‘El boletín del director’ es una carta semanal de Ignacio Escolar exclusiva para socios y socias de elDiario.es en agradecimiento por su apoyo, con claves, datos y recomendaciones personales. Si tú también lo quieres leer y recibir cada sábado en tu buzón, hazte socio, hazte socia de elDiario.es
En el periodismo, hay obsesiones que son casi eternas. Que llevan años de trabajo y muchas noches sin dormir. Historias que sigues durante lustros y que atraviesan tu propia biografía, con la frustrante sensación de que nunca llegarás a conocer del todo la verdad. Que nunca podrás cazar a Moby Dick. Y que si alguna vez lo logras, ese enorme cetáceo te arrastrará hasta el fondo del océano, como al capitán Ahab.
Mi particular y obsesiva persecución de la ballena blanca tiene un nombre en mis archivos: el misterio del área 124. Es un gran caso de corrupción que aparece y desaparece en mi vida desde hace 16 años. Fue el mayor pelotazo de la Gürtel, aunque casi nadie lo conoce. Esta semana, un nuevo dato ha confirmado buena parte de lo que en su momento descubrí.
El área 124 se encuentra a 28 kilómetros de Madrid, al sureste. Era una enorme parcela de 130.000 metros cuadrados en la ciudad de Arganda del Rey; hoy es un barrio a medio construir de bloques de pisos, una de las colmenas de viviendas en la periferia de la capital. El número 124 sale del plan urbanístico de Arganda, es el que figura en el pliego técnico: Unidad de Ejecución 124. El terreno era público y fue recalificado y vendido entre 2004 y 2006, en plena burbuja inmobiliaria. En esos años, el área 124 fue uno de los botines más suculentos para los piratas del ladrillo.
La manera de privatizar ese suelo fue bastante irregular. En vez de una subasta al mejor postor, el Ayuntamiento de Arganda del Rey convocó un concurso a precio tasado. Era la forma de poder amañar la adjudicación, que estaba ya decidida de antemano, a cambio de una millonaria comisión.
La enorme parcela acabó en manos de la constructora Martinsa, propiedad del expresidente del Real Madrid Fernando Martín. Pagó por ella 66 millones de euros, más el compromiso de construir equipamientos para el nuevo barrio por valor de otros 10,6 millones. Parece mucho dinero, pero fue una auténtica ganga, muy por debajo del precio de mercado. Apenas dos años después, Martinsa cobró 73 millones –más de lo que había pagado– por revender solo un tercio del terreno.
Esta semana, el constructor Fernando Martín ha confesado cómo lo logró: pagó una mordida de 25 millones de euros por el área 124. Repito: 25 millones. El intermediario de aquel pelotazo fue el cabecilla de la Gürtel: Francisco Correa. Fue su mayor comisión.
La confesión de Fernando Martín es interesada: busca una condena más leve en el juicio que esta semana ha comenzado en la Audiencia Nacional, otra rama de la interminable trama Gürtel. Es posible que no haya contado todo. Pero algunas de las piezas, al fin, empiezan a encajar.
Francisco Correa fue quien se ocupó de sacar adelante ese pelotazo urbanístico. No solo es un dato probado en el sumario de este caso de corrupción. El propio Correa, en persona, me lo reconoció el 12 de abril de 2015, el día en que dormí en su casa de Sotogrande, cuando intentaba convencerlo de que me diera una entrevista mientras trataba de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Hoy he estado revisando mis notas de lo que me contó Correa ese día, hace ya diez años.
“Se aprobó en el pleno por unanimidad porque hice la operación de puta madre”, me confesó Correa en su casa, en abril de 2015. El pelotazo de Arganda del Rey no solo salió adelante con los votos del PP: también contó con el respaldo de los concejales del PSOE e Izquierda Unida.
“El secretario del ayuntamiento, que era de IU, era amigo mío” –me contó también Correa–. “Nos conocíamos del Ramiro de Maeztu”, un colegio de Madrid donde ambos estudiaron. A través de este contacto, Correa logró algo casi inaudito en un plan urbanístico: la unanimidad del alcalde y la oposición.
