Arganda del Rey: cuando los corruptos de la Gürtel mandaban más que el alcalde

La huella de la corrupción es indeleble en la localidad madrileña de Arganda del Rey. Las grúas, camiones y excavadoras son perfectamente visibles desde la autovía y marcan con precisión el punto en el que la trama Gürtel tomó el consistorio al asalto y condicionó el futuro de la ciudad durante décadas. Edificios aún por construir coronan la parcela UE-124, el mayor pelotazo de la larga trayectoria de la trama Gürtel perpetrado en 2006 y que estos días se juzga en la Audiencia Nacional con empresarios y políticos reconociendo que, en esos años, ellos mandaban más que el propio ayuntamiento. “En Arganda era vox populi”, dice el actual alcalde, del PP, Alberto Escribano, que tenía entonces cinco años.

Eran los años felices de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid a principios del nuevo siglo. Francisco Correa y los suyos cruzaban la región saltando de ayuntamiento en ayuntamiento y allí donde gobernaba el Partido Popular establecían una sucursal en la que amañar contratos y pagar y cobrar comisiones o hacer regalos a quien hiciera falta. Este proceder se repitió, según los tribunales, en Madrid, Majadahonda, Pozuelo y Boadilla, pero también en Arganda del Rey. Se trata de un municipio con aires de pueblo de casi 60.000 habitantes y que a finales de los años 90 del siglo pasado tenía una parcela que prometía un negocio millonario solo al alcance de quien pudiera torcer a voluntad el criterio del ayuntamiento.

El caso Gürtel estalló hace más de 15 años y, a día de hoy, con muchas condenas firmes y pocas ramas por sentenciar, los cabecillas se han entregado a la estrategia de reconocer los hechos y evitar pasar el resto de sus días en la cárcel. Francisco Correa lleva varios juicios confesando la corrupción que desplegó a lo largo y ancho de la región de la mano del PP y en estas semanas ha llegado el turno de los cargos públicos que le ayudaron.

Especialmente claro fue en su confesión Benjamín Martín Vasco, exdiputado del partido en la Asamblea y en ese momento alto cargo del departamento que gestionaba el pastel del suelo urbanizable: la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey. El objetivo era “reducir al máximo el control de la oposición y la Intervención” y, en la práctica, crear un “ayuntamiento paralelo” para hacer y deshacer sin problemas. Al otro lado del cuadrilátero, el constructor y expresidente del Real Madrid, Fernando Martín (Martinsa), ha confesado también que aquella operación se selló con una comisión de 25 millones de euros para Francisco Correa.

Siguiendo el guion habitual, Martín Vasco y el alcalde Ginés López se llevaron cientos de miles de euros. En un municipio en el que todo el mundo se pone cara, han pasado dos décadas para que el entonces regidor del PP sea claro. “Pido perdón y muestro mi arrepentimiento por cuantos perjuicios haya podido causar en el ejercicio de mis responsabilidades en el Ayuntamiento de Arganda del Rey”, dice su carta de confesión para buscar una condena más benevolente.

Casas y comisiones en Arganda

La historia de la parcela UE-124 de Arganda del Rey es la historia de cómo la corrupción se abre paso gracias a la confianza. El PP llegó al poder en la localidad en 2003 después de casi dos décadas de dominio progresista con Izquierda Unida en el poder local. Para cuando se produjo la victoria electoral del candidato del PP, Ginés López, hacía un año y medio que el empresario Fernando Martín había echado el ojo a la denominada “unidad de ejecución 124”. Martín veía un negocio claro detrás de ese nombre tan críptico. 

Francisco Correa llevaba años entrando y saliendo de Génova como uno más, organizando los actos y campañas del partido en la época de Aznar. La sede del PP madrileño está en la primera planta del cuartel general de los conservadores y el partido en Madrid no tenía secretos para el empresario. Cuando el PP ganó en Arganda, en 2003, Fernando Martín recibió un mensaje de parte de Francisco Correa: “Si no se pagaba, no se tenía”. Esas son las palabras que utilizó Martín el pasado martes en el juicio de Gürtel por la pieza de Arganda.

