lo que ya se ha hecho sino buscando respuestas a los nuevos escenarios de la sociedad actual”, han explicado las fuentes.
Un decreto que ha sido “ampliamente negociado” con las organizaciones sindicales en un triple nivel: Mesa General, Mesa Sectorial de Administración General y Comisión del VI Convenio Colectivo. “Tan solo un sindicato, el SAF -Sindicato Andaluz de Funcionarios- ha estado en contra”, ha apuntado Nieto. Desde el CSIF, mayoritario en la Mesa General, dicen a este periódico que “hay que realizar una labor de revisión, que es un trabajo que conlleva un tiempo”. “La negociación fue ardua y se extendió durante meses, e hicimos multitud de aportaciones y propuestas de mejora en beneficio de los empleados públicos andaluces”, comentan desde el sindicato tras la publicación en BOJA del nuevo decreto.
Libre designación
Las fuentes han explicado respecto al aumento de los puestos de libre designación (PLD) en los últimos años de gobierno del PP que la idea es convocar más concursos específicos ya que ahora son “prácticamente inexistentes”. “Los PLD deben ser una parte muy pequeña de los puestos que tiene la administración”, han comentado las fuentes, que apuestan por más concursos específicos y por dejar los de libre designación para puestos “muy concretos” y “establecidos de forma motivada en las RPT, negociadas con los sindicatos”.
Desde el SAF señalan a este periódico que durante la negociación trataron de “minimizar” la parte subjetiva (memoria, entrevista personal) que se aplica a esos concursos específicos, pero “la Junta le ha dado mucho peso finalmente” en el nuevo decreto, “la comunidad autónoma donde más peso tiene”. “Es como el nuevo PLD, porque el concurso específico se lo van a dar a dedo a cualquiera”, remachan las fuentes del SAF.