El precio de los votos del PP no fue barato. Correa cobró 24.870.000 euros en dos pagos. La primera mitad, en diciembre 2004, poco después de que Martinsa comprase los terrenos. La segunda, en el verano de 2006, con la aprobación definitiva en el pleno municipal del plan parcial para poder construir, que además aumentó el número de viviendas. Ese dinero se ingresó en un banco de Suiza: en la famosa cuenta “Soleado” del gestor Arturo Fasana, la misma donde también escondía parte de su millonaria fortuna el rey Juan Carlos de Borbón.
Más tarde Correa fue repartiendo una pequeña parte de los 25 millones con sus compinches, la mayoría cargos del PP. Medio millón fue para el entonces alcalde de Arganda, Ginés López. El exdiputado autonómico del PP y entonces concejal en Arganda, Benjamín Martín Vasco, cobró 363.000 euros. No fue solo dinero, también hubo pagos en especie: carísimos relojes de la joyería Suárez, pasajes de avión, hoteles de lujo y hasta el viaje de luna de miel y la boda de Martín Vasco, a la que acudió Esperanza Aguirre.
¿Y los concejales de la oposición? ¿Qué se llevaron?
“Más de cien pisos”, me contestó Francisco Correa, aquel 12 de abril de 2015.
Entonces no sabía a qué se refería. Más tarde lo descubrí. Tanto el PSOE como Izquierda Unida pusieron en marcha sendas cooperativas de viviendas en el área 124, bajo el paraguas de esta misma operación urbanística. Fueron las migajas de un gran pastel: la promesa de pisos a precios algo más baratos para familiares y amigos de los concejales del PSOE y de IU. La cooperativa del PSOE se llamaba “Progreso Arganda”. La de IU, “Pradera San Isidro”. Ambas acabaron quebradas, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. La mayoría de ellos ni siquiera consiguieron los famosos pisos y ninguno ha sido acusado o imputado por esta cuestión. Tampoco hay constancia alguna de que esos concejales supieran entonces de las mordidas millonarias que se movieron con esta operación urbanística.
Guillermo Hita fue alcalde de Arganda del Rey por el PSOE desde 2015 hasta 2023, y entró como concejal un año después del pelotazo. Niega que ambas cosas tengan relación: asegura que su partido apoyó el proyecto porque el gobierno del PP aceptó incluir las mejoras que tanto el PSOE como IU habían propuesto de cara a la construcción.
En cuanto a Izquierda Unida, entonces tenía en Arganda dos concejales. Uno de ellos no llegó a votar: se ausentó del pleno donde se dio la aprobación definitiva a la operación. La otra concejal de IU sí votó a favor. Se llama Libertad Martínez, era también diputada autonómica y fue una de las personas claves de la ejecutiva de IU Comunidad de Madrid durante la dirección de Ángel Pérez. El mismo partido que, en esos años, participaba en el reparto de favores y prebendas de Caja Madrid. La misma federación de IU que colocó allí a Moral Santín, después condenado por las tarjetas Black. Una etapa del partido que sus críticos dentro de IU caricaturizan como el “marxismo ladrillismo”.
La hija de Libertad Martínez, según publicó El Confidencial, tiene un ático en uno de los bloques del área 124 que se terminaron de construir. Desde elDiario.es, nuestro compañero Alberto Pozas –que hoy publica un buen reportaje sobre este caso– ha tratado de contactar con ella. No ha atendido las llamadas.
“Cada vez que preguntaba en la Asamblea de Madrid por Arganda del Rey, Libertad Martínez me llamaba para decirme que no había nada”, recuerda hoy Reyes Montiel, que en aquellos años era diputada autonómica por IU. Fue quien presentó ante la Fiscalía varias de las primeras denuncias contra Esperanza Aguirre e Ignacio González, por las numerosas sospechas de corrupción. Acabó dimitiendo del partido, tras ver la falta de respaldo de la mayoría de sus propios compañeros. Lo mismo hizo en esa misma etapa Inés Sabanés, por parecidas razones
Aquella dirección de IU en Madrid salió del todo en 2015, cuando Alberto Garzón rompió con esta federación por el escándalo de las tarjetas Black. Poco después Libertad Martínez reapareció como tertuliana en la TVE que controlaba el PP, colocada allí por Ignacio González, según confesó él mismo en una conversación con Eduardo Zaplana que fue intervenida por la Guardia Civil. “Una periodista de mi confianza”, llamaba Ignacio González a esta exdiputada de IU. Hoy Libertad Martínez es tertuliana en Onda Madrid, la radio pública de la Comunidad de Madrid.