A finales de 2003 o principios de 2004 Correa y Martín se reunieron en el Hotel Fénix Gran Meliá de Madrid y acordaron que el primero haría uso de sus “contactos políticos” para que Martinsa construyera en Arganda. La comisión quedó por determinar. Fueron finalmente 25 millones de euros que se negociaron piso a piso, según describió el propio Correa ante el tribunal. Un pellizco por cada vivienda.

A esa primera reunión le siguieron otras hasta alcanzar el pacto de los 25 millones en comisiones, 12 millones tras la adjudicación de las parcelas y el resto según fuera avanzando la ejecución. Fernando Martín nunca supo quién se iba a llevar la comisión, pero imaginó que serían Correa y los responsables del Ayuntamiento relacionados con el suelo público. Martín, cerca entonces de acceder a su breve presidencia del Real Madrid, nunca trató con estos últimos. 

“Una vez cerrada la operación sentí la obligación de compartir parte de mi beneficio con Ginés y Benjamín”, escribe de su puño y letra Francisco Correa en el escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción. El alcalde Ginés López se llevó 523.427 euros y Benjamín Martín Vasco, responsable del Suelo y exdiputado autonómico, obtuvo 363.295,63 euros de comisión. 

La adjudicación se produjo el 21 de diciembre de 2004 y ese mismo día se efectuó el primer pago. Todos los implicados tenían cuentas en el extranjero y sociedades en paraísos fiscales. El trasvase de fondos fue inmediato. El segundo pago tuvo lugar dos años después. Para entonces, Martinsa ya había ampliado el número de viviendas, previamente acordado en secreto con los políticos de Arganda.

“Un camino apasionante” con PP, PSOE e IU

El ranking de pelotazos de la trama Gürtel no es de fácil acceso y el de la parcela EU-124 de Arganda está en lo más alto, por encima del amaño del servicio de limpieza del distrito madrileño de Moratalaz (92.000 habitantes), decenas de actos electorales de Esperanza Aguirre o, incluso, la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006. El consistorio sacó adelante las modificaciones necesarias en 2005 y, poco después, en los primeros meses del año siguiente, obtuvieron el visto bueno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre y su división de Urbanismo.

La población argandeña sabe bien, por tanto, lo que es convivir con la corrupción con total naturalidad y que el mayor botín de Gürtel sea aprobado sin levantar sospechas. Fue Lola Martín, exportavoz del PP en la localidad, la que en 2016 corrigió a Aguirre cuando la expresidenta afirmó que sus colaboradores corruptos se reducían a dos cargos que le habían “salido rana”. “Se ha equivocado, está demostrado que hay más de dos ranas”, dijo Martín desde la zona cero de la parcela objeto de deseo. El tiempo ha dado la razón a una concejala que hablaba de su propio partido.

La imagen actual de la parcela, dos décadas después del pelotazo y de las comisiones, es la de cómo la corrupción llena sus propios bolsillos a costa de lo público y lo común. La mayor parte de las casas van adivinando el blanco que sustituye al ladrillo por todo el país, pero siguen, en su mayoría, a medio hacer. Detrás está la historia de varias cooperativas, algunas fallidas e impulsadas por partidos políticos, pero no por el PP donde anidaban los que corrompieron la operación: impulsadas por PSOE e Izquierda Unida.

La venta de la parcela a Martinsa fue urdida entre bambalinas pero engrasada por aplastante mayoría del pleno municipal en 2006. Con los votos favorables del PP, cuyos cabecillas se iban a llevar cientos de miles de euros, pero también de los dos partidos de la oposición. Las actas todavía disponibles reflejan que el PSOE aportó la necesidad de crear un aparcamiento subterráneo, equipamientos educativos y culturales o el acondicionamiento de zonas verdes. Izquierda Unida apostó por la reubicación de los vecinos.

