Que el ruido, la manipulación y el cálculo político se hayan impuesto a la responsabilidad en Feijóo no justifica que el PSOE y Sánchez hayan asumido el marco identitario y antiinmigración de Junts y callen ante su intención de “catalanizar” a los migrantes
Claves del pacto PSOE-Junts: Catalunya no podrá imponer sus requisitos para dar permisos o devolver a inmigrantes
La velocidad y el ruido se han impuesto a la profundidad en la conversación política, la manipulación a la reflexión y el cálculo político a la verdad. Sólo así se entiende que Feijóo hable del pacto en materia migratoria firmado entre el PSOE y Junts como “la cesión más grave que hemos vivido en la historia constitucional”, un artefacto que “compromete la seguridad nacional” o un atentado contra la “unidad de la nación”.
Si el PP no hubiera utilizado estos o parecidos términos contra la amnistía, los indultos, los acuerdos de investidura que auparon a Pedro Sánchez al Gobierno o la negociación con ETA que puso fin al terrorismo, uno se detendría ante la inquietante admonición del líder de la oposición. Sin embargo, han sido tantos los augurios fallidos, los avisos catastróficos y las recurrentes hipérboles que las palabras de Feijóo ya no son ni tenidas en cuenta. Cuando todo es apocalíptico nada es apocalíptico.
España es irrompible como demuestra su historia reciente y remota, y la ley que delega competencias en materia de inmigración no compromete la seguridad nacional ni atenta contra la unidad de la nación. Más allá de la propaganda de unos y otros o de la anomalía de que sea un partido que no gobierna quien negocie la delegación de competencias para la Generalitat, la verdad está en el texto registrado en el Congreso de los Diputados.
Y en esa proposición de ley orgánica de delegación de competencias estatales no hay ningún artículo que diga que el Govern podrá dictar su propia política migratoria. Tampoco que entre sus funciones vaya a estar el control integral de las fronteras. Y mucho menos que pueda cambiar los requisitos por los que actualmente se conceden los permisos de residencia o se deciden las expulsiones de extranjeros. Todo remite a la legislación estatal y a la cooperación y coordinación entre administraciones.
Lo que inquieta no es el articulado sino una exposición de motivos que asume el marco identitario y antiinmigración de un Junts que mira de reojo el avance de la ultraderechista Aliança Catalana. Que la firma del PSOE aparezca al lado de la de los junteros en un texto que alerta “del riesgo para la convivencia” y “el impacto sobre la lengua catalana” ante la llegada de extranjeros entierra los más elementales principios de la socialdemocracia y además contradice el discurso migratorio del Gobierno de Sánchez en la UE y en España.
Si lo firmado hubiera llevado la rúbrica del PP y Vox, en lugar de la de Junts y el PSOE, la izquierda hubiera puesto con razón el grito en el cielo, como ha hecho en este caso sólo Podemos. Más grave aún es que el Gobierno y los socialistas callen en unos casos y esquiven el debate en otros ante el propósito de los de Puigdemont de fijar por ley el grado de “catalanidad” de los extranjeros y así elevar el nivel de exigencia de la lengua catalana para obtener los permisos de residencia.
Cuando se trata de defender los derechos humanos, el silencio no sólo no es una opción, sino que habla mal de un gobierno cuyo presidente decía hace unos meses que acoger al que viene de fuera es un deber y es un paso para garantizar el Estado de Bienestar.
Sánchez, y no el PP, era quien reivindicaba la política migratoria “humanitaria y responsable” y anunciaba en octubre pasado en el Congreso de los Diputados medidas para mejorar la integración de los migrantes e impulsar su contribución frente al reto demográfico. “España tiene tanto la necesidad como la capacidad de integrar”, sostenía al tiempo que hablaba de “un modelo español de éxito”. O son setas o son rolex.
Esta vez no ha sido sólo Emiliano García Page quien ha clamado contra lo firmado. En la mesa del Consejo de Ministros hay también unos cuantos abochornados. La diferencia es que uno lo hace en público y los otros, sólo en privado. Pero todos coinciden en la gravedad de normalizar la anormalidad y en que la historia ha demostrado la fragilidad de los derechos humanos, y cómo, en ausencia de un marco político sólido, la vida humana puede volverse prescindible sin necesidad de proclamar el odio. Basta con que una sociedad, un partido o un gobierno se muestren incapaces de reflexionar críticamente sobre las consecuencias de sus actos.
De esto hablamos, de pensamiento crítico, de responsabilidad y de un compromiso activo con la verdad que reconozca que en estos tiempos es tan importante el texto como el envoltorio. El articulado podrá ser impecable constitucionalmente, pero la exposición de motivos y el relato posterior difundido por los neoconvergentes es infame, y Sánchez y el PSOE no deberían guardar silencio tan solo porque total, ya veremos si la ley sale adelante, con qué votos y, además, será Salvador Illa será quien gestione las competencias.
