La infravivienda, el hacinamiento y las elevadas tarifas por ocupar espacios ínfimos e insalubres o para conseguir un empadronamiento ilegal, son el pan de cada día para centenares de miles de trabajadores de origen extranjero que llegan a España en busca del sueño europeo. Eso, en el mejor de los casos, porque, según los datos que arroja el Proyecto piloto de de personas sin hogar, elaborado en 2024 por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en España, el 58% de las personas sin hogar son extranjeras, la mayoría procedentes del Magreb.