“Comienza un camino realmente apasionante de construcción de la ciudad”, dijo el concejal antes de obtener los once votos favorables del PP, siete del PSOE y uno más de IU para aprobar el Plan urbanístico.

Poco después nacieron varias cooperativas: una de ellas, Progreso Arganda, impulsada por el PSOE, y otra, llamada Pradera San Isidro, vinculada a IU. Las dos compraron sendas parcelas y ambas terminaron en concurso de acreedores, con varios cooperativistas denunciando haber perdido su dinero sin haber visto tampoco las casas prometidas. Algunos de estos pisos fueron adquiridos por familiares de los concejales de la oposición que ese día, sin saber que había comisiones millonarias detrás, aprobaron el plan urbanístico. Por ejemplo, de Victoria Moreno, entonces concejala del PSOE, y de Libertad Martínez, representante de IU en el consistorio, tal y como publicó en su momento 20 Minutos.

“En Arganda era vox populi”

Alberto Escribano tenía cinco años cuando se perpetró el pelotazo que juzga estos días la Audiencia Nacional. Dos décadas después es el alcalde de la localidad por el Partido Popular tras desbancar al PSOE de Guillermo Hita en 2023: “Eso en Arganda era vox populi, yo desde niño he escuchado que en este Ayuntamiento nadie mandaba y que se mandaba desde la Sociedad de Fomento. Es la sensación que ha habido siempre, el clima que en Arganda todo el mundo sabía y es una vergüenza y da bastante asco cómo se puede llegar hasta ese punto”, explica a elDiario.es.

La parcela UE-124 se diferencia claramente del resto de Arganda del Rey por el color y la altura de los edificios hasta el punto de parecer una localidad distinta. “Lo más llamativo es que llegas a Arganda y ves claramente dónde está la ilegalidad de entonces, que ahora tendrá que decirlo el juez. Allí se modificó la edificabilidad para que entraran más casas y esas son las consecuencias. Tenemos una zona de Arganda que es nueva y que no pueden pasar dos coches por la misma calle, edificios de hasta 13 plantas que en ninguna zona de la ciudad se había permitido jamás. ”Eso es lo que vamos a ver en Arganda siempre“.

El regidor habla desde el mismo edificio en que se perpetró el mayor pelotazo de la Gürtel dos décadas atrás. Y sus explicaciones dibujan cómo la corrupción puede dejar una huella indeleble en una ciudad además de un agujero en las arcas públicas. Él mismo, explica, tuvo que pagar varios miles de euros de multa de su bolsillo que los tribunales habían impuesto al que ocupara la alcaldía de Arganda por incumplir una sentencia relacionada con esta parcela: “Estuve pagando una multa por una decisión de cuando no tenía ni diez años, es una vergüenza”.

El descrédito de la población de Arganda con la política, por tanto, no es difícil de creer. “Nosotros como partido hemos pagado un precio inmenso”, explica Escribano, que llegó a la alcaldía después de ocho años de gobierno socialista en la ciudad. Más cuantificable es el precio que paga el municipio: “Fruto de todo aquello aquí hay un plan de ajuste porque la deuda es inmensa. Todo eso lo estamos pagando ahora, que tenemos casi 100 millones de euros de deuda”, lamenta.

Dos décadas después las grúas siguen levantando edificios en la UE-124 mientras algunas de sus parcelas siguen vacías, utilizadas por los vecinos para pasear a los perros y sirviendo de zona de paso para los que cruzan de una zona a otra de la ciudad. Las calles estrechas quedan completamente bloqueadas cuando alguno de los camiones tiene que parar para cargar o descargar el material de una de las obras. Mientras tanto, el caso se juzga en la Audiencia Nacional con pronóstico de condena tras las confesiones de corruptos y corruptores: de los 21 acusados solo un funcionario no ha alcanzado un pacto con la Fiscalía. A Gürtel solo le queda una pieza más por juzgar.