Tanto si el Congreso aprueba la propuesta para delegar competencias a la Generalitat como si no, la normativa referente a inmigración en Catalunya es la que fija el Estado, igual que para el resto de comunidades autónomas
El Gobierno apacigua a Junts con la gestión compartida de la inmigración en Catalunya
El alcalde de Cabrera de Mar, Òscar Fernàndez, uno de los jóvenes con mayor proyección en Junts, se felicitaba así en X por el acuerdo alcanzado entre su partido y el PSOE en materia de inmigración: “Catalunya tendrá las competencias en inmigración, control de fronteras por parte de mossos, gestión de expulsiones de quienes quieren venir a delinquir y capacidad de gestionar los NIE”.
Para comenzar, Catalunya no tendrá competencias en inmigración. Se le delegarán y deberá gestionarlas en base a la normativa estatal. El control de fronteras no dependerá de Mossos sino que se ejercerá de manera conjunta con Guardia Civil y Policía Nacional, sin que cambien las competencias de ninguno de ellos. Respecto a “la gestión de las expulsiones de quienes quieren venir a delinquir”, más allá de las connotaciones estigmatizantes hacia el conjunto de migrantes, la Generalitat no tendrá la última palabra de ninguna expulsión. Sobre la gestión de los NIE, será puramente la tramitación de estos documentos.
Vayamos a un ejemplo concreto. La Generalitat gestionará el CIE situado en la Zona Franca de Barcelona, un centro de internamiento para inmigrantes cuyas condiciones ahora son indignas. Podrá gestionarlo pero no podrá cerrarlo porque esa decisión, reclamada reiteradamente por oenegés e incluso la mayoría del Parlament (hasta Junts llegó a pedirlo en febrero del 2021, con foto y pancarta incluidas), seguirá siendo potestad del Ministerio del Interior. Ni siquiera se podrá cambiar su funcionamiento interno, pues seguirá rigiendo la normativa estatal aprobada en 2014 cuando el ministro era Jorge Fernández Díaz.
Otro dato aclaratorio: las expulsiones. La Generalitat podrá abrir expedientes de expulsión, podrá instruirlos e incluso podrá llegar a elaborar la propuesta de resolución. Pero la última palabra la tendrá el Ministerio del Interior, que, eso sí, deberá guiarse por los criterios de la Junta de Seguridad, un ámbito mixto entre Interior y el Govern que ya existía. La Generalitat únicamente podrá devolver a los inmigrantes que ya tengan prohibida la entrada en España o personas interceptadas en frontera, dos casos marginales en Catalunya.
Por lo tanto, el acuerdo no desmantela el Estado, como denuncia el PP ni es una humillación sin precedentes, como añadió su líder, Alberto Núñez Feijóo. Leyendo el texto del acuerdo (¿lo han leído sus críticos?) ni siquiera puede decirse que se quiebre la política migratoria, porque la Generalitat se limitará a gestionar las normas que tendrán todas las comunidades. Solo hay que observar que en hasta 10 artículos de la norma, los principales, se repite la siguiente fórmula: “Se delega en la Comunidad Autónoma de Catalunya la ejecución de la normativa del Estado en materia de…”.
Puede parecer una obviedad pero quienes deberán ejecutar el acuerdo son el Gobierno central y la Generalitat y, hoy por hoy, Pedro Sánchez y Salvador Illa. O para ser exactos, sus responsables de Interior, Fernando Grande-Marlaska y Núria Parlón. Decir que se han entregado las políticas de migración a Junts es simplemente falso. Incluso en el caso de que el partido de Puigdemont volviera al Palau de la Generalitat, la normativa que debería aplicar sería la estatal y, al ser una delegación y no un traspaso, el Congreso podría revertir la norma si considerase que se está vulnerando.
Puigdemont puede presumir de haberse apuntado un tanto al haber conseguido que el PSOE se avenga a delegar competencias a la Generalitat y arrogarse la capacidad de mejorar el autogobierno de Catalunya estando en la oposición. Una vez más ha hecho valer sus votos hasta donde ha podido y al tratarse de un ámbito tan sensible como la inmigración intenta frenar las fugas de votos hacia Aliança Catalana.
Pero tanto si el Congreso acaba aprobando la proposición de ley acordada entre socialistas y Junts, algo que no está nada claro que acabe pasando porque Podemos ha avisado de que no se den por hechos sus votos, como si finalmente logran sacarla adelante, las políticas en inmigración las fijará el Estado, igual que en el resto de comunidades autónomas.
El PSOE ha conseguido apaciguar a Junts. Al menos hasta la próxima. Pero se ha dejado más pelos en la gatera.
