El expresidente del Gobierno empleó un tono burlón en el Congreso y llegó a preguntarse si tenía que saber lo que hacían en su mandato 100.000 policías en lugar de explicar por qué nombró a un ministro de Interior y un secretario de Estado de Seguridad al que Anticorrupción piden 15 años de cárcel por participar en una trama para borrar huellas de la corrupción del PP
Rajoy y el PP niegan su guerra sucia pese a diez años de grabaciones, documentos y una sentencia del Supremo
“Yo, por lo visto, tenía que conocer lo que hacían 100.000 policías y el actual presidente del Gobierno no tenía que conocer ni lo que hacía el ministro de Transportes, que además era el segundo del Partido Socialista”. La frase fue pronunciada por Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno entre 2011 y 2018, el 5 de marzo de 2025 en el Congreso de los Diputados, entre un montón de chascarrillos, respuestas condescendientes y algún ataque a la oposición, que le había recriminado cobrar sobresueldos en negro del PP y mentir en sede parlamentaria. Algunos diputados, es cierto, lo hicieron con palabras gruesas, aunque lejos del tono que usan portavoces como Miguel Tellado o Cayetana Álvarez de Toledo con el Gobierno y los grupos que lo apoyan.
El resultado de la comparecencia del expresidente de un Gobierno, que dejó pruebas incontestables de su guerra sucia contra la oposición, fue una sucesión de ironías y vídeos cortos despreciando a los portavoces de los grupos pero sobre todo al gravísimo asunto que había llevado de vuelta a Mariano Rajoy al Congreso.
Gracias al rastro que ha dejado aquella guerra sucia en el Ministerio del Interior sabemos que comisarios de policía corruptos fabricaron cuentas falsas en paraísos fiscales a dirigentes políticos para que la prensa afín las publicase como si fueran escándalos y que el PP pudiera atacar a los rivales políticos. En el centro de los ataques, dirigentes independentistas, como el exalcalde de Barcelona Xavier Trias o el expresident de la Generalitat, Artur Mas. Y sobre todo, Podemos y quien fue su líder, Pablo Iglesias, a quien se le atribuyó una cuenta en las Islas Granadinas, falsedad que elDiario.es tardó solo unas horas en descubrir y desmentir.
Es público también que aquella mafia policial intentó buscar trapos sucios al jefe de los fiscales en Catalunya e incluso a quien era el jefe de los Mossos, Josep Lluis Trapero. En Andorra un juzgado investiga si esos comisarios corruptos extorsionaron a un banco del país para que se saltasen el secreto bancario y difundieses datos de políticos independentistas, munición que el Gobierno de Rajoy quería utilizar en su guerra contra los impulsores del procés.
De momento, el máximo responsable operativo de la policía en aquellos años ya ha sido condenado por esas maniobras: un año de cárcel por aportar un pen drive a la causa contra los Pujol sin advertir de su origen ilegal.
En el interminable archivo sonoro del comisario Villarejo figuran un sinfín de conversaciones sobre esas prácticas mafiosas que la prensa bautizó como la Operación Catalunya. Hay charlas de Villarejo con el propio exministro Fernández Díaz –a pesar de que Fernández Díaz mintió este miércoles en el Congreso para intentar negarlo–, diálogos de dos horas con quien fuera su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, negociaciones para pagar con fondos reservados a una examante de un hijo de Pujol que supuestamente estaba pasando información a esos comisarios… Todo al margen de la ley, sin control judicial de ningún tipo.
Hay también notas secretas sobre el resultado de las gestiones de esa brigada secreta que, según han admitido fuentes de aquel Gobierno, se enviaban a Rajoy en un sobre sin remitente ni asunto a través del servicio de escoltas y en las que se informaban al presidente de los avances de esas operaciones al margen de la ley.
La tesis de Rajoy es que, de haber sucedido esos hechos que niega conocer, todo eso lo habrían hecho policías al margen del Gobierno que él presidía. Es una hipótesis que el magistrado Manuel García Castellón dio por buena en la investigación a la otra rama de la policía política: que en Kitchen, una operación que se armó desde el Ministerio del Interior para borrar pruebas contra el PP y tener controlado a su extesorero Luis Bárcenas, ni el Partido Popular, ni su presidente entonces, Mariano Rajoy, ni quien fue su secretaria general, María Dolores de Cospedal, tuvieron nada que ver. Aunque esta última fue grabada diciéndole al comisario Villarejo que sería útil hacer desaparecer “la libretita”, que es como Cospedal llamaba a los papeles de Barcenas, nadie en la Audiencia Nacional consideró que los jefes del PP y de aquel Gobierno pudieron tener algo que ver.
Por pagar a policías con fondos reservados para eliminar pruebas de la corrupción del PP, el exministro Fernández Díaz y su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se enfrentan a peticiones de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
Si damos por buena esa tesis del juez García Castellón, no precisamente un enemigo del PP, a Mariano Rajoy le hubiese bastado con vigilar lo que hacía su mano derecha en Interior y amigo de muchos años, Jorge Fernández Díaz. Sin tener que vigilar en persona a 100.000 policías.
