Acció Cultural del País Valencià asegura que el informe de la Generalitat a la instructora es «limitado, sesgado y parcial» y pide la copia de seguridad del envío de la alerta masiva a los móviles
Lo que revelan las llamadas al 112 sobre lo que pasó el día de la DANA: anatomía del desastre, minuto a minuto
La acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) asegura que el informe de la Generalitat remitido a la jueza instructora de la causa de la DANA sobre las llamadas al 112 del pasado 29 de octubre es “limitado, sesgado y parcial” y omite “datos esenciales”. La entidad solicita a la magistrada que pida un informe “complementario” a la Conselleria de Emergencias e Interior, que dirige Juan Carlos Valderrama, en el que se desglosen las llamadas que no fueron atendidas por el teléfono 112 el día de la barrancada, así como la hora y su origen. También pide que se requieran las “llamadas asociadas” (las referidas a un mismo incidente principal que aportan confirmación o información adicional sobre una emergencia de la que ya se tiene conocimiento). El escrito de la acusación popular, al que ha tenido acceso elDiario.es, recuerda que las llamadas de esta tipología “no figuran en el informe inicial” y destaca que el sistema del 112 autonómico “permite identificar” las que se quedan sin responder a causa de la “saturación” y las que se desvían a centros de atención de emergencias de otras comunidades autónomas o a la Guardia Civil.
El Consell envió al juzgado el pasado 4 de marzo la lista de llamadas al 112 el día de la DANA, que revela que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en l’Eliana recibió multitud de avisos sobre el desbordamiento del barranco del Poyo desde las 16.40 del pasado 29 de octubre. Horas antes del envío de la alerta a los móviles, remitida a las 20.11, se recibieron avisos sobre niños, bebés y mujeres embarazadas atrapados a consecuencia de la riada, entre muchos otros. Unas llamadas de las que la predecesora de Valderrama, la exconsellera Salomé Pradas, se ha desentendido, escudándose en que no formaban parte de sus “funciones institucionales”.
Por otro lado, ACPV propone a la jueza que se requiera a la dirección general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior la copia de seguridad del envío masivo a los móviles el día de la DANA del sistema Es-Alert. El escrito pide que se especifique “quién y cuándo definió la alerta remitida, quién la activó y quién la confirmó”. El envío de la alerta, que la magistrada considera “tardío” y con un mensaje “errado en su contenido”, se erige como una de las principales vías de la investigación.
El sistema, tal como informó este diario, guarda un “archivo especial” que conserva la “trazabilidad” de la alerta, incluyendo los detalles sobre su envío, además de los usuarios autorizados para diseñar el contenido del mensaje y el ámbito geográfico y para la validación final de la remisión automática a los móviles de la población. La acusación popular que ejerce ACPV también propone que se pida la biblioteca de mensajes para el Es-Alert de que disponía el Centro de Coordinación de Emergencias.
Además, ACPV pide a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que solicite a la Conselleria de Emergencias e Interior la “copia íntegra” de las “comunicaciones escritas y registros de audio y video” con las agencias implicadas en la respuesta a la catástrofe almacenadas por el sistema ‘CoordCom’. Se trata de una suerte de ‘caja negra’ que registra todas las decisiones de coordinación operativa en caso de emergencia.
El ‘CoordCom’, tal como informó este diario, también presta servicios de meteorología que envían a los “diversos números de móvil de los diferentes responsables de la AVSRE [Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias] cualquier clase de información que pueda ser interesante para los servicios de Emergencias o Protección Civil”.
El escrito también solicita que se requiera a la Cadena Ser una copia de la entrevista, emitida el mediodía del 29 de octubre, al subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, en la que, “con claridad meridiana, expuso que contaba con avisos preocupantes en ese mismo momento del desbordamiento del río Magro y de la rambla del Poyo”. El alto funcionario, uno de los testimonios claves para la instrucción de la causa, “especificaba que el problema fundamental era aguas abajo”, recuerda el escrito de la representación jurídica de Acció Cultural.
Catarata de solicitudes de diligencias
A la jueza instructora se le acumulan las peticiones de diligencias por parte de varias de las acusaciones populares personadas en la causa. El sindicato CGT, que ejerce otra de las acusaciones populares, también pidió que se soliciten los audios de las 19.821 llamadas al 112 del día de la DANA.
Por su parte, Acció Cultural solicitó a la magistrada una inspección visual de las cámaras del recinto de l’Eliana y que se investigue si alguno de los organismos participantes en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre grabó la reunión. Además, Podemos, que también ejerce una de las acusaciones populares en el procedimiento, propuso que se requieran los movimientos de aquella jornada de los escoltas del president Carlos Mazón.
