Los jueces no asociados, que suponen el 42% de la judicatura, accedieron sólo a siete plazas de un total de 56 designaciones pactadas por unanimidad del organismo, mientras la asociación progresista sitúa a 13 de sus afiliados
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La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria en la carrera judicial, ha logrado 26 de los 56 nombramientos discrecionales en los principales tribunales que ha realizado el renovado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mientras Juezas y Jueces para la Democracia, progresista y tercera en número de asociados, ha situado a 13 de sus afiliados. Por contra, los jueces no asociados, que suponen el 42% de la judicatura, se han hecho con solo siete plazas. La Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados, ha accedido únicamente a cuatro. Y Foro Judicial Independiente, cuarta en representación, a uno.
Son las grandes cifras de los acuerdos en materia de nombramientos alcanzados por el nuevo órgano del órgano de gobierno de los jueces en dos plenos recientes, el último esta misma semana. La institución arrancó su mandato con el reto de renovar un centenar de plazas de las cúpulas de los tribunales tras los casi cinco años de bloqueo a los que el Partido Popular sometió al ente que decide los principales ascensos de la judicatura. Todas las designaciones son fruto del acuerdo por unanimidad de los dos bloques del CGPJ, partido a la mitad entre diez vocales elegidos a propuesta del PP y diez a iniciativa de PSOE y Sumar, a los que se suma una presidenta, Isabel Perelló, a la que se atribuye una sensibilidad progresista. Los nombramientos requieren 13 votos.
Las designaciones de altos cargos judiciales —los presidentes de sala y de los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de Justicia y sus salas y las audiencias provinciales— se realizan de forma discrecional por parte de los vocales del CGPJ, que a su vez son elegidos por las Cámaras por una mayoría de tres quintos, según los nombres pactados por los partidos. Entre los 12 vocales que pertenecen a la judicatura, la mayoría se presentan avalados por las asociaciones de jueces. Del Consejo actual, siete están vinculados a la APM y cinco a Jueces y Juezas para la Democracia. Se da la circunstancia de que ambas asociaciones han copado el 70% de los nombramientos efectuados hasta la fecha.
“Mérito y capacidad” o “reparto de cromos”
La normativa que regula los nombramientos de jueces se rige por los principios de “mérito y capacidad” y tiene en cuenta elementos objetivos como la antigüedad en la carrera judicial o la pertenencia a cierto orden jurisdiccional; pero también otros sujetos a valoración como las sentencias significativas dictadas, la producción jurídica (libros, artículos…) o la participación en cursos o conferencias. Los candidatos también se someten a entrevistas públicas. La Comisión de Calificación hace un primer corte y propone una terna al pleno, formado por los veinte vocales y la presidenta, que toma la decisión final.
Sectores de la judicatura cuestionan que hay un “reparto” en los nombramientos de jueces entre las diferentes asociaciones y que en estos nombramientos tienen una gran influencia los vínculos políticos e ideológicos. Vocales consultados defienden la “transparencia” de los nombramientos y aseguran que, en cada caso, la elección responde a la aplicación de los principios de mérito y capacidad que establece la ley. Defienden, además, que la voluntad del órgano es garantizar una elección “plural” en la que estén representadas todas las sensibilidades judiciales y en la que la “excelencia” sea un factor determinante.
Sin embargo, la revisión de las designaciones realizadas por el nuevo CGPJ evidencia que el bloque conservador ha logrado situar a candidatos de la APM en prácticamente la mitad de los puestos que se han renovado. Y que es el bloque progresista el que ha asumido principalmente esa “pluralidad” de la carrera, proponiendo a magistrados de otras asociaciones distintas a Juezas y Jueces para la Democracia, así como a no asociados con muy buenos currículos, tal y como sostienen vocales consultados.
La APM, que representa al 26% de los jueces con 1.412 asociados, ha accedido a 26 nombramientos, el 46% del total. La asociación que preside la jueza María Jesús del Barco sale especialmente bien parada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, una instancia judicial muy relevante porque es la que revisa los recursos contra las decisiones del Gobierno. Se han renovado 14 plazas, de las que seis han recaído en magistrados vinculados a esta asociación.
Asimismo, pertenecen a la APM un nuevo magistrado de la Sala de lo Civil y dos de la Sala de lo Social. Los ascensos al alto tribunal son especialmente relevantes porque, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación. También está vinculado a la APM el nuevo presidente de la Sala de lo Civil del Supremo, así como los presidentes de los TSJ de Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana.
Especialmente llamativa es la situación de la Audiencia Nacional, donde una mayoría abrumadora de excargos del PP y otros jueces conservadores en la carrera optaron a sus puestos clave. Finalmente, de los cinco puestos renovados tres han sido para candidatos de la APM, incluido su presidente, Juan Manuel Fernández, que durante el anterior mandato fue vocal del CGPJ a propuesta del PP. Además, la Sala de lo Penal la presidirá el veterano Alfonso Guevara, un magistrado considerado conservador que no está asociado.
Por otro lado, de las diez presidencias de audiencias provinciales que se han renovado, siete pasarán a estar ocupadas por jueces de la asociación conservadora durante los próximos cinco años, que es la duración que tienen este tipo de cargos gubernativos. Es el caso de La Rioja, Ávila, Barcelona, Teruel, Burgos, Gipuzkoa y Araba-Álava. En cuatro de ellas sólo se habían presentado candidatos de esta asociación, que es algo que ocurre en ocho de los 26 nombramientos de jueces vinculados a la APM.
Teniendo en cuenta su nivel de representación en la carrera, la asociación Jueces y Juezas para la Democracia es la que mejor parada sale en los nombramientos. Representa a un 8% de la carrera —tiene 436 afiliados, según los últimos datos facilitados por el CGPJ— y ha sido la segunda en nombramientos. Un total de 13 jueces vinculados a este colectivo de carácter progresista han sido nombrados por el nuevo CGPJ, el 23% de las designaciones.
Una de sus asociadas será la presidenta de la Sala de lo Social del Supremo, la encargada de examinar en última instancia los conflictos laborales; a la que se sumarán otros tres jueces de esta asociación. La misma cifra se sumará a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Otra magistrada vinculada a esta asociación presidirá la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. Y también habrá presidentes progresistas en el TSJ de Catalunya y en las audiencias provinciales de Girona y Murcia.
En contraposición, la Asociación Francisco de Vitoria, segunda en número de afiliados con 933 —el 17% de la carrera—; apenas ha accedido al 7% de los nombramientos, con un total de cuatro. Dos de sus afiliadas han sido nombradas para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y otros dos presidirán sendas salas en tribunales autonómicos. Esta asociación, que se autodefine como independiente, ha criticado en un comunicado lo que consideran un “rechazable reparto de cromos” entre los dos bloques del CGPJ.
“Resulta imposible no apreciar (…) que los nombramientos se proyectan sobre un grupo cerrado de candidatos, dentro del cual se procede a la distribución de asignaciones de plazas entre los dos sectores [del CGPJ] y sin que se produzca, como sería exigible, un tratamiento individualizado de los diferentes candidatos”, continúa el comunicado, que cuestiona la existencia de un “sesgo asociativo” que condiciona unos nombramientos que “no se corresponden con la realidad sociológica” de la carrera judicial.
