Asociaciones de víctimas de acccidentes de tráfico denuncian la «impunidad» del senador y los expertos recalcan que conducir a esa velocidad incrementa la distancia de frenado y las posibilidades de provocar una tragedia con fallecidos
BNG y PSOE han pedido la dimisión del político gallego tras su condena por conducir a 215 kilómetros por hora
El Partido Popular mantiene a José Manuel Baltar como senador autonómico designado por el Parlamento de Galicia un mes después de que el Tribunal Supremo condenara al expresidente de la Diputación de Ourense tras ser cazado en abril de 2023 conduciendo a más de 200 kilómetros por hora por la autovía A-52, donde el límite es de 120, tal y como adelantó elDiario.es. La sentencia le impuso una multa de 1.800 euros y la retirada del carnet de conducir por un año.
A pesar de la condena, ni el presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, ni el líder estatal del partido, Alberto Núñez Feijóo, han solicitado su dimisión. En enero, el BNG sí presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia para reprobar al senador que no fue aprobada aunque sí contó con el apoyo del PSdeG y de Democracia Ourensana. Y el senador ha llegado a insinuar que su condena responde a una “persecución política”.
Los expertos apuntan a los múltiples riesgos de conducir a esa velocidad tanto para el infractor como para el resto de usuarios de la vía. El principal de ellos está relacionado con la gran energía que genera el movimiento a esa velocidad. Jesus Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE, explica que esta energía se convierte en deformaciones tanto en los vehículos como en los obstáculos con los que se impacta. “Un simple error de cálculo puede resultar en la pérdida total de control del automóvil”, afirma.
Monclús recuerda que la distancia de frenado a esas altas velocidades es considerablemente mayor. A 120 kilómetros por hora el vehículo necesita unos 100 metros para detenerse, lo que equivale a la longitud de un campo de fútbol. A 200, esa distancia aumenta a aproximadamente 250 metros. Y el experto señala que las probabilidades de supervivencia se reducen drásticamente: “Incluso una colisión con un objeto fijo o un vehículo detenido en el arcén es letal a esa velocidad”.
El director de seguridad vial de la mencionada aseguradora explica que a velocidades superiores a 200 kilómetros por hora el efecto túnel también se intensifica drásticamente, reduciendo la capacidad del conductor para percibir lo que sucede en los laterales de la vía. Esto no solo disminuye su margen de reacción ante imprevistos, sino que también “aumenta la sensación de falsa seguridad”, ya que el cerebro tiende a centrarse únicamente en el punto más lejano de la carretera. Monclús señala la capacidad de reacción humana tiene un límite fisiológico: “A esa velocidad, un segundo de distracción equivale a recorrer más de 55 metros sin control”.
David Pérez, vicepresidente de Stop Accidentes, critica duramente que una persona condenada por conducción temeraria siga ocupando su cargo público: “Es absurdo que un representante político haya violado las normas de circulación y no se le haya reprochado ni sancionado adecuadamente”. Pérez remarca que este tipo de actitudes dan sensación de “impunidad” y pueden influir negativamente en la percepción de la seguridad vial.
En cuanto a la respuesta del PP gallego, que se negó a reprobar al senador por considerar que conducir a 200 kilómetros por hora es un “delito de peligro abstracto”, Pérez expresa su desacuerdo tajante. Para él no hay nada “abstracto” en los peligros que genera una conducción imprudente. El vicepresidente de Stop Accidentes recuerda que sus propios padres fueron víctimas de un accidente causado por alguien que circulaba a 140 kilómetros por hora en una zona limitada a 80 y que un exceso de ese calibre puede resultar fatal.
Las implicaciones legales
Según la Fiscalía de Seguridad Vial, el artículo 379.1 del Código Penal tipifica la conducción a velocidad excesiva como un delito cuando se supera en más de 80 kilómetros por hora el límite permitido en vías interurbanas. Las penas previstas incluyen multas, penas de prisión y, en todos los casos, la retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años. Sin embargo, en el caso de Baltar el Tribunal Supremo optó por imponer una multa económica y la retirada del carnet de conducir por un año sin aplicar penas de prisión.
La Fiscalía también aclara que el Código Penal no contempla penas de inhabilitación específicas para cargos públicos en delitos de tráfico. En este caso, dado que Baltar no ha sido condenado a prisión, no se le puede imponer ningún tipo de inhabilitación para ejercer su cargo de senador.
En la primera actuación, los agentes de la Guardia Civil optaron por tratar el caso como una falta administrativa por tratarse de una infracción en un día festivo. La defensa argumentó que Baltar no podía ser juzgado penalmente, ya que había sido sancionado administrativamente por el mismo hecho.
Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó esta tesis, explicando que el procedimiento penal tiene preferencia por encima del administrativo y que la sanción de tráfico quedó en suspenso hasta la resolución judicial. En el auto de la sentencia judicial se concreta que Baltar no es condenado a una pena de prisión por no tener antecedentes penales.
Desde Stop Accidentes insisten en que la tipificación de este tipo de delitos debería ser mucho más severa, tanto en términos de sanciones económicas como de consecuencias políticas por tratarse de un comportamiento “grave” por parte de un representante de la ciudadanía.
Políticos que han dimitido por infracciones de tráfico
En otros países europeos, numerosos representantes políticos han dimitido por infracciones de tráfico. En 2012, el entonces ministro de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, Chris Huhne, renunció a su cargo tras ser acusado de intentar eludir una multa por exceso de velocidad. Huhne persuadió a su esposa para que asumiera los puntos de penalización en su licencia de conducir. Ambos fueron condenados y el ministro dejó su cargo público.
En el Estado, en el año 2023, Asier Larrauri, recién elegido alcalde de Bermeo (Euskadi) por EH Bildu, dimitió de su cargo tras sufrir un accidente de tráfico a altas horas de la madrugada, conduciendo bajo los efectos del alcohol. Larrauri reconoció su error y en una carta enviada a su partido pidió disculpas a los bermeotarras y solicitó su dimisión para no dañar la imagen del municipio ni del partido.
Aun así, el caso de Baltar no es el primero en lo que se refiere a problemas legales por infracciones de tráfico en el PP. Uno reciente es el de Vicente Ferrer, fichado por Francisco José Gan Pampols, el nuevo vicepresidente para la Recuperación Económica de la Generalitat Valenciana. Ferrer fue condenado previamente a ocho meses sin permiso de conducir por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol mientras ejercía como diputado en el Congreso por el PP.
