El Tribunal Superior madrileño y el Supremo confirman que la Comunidad de Madrid debe pagar 8.000 euros a al menos 36 sanitarios de atención primaria de centros de toda la región por no proteger su salud laboral al menos hasta 2022
Archivo – La justicia ratifica la condena a la Comunidad de Madrid por no proteger la salud laboral de los médicos
Los tribunales ratifican que los sanitarios de atención primaria de la Comunidad de Madrid han sufrido sobrecarga de trabajo durante años. Desde Valdemoro hasta Cercedilla, sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y autos del Supremo confirman que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso debe indemnizar con 8.000 euros por cabeza a un total de 36 médicos de familia por cómo la situación de la sanidad pública madrileña hasta 2022 afectó a su salud laboral. Las resoluciones judiciales relatan cómo la Consejería llegó a alegar sin éxito que la huelga de médicos de 2022 impidió a la Administración cumplir con su obligación en materia de prevención de riesgos laborales.
Las quejas que los profesionales de la sanidad pública de Madrid llevan años exponiendo en las calles a través de la ‘Marea Blanca‘ se materializaron en una demanda ante los tribunales en 2020 por la asociación Atención Primaria Se Mueve. La salud y la integridad física de los sanitarios de la región, explicaba, estaba en riesgo por falta de medios y de planes de prevención de riesgos laborales. En centros de salud de toda la ciudad pero también de distintos municipios de la Comunidad.
El resultado fue una sentencia del Tribunal Supremo que estableció en firme que la Comunidad de Madrid y su Consejería de Sanidad, durante años, habían vulnerado los derechos de los trabajadores de atención primaria. Estimó en parte el recurso de la administración regional y rechazó obligar a la Consejería a hacer un plan de prevención de riesgos laborales o establecer cuotas de pacientes, pero mantuvo el resto de pronunciamientos: “La Comunidad de Madrid vulnera los derechos de los médicos de atención primaria y pediatras en materia de integridad física y salud al no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en su centro de trabajo e incumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales”.
Las demandas individuales de facultativos de familia y atención primaria por sus condiciones en esos años llegaron en cascada y, según ha podido comprobar elDiario.es, los tribunales han resuelto al menos 39 a favor de sus reclamaciones. Condenas idénticas a la Consejería de Sanidad a indemnizar con 8.000 euros a cada uno de ellos por “daños y perjuicios morales”, cantidades mayores en los casos en los que se han conseguido probar perjuicios adicionales, por ejemplo médicos que tuvieron que coger una baja por ansiedad.
La inmensa mayoría de estas sentencias han sido dictadas por el TSJM, que en ocasiones ha rebajado las indemnizaciones iniciales de más de 20.000 euros establecidas por juzgados de lo social, y dos de ellas han sido ratificadas por autos del Supremo que rechazan volver a aumentar esas cantidades. Fuentes del caso explican a elDiario.es que hay decenas de casos más pendientes de resolución por parte del tribunal.
Las resoluciones judiciales que reconocen esa sobrecarga de trabajo afectan a centros de salud de toda la ciudad: Vallecas, Argüelles, Ciudad Lineal, Moncloa, Pacífico, Moratalaz, Villaverde, Carabanchel, Ventilla y Ventas. Pero también en otras localidades de la región: Valdemoro, Leganés, Getafe, Cercedilla, Torrejón de Ardoz, Navalcarnero, Alcorcón y Fuenlabrada. Y en el hospital Gregorio Marañón de la capital.
Las indemnizaciones, entre todas, rozan los 300.000 euros, y muchos de los casos ya han sido declarados firmes y los médicos han cobrado esas cantidades. El último caso resuelto por el Tribunal Superior de Madrid a favor de los sanitarios es el de una médico de familia en el centro de salud ‘Parque Loranca’ de Fuenlabrada, una de las ciudades más pobladas del sur.
Requerimientos de la Inspección de Trabajo
La Comunidad de Madrid, a lo largo del proceso, intentó justificar la situación de la sanidad pública y su atención primaria en que la normativa de prevención de riesgos laborales estaba vigente desde 2019, pero que la pandemia “impidió desplegar su actividad preventiva”. Algo que han descartado los jueces: “Es notorio que la situación de la pandemia evolucionó positivamente durante el año 2022 y 2023”, contestó el TSJM.
La administración que dirige Isabel Díaz Ayuso alegó además que la huelga de médicos de finales de 2022 también impidió desarrollar correctamente esa prevención de riesgos laborales. Los jueces explican que “no es relevante” y destacan que, precisamente, esa huelga “estaba asociada de forma indisoluble al mencionado incumplimiento de las obligaciones”. Unas protestas que incluyeron encierros en la Consejería de Sanidad y que fueron desconvocadas en marzo de 2023 tras llegar a un acuerdo con el departamento que dirigía entonces Enrique Ruiz Escudero.
Estas sentencias también reflejan que la Inspección de Trabajo hizo varios requerimientos a la Comunidad de Madrid desde noviembre de 2022 hasta enero de 2023, constatando en un momento dado el “incumplimiento” de la Administración regional con sus obligaciones a este respecto. La Consejería alegó que en ese plazo había “elaborado manuales y acometido medidas divulgativas en relación a prevención de riesgos laborales” y en concreto en los centros de salud.
Varios casos de profesionales de atención primaria se encuentran paralizados a la espera de la resolución de un nuevo pleito entre la Consejería, que hoy dirige Fátima Matute, y los sindicatos por el estado actual de la prevención de riesgos laborales en la región. El próximo 10 de abril tendrá lugar una nueva vista judicial en el TSJ de Madrid para dilucidar la existencia y validez de ese protocolo.
Desde la Comunidad de Madrid defienden que existe desde 2019, que la pandemia obstaculizó su plena implementación y que, en la actualidad, la disposición de la administración regional a que el plan de riesgos laborales funcione a pleno rendimiento es total, manteniendo negociaciones con los representantes de los trabajadores.
