El caso de Muface y la escalada de los precios de la vivienda sirven a la discusión de si las cosas se pueden hacer de otra manera. Podríamos hablar también de los impuestos a las eléctricas y la banca o la falta de contundencia ante el oligopolio de las constructoras
“¡Por supuesto que sí, la revolución!”, exclamará más de uno al ver el título de esta columna. La verdad es que no pretendo ir tan lejos. Menos aún después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, uno de los pregoneros más vehementes que conozco de las transformaciones radicales, dijera con evidente frustración en una entrevista con El País: “Fallé al creer que podía hacer una revolución gobernando”. No. Cuando hablo de hacer más no pienso en acorazados potemkins, palacios de invierno o sierras maestras. Pero tampoco en iniciativas tan tímidas como un púber con acné. Hablo de lo que escucho últimamente en numerosas conversaciones: de si es posible ser más atrevidos. O más recursivos. De no tener tantos miedos paralizantes.
Pienso, por ejemplo, en lo sucedido con Muface, un seguro privado de salud para los funcionarios con un presupuesto de casi dos mil millones de euros y financiado en más de un 80% con fondos públicos. Los cimientos de Muface se pusieron en el franquismo, propenso a conceder privilegios corporativos para afianzar su poder, lo que no impide comprender que muchísimos funcionarios inequívocamente demócratas estén hoy felices con esa cláusula de su contrato. Pues bien: hace un par de meses el sistema estuvo a punto de saltar por los aires porque las aseguradoras privadas dijeron que las condiciones para seguir prestando el servicio no les eran rentables. Hubo quienes instaron al Gobierno a que aprovechara la coyuntura para poner fin a ese modelo. Incluso más de un funcionario se pronunció en ese sentido. “Ningún gobierno progresista, menos aún si quiere considerarse de izquierdas, debería insistir en prolongar los privilegios, en amparar las soluciones individuales frente a las colectivas”, escribió en este diario Rafael Frutos, un alto cargo del INE.
¿Qué hizo el Gobierno? Llegar a un acuerdo con las aseguradoras. Sí, ya sé, no se podía de la noche a la mañana quitar el seguro a 1,5 millones de funcionarios: no solo porque vulneraba derechos adquiridos o por las consecuencias electorales que podría acarrear, sino por los efectos adversos que habría tenido en la ya atascada sanidad pública. Vale, pero, ¿no se hubiera podido hacer algo distinto a seguir engrasando la máquina? ¿Como mínimo, anunciar un plan –así sea a medio o largo plazo– de desmontaje de lo que es, píntese del color que se quiera, un privilegio corporativo y lanzar de pasada un mensaje de respaldo al sistema público de salud? Ignoro si ese habría sido o no el camino adecuado. Son solo preguntas que me asaltan.
Pienso también en la vivienda. De lejos el principal problema de España, según el último barómetro del CIS. Las medidas que se han tomado hasta el momento no dejan de ser parches: el drama para acceder a un techo, sea en propiedad o alquiler, no para de acrecentarse, sobre todo entre la población joven. Los precios son estratosféricos y los salarios se encuentran entre los más bajos de la UE. Se ha vuelto habitual que profesionales que superan la treintena compartan piso, y una de las consecuencias de tan inestable situación es el descenso demográfico. Mientras, la vivienda social solo supone el 20% de los inmuebles de nueva construcción, frente al 60% en los años 80, y no representan hoy más del 3% del total de las viviendas.
Sin necesidad de colectivizar los inmuebles como ocurrió con la mansión del médico Yuri Zhivago, un gobierno progresista puede hacer algo más que intentar contener con medidas de difícil aplicación los desorbitados arriendos en “zonas tensionadas”. Por ejemplo: resucitar con vigor la construcción de vivienda social; gravar el suelo para dotar de mayor músculo financiero a los ayuntamientos, como plantea el experto Alejandro Inurrieta; impulsar iniciativas drásticas que atenúen el impacto perverso del boom del alquiler turístico en los precios de compra o alquiler de pisos en las ciudades; imponer legalmente que las viviendas sociales no se puedan vender nunca en el libre mercado… Es cierto que buena parte de la solución al problema corresponde a las comunidades autónomas, por tener transferidas las competencias; pues entonces que actúen con más audacia las comunidades de signo progresista. Y que el Ejecutivo central deje de lanzar mensajes que no casan con una mentalidad progresista. Por ejemplo, hasta hace apenas dos meses mantuvo la Golden Visa, un cambalache jurídico repugnantemente clasista introducido por Rajoy en 2013 que concedía la residencia en España a quienes compraban inmuebles por un mínimo de 500.000 euros. Y en agosto pasado vendió, por 205 millones de euros, un edificio de oficinas del Ministerio de Hacienda en Madrid a BlackRock, el fondo buitre más poderoso del mundo, que construirá en el inmueble 153 viviendas de lujo y una residencia de estudiantes con 400 camas. Sí, ya, se trató de una subasta pública y el Gobierno obtuvo algo más que el precio de partida. Un buen negocio para las arcas públicas, adujo en su momento. Pero no hay que ser un lince para saber que la operación, por su efecto irradiador, contribuirá a la subida de precios de la vivienda en Madrid. ¿Qué ha debido hacer en este caso un Gobierno progresista para diferenciarse de lo que haría un Gobierno liberal de derechas? No sé. Uno esperaría que cualquier cosa menos premiar a una multinacional depredadora y contribuir de ese modo al agravamiento de un problema que en teoría se pretende combatir.
No estoy llamando a tomar el cielo por asalto, como pretendían poéticamente aquellos estudiantes parisinos de mayo del 68 que, por fortuna, no vivieron la matanza de Tlatelolco del 68 mexicano y esas cosas que ocurren en el tercer mundo. Lo único que pretendo es dejar en el aire la pregunta del título: si un gobierno progresista puede hacer más de lo que hace, incluso reconociendo que hace cosas. He citado para el debate los casos de Muface y la vivienda. Podría haber incluido el de los impuestos a las eléctricas y la banca. O la falta de contundencia en la lucha contra el oligopolio de las grandes constructoras. Por cierto, ¿en qué ha quedado la “mayor multa de la historia” a las seis grandes constructoras, que, según determinó la CNMC en 2021, conspiraron durante un cuarto de siglo para alterar los resultados de las licitaciones de miles de obras civiles en el país?
