El Consejo de Europa pide una solución «urgente» e indica que las administraciones no pueden «subcontratar» la responsabilidad de garantizar el suministro de energía en empresas privadas
4.500 personas afrontan el quinto invierno sin luz en la Cañada Real de Madrid
En octubre de 2020 se apagó la luz en una parte del mayor asentamiento irregular de España, la Cañada Real. Desde entonces más de 4.500 personas de los sectores 5 y 6 tratan de sobrevivir sin suministro eléctrico. El Consejo de Europa ha confirmado esta semana un fallo contundente contra España por la vulneración de los derechos humanos en la Cañada Real. La resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) confirma que los cortes de luz prolongados constituyen una violación de, al menos, siete artículos de la Carta Social Europea, que protege el derecho a una vivienda adecuada y a condiciones de vida dignas, y pide a todas las administraciones una solución “urgente”.
Según el fallo del comité, “las condiciones de vida en la Cañada Real no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad, especialmente en los meses más fríos, con temperaturas dentro de las viviendas por debajo de los 10 grados centígrados en invierno y por encima de los 40 en verano”. Además, el informe recoge que “en ausencia de electricidad, los afectados han tenido que recurrir a fuentes de energía alternativas como generadores de diésel, estufas de leña y paneles solares de segunda mano, lo que ha provocado incendios y accidentes graves”.
La decisión no tiene precedentes, dado que nunca se habían vinculado los derechos sociales con la energía y deja claro que el Estado debe garantizar el suministro de electricidad por encima de los intereses de cualquier empresa privada, en este caso Naturgy. María López, portavoz de la plataforma cívica por la luz en Cañada Real, califica la decisión como “histórica”,
Más de cuatro años en la oscuridad
La empresa Naturgy cortó el suministro a miles de personas alegando sobrecargas en la red provocadas por enganches ilegales y el cultivo de marihuana en la zona. Es el mismo argumento que ha esgrimido el Gobierno de España para defenderse ante el comité europeo. Sin embargo, los vecinos han denunciado reiteradamente que la mayoría de las familias afectadas son ajenas a estas prácticas y que se les ha privado de un derecho básico sin alternativas viables.
La falta de electricidad ha supuesto un deterioro drástico de las condiciones de vida de los afectados, especialmente para los 1.800 menores de edad que viven en la zona. Sin calefacción ni agua caliente, muchas familias han recurrido a estufas de gas y generadores, lo que ya ha provocado varios episodios de incendios e intoxicaciones. Además, los niños en edad escolar sufren graves dificultades para acceder a la educación sin luz para estudiar o acceso a dispositivos electrónicos cargados.
Ese, el de la falta de luz, no es el único problema que enfrentan los vecinos: los derribos de viviendas o el vertido de escombros en la zona arrinconan todavía más a la población de la Cañada Real. En 2021, por ejemplo, se llevó a cabo la demolición de una vivienda habitada por una familia con tres hijos menores, sin que se agotaran las vías legales pertinentes ni se ofreciera una alternativa habitacional adecuada. Por ese motivo se ha cursado una denuncia contra altos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid en que la Fiscalía les pide 10 años de prisión.
La decisión del Consejo de Europa
El Comité Europeo de Derechos Sociales considera que España ha incumplido sus obligaciones en materia de acceso a una vivienda adecuada, salud y bienestar infantil. Según el fallo, la administración ha fracasado en garantizar unos estándares mínimos de vida para las familias afectadas y no ha tomado medidas suficientes para restablecer el suministro o encontrar soluciones alternativas.
El informe subraya que la energía es un servicio esencial y que su privación prolongada compromete derechos fundamentales. Además, denuncia que los planes de realojo propuestos por la Comunidad de Madrid han sido insuficientes y han dejado a cientos de familias en un limbo administrativo. “El Estado español ha fallado en su deber de proteger a los residentes de Cañada Real contra la pobreza y la exclusión social, al no tomar medidas efectivas dentro de un marco coordinado”, señala el documento del Consejo de Europa.
