Acció Cultural del País Valencià solicita a la instructora que se conserven los datos de las «comunicaciones electrónicas, emitidas o recibidas» desde el Centro de Emergencias de l’Eliana el pasado 29 de octubre
La jueza de la DANA tilda de “inútiles” los consejos de Mazón de buscar refugio en altura dos horas después de la riada
La acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha solicitado a la jueza de la DANA que lleve a cabo una “inspección ocular” del Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana. La petición de diligencias se produce tras la polémica por los cambios de versiones del president Carlos Mazón sobre la hora de su tardía llegada a la sede del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
La representación jurídica de ACPV, en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, considera “esencial verificar in situ” las cámaras de la entrada al edificio y de las estancias interiores, además de los “sistemas de participación en reuniones, vía telemática, y la grabación de las mismas”. La acusación popular también pide que se verifique la información “almacenada en el sistema suministrada por los servicios que participan en la emergencia” y el “sistema que garantice en todo momento la cobertura de red para el funcionamiento de telefonía móvil”.
El president Mazón, además de las versiones contradictorias sobre la hora de su llegada al Cecopi —de “pasadas las 19.00” a la última de las 20.28, según las imágenes de las cámaras de la entrada proporcionadas por la Generalitat— aludió a problemas con la conexión de la red telefónica en el Centro de Emergencias de l’Eliana durante la jornada de la DANA.
El letrado de la acusación popular, Manolo Mata, detalla los diferentes espacios que albergan las instalaciones de l’Eliana, escenario de la cuestionada respuesta a la catástrofe la tarde del pasado 29 de octubre, día de la tragedia.
También pide que la jueza verifique sobre el terreno otros elementos como el Sistema de Gestión Geográfica o los sistemas de localización automática del lugar desde donde se llama al 112, “tanto desde un móvil como de un terminal fijo”, las pantallas que muestran en “tiempo real” la situación de los helicópteros de emergencias o las “múltiples posibilidades de búsqueda a través de callejeros, mapas de carreteras o por topónimos”.
Además, el escrito solicita que se requiera a la Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, que identifique las empresas contratadas para que conserven los datos de las “comunicaciones electrónicas, emitidas o recibidas” desde el centro de l’Eliana entre las 06.00 y las 00.00 del 30 de octubre.
Las instalaciones, de titularidad autonómica, disponen de un sistema de comunicaciones —el ‘CoordCom’, una suerte de ‘caja negra’— que registra las decisiones operativas en la emergencia y que incluye “elementos y equipos audiovisuales”, tal como informó este diario.
Por otro lado, la acusación popular propone a la instructora que solicite al Consell la relación de puestos de trabajo de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que especifique las tareas y la formación de los empleados y que indique “aquellos que estuvieron presentes” en el Centro de Emergencias el 29 de octubre.
Las “medidas de control” de la Generalitat en el barranco del Poyo
La acusación popular también alude a la nota interna, firmada pocas horas antes de la DANA por el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis Ferraz, desvelada por este periódico, en la que reconocía que el seguimiento de los caudales de ríos y barrancos también era responsabilidad de la Generalitat, según el Plan Especial de Inundaciones. Así, el escrito solicita que se requiera un informe sobre las “medidas de control del barranco del Poyo” y las “acciones desarrolladas y el momento en que finalizaron”.
La representación jurídica de Acció Cultural del País Valencià también pide que se solicite a la Conselleria de Emergencias la información remitida a los ayuntamientos y a la Diputación de Valencia sobre la crecida del barranco del Poyo, a tenor de la alerta hidrológica emitida a las 12.20 del día de autos.
El escrito recuerda que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, colgó un mensaje en su cuenta de X la misma mañana de la DANA en el que pedía “mucha precaución” a los vecinos de los municipios por donde discurre el río Magro y el barranco del Poyo. Por ello, la acusación popular también pide que se requiera al departamento que dirige actualmente el conseller Valderrama la información sobre las “medidas complementarias adoptadas, al margen del tuit, para evitar daños personales en esas poblaciones”.
ACPV también propone que se pida a Emergencias la actualización del Plan Especial de Inundaciones activado el pasado 24 de octubre, cinco días antes de la DANA.
