La administración autonómica, que el año pasado paralizó las expropiaciones por orden de un juez, culmina la toma de posesión de los terrenos de la polémica instalación, cuya ubicación ha sido recurrida por vecinos y propietarios ante los tribunales
Los vecinos de Málaga que desafían a la Junta de Andalucía para evitar una depuradora en una vega de naranjos
Los terrenos de Vega Mestanza, unas 13 hectáreas (130.000 metros cuadrados) en Málaga capital hasta ahora dedicadas al cultivo de mandarinas, naranjas y limones, ya son de la Junta de Andalucía.
El Gobierno de Juan Manuel Moreno tiene decidido instalar allí la gran depuradora que se necesita para tratar las aguas residuales de los municipios al norte de la ciudad y, de paso, zanjar la multa de 634.000 euros que la Comisión Europea le impone cada seis meses por la falta de depuración en esta aglomeración urbana.
El primer paso es culminar la expropiación de los terrenos de unos 150 propietarios, en su mayoría tenedores de pequeñas parcelas de cítricos. Y ese es el paso que ya está dando esta semana. Fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural confirman la expropiación formal de los terrenos alegando que la depuradora está catalogada como obra de interés general de la comunidad andaluza.
El consejero del ramo, Ramón Fernández Pachecho, volvió a estudiar hace un año todas las ubicaciones posibles y los técnicos insistieron en que el emplazamiento elegido es el idóneo. El coste de la expropiación para las arcas públicas se aproxima al millón de euros. La Junta ha ajustado el precio del metro cuadrado a lo que marca la Junta Provincial de Arbitraje, pero varía en función del municipio en el que se encuentre. Los dueños de las parcelas expropiadas tienen ahora dos opciones: o aceptan el dinero o acuden a la Junta de Arbitraje a reclamar.
75.000 metros cúbicos
La futura depuradora recogerá unos 75.000 metros cúbicos (ampliables a 125.000) procedentes de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Torremolinos y un par de barrios de Málaga (Campanillas, Santa Rosalía), dando servicio a unas 600.000 personas. La obra fue adjudicada por 106,5 millones de euros a una unión de empresas (Sando, Dinotec y Aquambiente) y la actuación tiene un presupuesto total de 138 millones con cargo al canon autonómico de mejora de infraestructuras hidráulicas.
Para reducir su impacto, la Junta ya modificó el proyecto hace un par de años, tras ser denunciada ante los tribunales. Redujo su extensión, de 20,8 a 13 hectáreas, paradójicamente sin menguar su capacidad de tratamiento. Pero la modificación no es suficiente para quienes se oponen. Muchos de ellos se han unido en una asociación que lleva años pleiteando para lograr la reubicación de la futura instalación.
Alegan que la actuación destrozará un paisaje histórico, que no se ha justificado por qué esta es la mejor ubicación, que es cinco veces más cara que otras alternativas y que el terreno es zona inundable, como volvió a quedar demostrado con las lluvias torrenciales del pasado otoño. Hasta ahora, nada ha servido.
Acta de ocupación y rechazo en Bruselas
El último jarro de agua fría lo recibieron el pasado lunes por partida doble. Acudieron por turnos a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, llevando DNI y título de propiedad, y allí les dijeron, uno a uno, que el terreno pasaba a ser de la administración, previo levantamiento del acta previa de “urgente ocupación”. Ese acta supone, en términos administrativos, que la expropiación ya se ha formalizado y que en las próximas semanas la Junta irá a vallar el terreno y a hacer las primeras catas.
“Nos dijeron que con este acto la Junta ya había tomado posesión y actuaría cuando creyera oportuno”, cuenta por teléfono Mari Carmen Mestanza. También les avanzaron que les queda otra cita para el pago del justiprecio, a seis euros el metro cuadrado. “No queremos ni seis ni 26, queremos seguir aquí y que no talen los árboles”. Unos 20.000 árboles pasarán por la motosierra, según sus cálculos.
Marcelino Abraira, abogado de la asociación, resta valor a la expropiación. “No tiene valor ninguno porque están supeditadas a lo que digan las sentencias. Si mañana nos dan la razón, ¿qué pasa?”, se pregunta, aludiendo a los pleitos que ha interpuesto contra el proyecto, aún pendientes de resolver.
El segundo mazazo vino de Bruselas. El mismo lunes se pronunció la Comisión Europea para decir que no tiene suficiente información para pronunciarse sobre el caso. El Ejecutivo comunitario había sido interpelado por la eurodiputada socialista Lina Gálvez, que quería saber si la construcción de la depuradora de aguas residuales en una zona agrícola inundable se alinea con la normativa y con los objetivos comunitarios en materia de riesgos, agricultura ecológica y restauración de sistemas agrícolas y zonas arbóreas.
En su respuesta, la comisaria Jessica Roswall subraya que este tipo de instalaciones deben contar con una evaluación de impacto sobre el paisaje o los riesgos de accidentes graves, y deriva el asunto a los tribunales nacionales, aunque se muestra abierta a “recibir más información sobre el proyecto y los procedimientos judiciales”.