La sentencia, inédita hasta la fecha, también subraya que “el tiempo estimado para el realojo completo de los afectados es excesivamente largo desde el inicio de los cortes, lo que prolonga la situación de vulnerabilidad y exclusión”.
Desde el Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid afirman que “la única vía que garantiza el acceso a una vivienda digna y adecuada a los residentes en la Cañada Real es el realojo”. El consistorio sostiene que esta medida “no es cuestionada” por la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales. Asimismo, fuentes del área afirman que “respetan, como no puede ser de otra manera, la decisión del Comité”, pero recalcan que “el fallo no obliga a las administraciones públicas españolas al restablecimiento del suministro eléctrico, sino a realizar actuaciones que garanticen el acceso efectivo a una vivienda de calidad”.
Según el consistorio, en 2024 “el Estado tomó conciencia de que debía ser parte activa de la solución de la Cañada Real” y se planteó incorporarse a los realojos con una aportación a través del Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada, firmado en abril de ese año por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Rivas. Dicho plan contempla una inversión de 330 millones de euros en los realojos durante 10 años (2024-2034), repartidos de la siguiente manera: 110 millones del Estado, 110 millones de la Comunidad de Madrid y 110 millones a dividir entre Rivas y Madrid, según la proporción de familias afectadas.
Reacciones a la condena europea
El fallo ha sido recibido con satisfacción por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales. Amnistía Internacional ha celebrado la decisión y ha instado a las administraciones a cumplir con sus obligaciones y restablecer de inmediato el suministro eléctrico. “Este fallo es una victoria para los derechos humanos y deja en evidencia el abandono institucional que han sufrido estas familias”, ha declarado la organización en un comunicado.
El Defensor del Pueblo también pidió el lunes pasado, tras una reunión con representantes de la Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real, una solución inmediata a la “emergencia humanitaria” que se vive en la zona. Ángel Gabilondo también recordó que en el año 2020 ya solicitó medidas urgentes tanto a la Delegación del Gobierno como a la Comunidad de Madrid para garantizar el acceso a la electricidad. Además, denunció las declaraciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque consideraba que se había abordado el tema con “ligereza”, “falta de mesura” y “aporofobia”.
En el plano político, Rita Maestre, líder de Más Madrid en el Ayuntamiento, aseguró que desde la firma del Pacto Regional por la Cañada Real en 2017 las administraciones implicadas no solo han incumplido sus obligaciones, sino que “parecen estar forzando la expulsión de estos residentes”. Por su parte, la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, insistió en la necesidad de una nueva Estrategia de Inclusión para el pueblo gitano en 2025, ante la persistente discriminación en educación, empleo y vivienda.
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, defendió este miércoles la actuación de la Comunidad tras la condena del Consejo de Europa. “Desde la Comunidad llevamos muchísimo tiempo comprometidos y trabajando en el marco de nuestras competencias, que son los de vivienda y realojo. Somos la administración que más recursos hemos aportado”, afirmó tras el Consejo de Gobierno. Además, criticó la “falta de acción” por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, responsabilizándola de no abordar el problema de seguridad y drogas en la zona, que, según García, es competencia de la Administración General del Estado.
El ministro de Derechos Sociales del Gobierno de España, Pablo Bustinduy, se reunió también con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para coordinar medidas urgentes que restablezcan el suministro eléctrico en la Cañada Real. Tras el encuentro, Bustinduy destacó la necesidad de una “acción conjunta entre administraciones” y la reactivación del Grupo de Trabajo Interministerial para abordar esta crisis y que se trata de un problema “humanitario”.
La condena del Consejo de Europa marca un punto de inflexión en la crisis de la Cañada Real, al reconocer la privación prolongada de electricidad como una vulneración de derechos fundamentales. El Estado, que reconoce la autoridad del comité, está obligado ahora a actuar para garantizar que todas las administraciones con competencias velan para encontrar una solución a una crisis humanitaria que hace más de cuatro años que dura.