Terreno inundable
Hasta ahora, nada ha detenido los planes de la administración, que tiene este proyecto sobre la mesa desde hace más de 15 años. Los alcaldes acordaron en el pasado ubicar la instalación en esta zona al noroeste de Málaga capital y, aunque después han mostrado en privado sus dudas de que sea la mejor ubicación, de ahí no se han movido.
La Junta de Andalucía desestimó en noviembre las más de 500 alegaciones al proyecto de los vecinos y propietarios. Según la Junta, el valor ambiental, paisajístico y agrícola de los terrenos es mínimo. Además, hace más de 15 años que el PGOU de Málaga contempla esta ubicación y descartó las alternativas, entre ellas la parcela junto a la actual depuradora de la capital. El Gobierno andaluz cree que el impacto sobre la biodiversidad en la zona, junto a la desembocadura del Guadalhorce (zona de especial conservación), quedaría compensado porque la depuradora va a limpiar, al fin, las aguas residuales que todavía se vierten sin tratar al río, unos 5.900 millones de litros al año
Respecto a la inundabilidad de los terrenos, la administración dice que es lo normal. “Debido a la tipología de este tipo de actuaciones, a la orografía y a la ubicación de los puntos de vertido que se quieren recoger (siempre en cotas bajas y próximos a cauces públicos), este tipo de infraestructuras, en muchos casos, están afectadas por la inundabilidad de los mismos cauces a los que vierten el agua ya depurada”.
El artículo 14 bis del Reglamento Hidráulico prohíbe la instalación de instalaciones sensibles, como depuradoras, en zonas inundables salvo que se certifique que no hay alternativa. La zona está catalogada como inundable de “alta probabilidad” en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. Es decir, las inundaciones tienen una frecuencia previsible inferior a diez años. Los vecinos tienen un informe ambiental que la califica como “zona prácticamente de cauce activo de forma frecuentísima, cuando no casi anual”.
En rojo, la zona de «alta inundabilidad» en Vega Mestanza. La cruz representa el punto donde se ubica el mirador «El balcón de Mestanza»
El pasado 30 de octubre, el desbordamiento del Guadalhorce volvió a ofrecer un ejemplo: las lluvias de aquel día, que causaron destrozos río arriba (en Valle de Abalajís, Pizarra, Álora y Cártama) se remansó al llegar a Vega Mestanza, 70 hectáreas de frutales que esponjan el caudal sobrante. Aquel día, las mandarinas tocaban el agua. La cota y la velocidad subirá cuando en mitad del terreno se coloque una isla de 30.000 metros cuadrados de superficie y cinco metros de altura.
El 7 de noviembre, apenas una semana del primer episodio de inundaciones, Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz, recordó en Canal Sur que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) ya prevé que en las zonas inundables “no se puede construir”. Sin embargo, no parece que vaya a aplicarse a Vega Mestanza. “Esta obra cuenta con toda la tramitación ambiental. Lo que supone un atentado ambiental es no depurar las aguas”, había replicado el consejero Ramón Fernández-Pacheco, cuando le preguntaron, días antes, por esta obra.
Recursos ante los tribunales
La única esperanza de los vecinos está puesta en los tribunales. Un juzgado estudia el recurso contra el anteproyecto original, que no analizaba las alternativas. Además, el 30 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) paralizó de forma cautelarísima las expropiaciones. Sin embargo, tres días después levantó la medida y el proceso se retomó. El abogado ha recurrido también ese levantamiento, lo que podría paralizar de nuevo las expropiaciones.
En paralelo, la asociación mantiene abiertos media docena de pleitos contenciosos, y ha presentado una querella en vía penal contra responsables técnicos y políticos del proyecto. “La ubicación en el PGOU de Málaga es nula de pleno derecho,”, subraya Abraira, el abogado de la asociación.
La otra vía es la pura insistencia personal de los vecinos y, en particular, de Mari Carmen Mestanza, quien acumula años de lucha incansable contra el proyecto. Como decenas de los expropiados, ella es descendiente directa de la familia que compró la vega hace un siglo y aún le da nombre. Ha perdido la cuenta de a cuántos plenos de los Ayuntamientos de Málaga y Alhaurín de la Torre ha acudido, de cuántos mítines se ha tragado, de a cuántos políticos, periodistas, asociaciones, académicos y ciudadanos ha invitado a lo que ella llama “el balcón de Mestanza”: un terreno en alto desde el que se divisa en toda su extensión la vega de frutales y, ya al fondo, el aeropuerto.
Hace apenas una semana lo volvió a intentar: se plantó a la puerta de la Subdelegación del Gobierno con una naranja en la mano para María Jesús Montero. Pese a su intento por zafarse, el despliegue policial impidió que le entregara la fruta e invitara a la ministra, que salió en coche, al balcón sobre la vega de frutales amenazada por la depuradora.