Pero volvamos a Arganda del Rey, al misterio del área 124. Aquel pelotazo no contó solo con el respaldo del pleno municipal. Eran tantas las viviendas previstas –2.676 pisos– que ese plan urbanístico también tuvo que ser aprobado por la Comunidad de Madrid. Por supuesto, el gobierno de Esperanza Aguirre dio el visto bueno a la operación.
En 2004, cuando el pelotazo del área 124 ya estaba en marcha, unos constructores rivales de Martinsa denunciaron ante el PP nacional la situación. A través del entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, se quejaron de que en Arganda les pedían una comisión. Tras esa denuncia, Lapuerta se lo contó a Mariano Rajoy, que convocó a Esperanza Aguirre a una reunión en el partido, en la sede de Génova, en noviembre de 2004. Además de Aguirre y Rajoy, estuvieron presentes en esa reunión Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. Y tanto Lapuerta como Bárcenas transmitieron a Esperanza, en presencia de Rajoy, que las denuncias de ese pelotazo señalaban también a su entonces vicepresidente, Ignacio González, al que los constructores acusaban de estar detrás de esa adjudicación.
Conté en exclusiva aquella reunión en un artículo en el diario Público, el 8 de marzo de 2009, hace exactamente 16 años. Este párrafo es de aquella primera información, que titulé ‘El misterio del área 124’:
“Entre las sospechas que manejaba entonces el PP nacional sobre el área 124 se señalaba a Martín Vasco y a Ginés López, pero también a Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de Madrid. Según decía Ginés López al PP nacional, era González y no otro, quien le había dado instrucciones sobre cómo adjudicar esa parcela. La reunión con Aguirre sirvió de poco. Esperanza se hizo la ofendida, puso la mano en el fuego por todos ellos, negó la mayor y salió de Génova con la cabeza bien alta. Y unos días más tarde, el 3 de diciembre de 2004, la adjudicación a Martinsa de la parcela 124 se realizó tal y como estaba previsto, sin que las gestiones de la dirección nacional del PP pudiesen hacer nada para evitarlo”.
Aquel artículo me costó muchos quebraderos de cabeza. Esperanza Aguirre lo desmintió con un comunicado el mismo día de su publicación –aunque cuatro años más tarde, ante la Audiencia Nacional, Aguirre acabó confesando que la reunión existió–. La reacción de Ignacio González fue aún peor: me llevó a juicio, junto con otros tres periodistas de Público. González nos pedía 600.000 euros, 150.000 euros por cabeza, que no teníamos. Acabamos ganando, en 2014. En gran medida, con la ayuda de Álvaro Lapuerta –una de mis fuentes de aquella primera información–, que certificó la veracidad de mi noticia con una carta firmada que presenté en el juzgado. Es esta:
Carta de Álvaro De Lapuerta
No desvelé este documento hasta 2018, cuando Álvaro Lapuerta murió. Era el pacto que tenía con él: podía usar esta carta para defenderme de la demanda de Ignacio González pero no publicarla, al menos hasta que falleciera. Pero esa es otra historia, que ya conté en otra ocasión.
En 2012, coincidí con Ignacio González en una comida con otros periodistas. Acababa de destaparse el escándalo de su ático de Estepona, ese piso de lujo –459 metros cuadrados– donde veraneaba el entonces presidente de la Comunidad de Madrid. La primera noticia la había dado El Mundo, pero Ignacio González me hizo un extraño comentario en aquella comida.
–Bueno, pero en realidad lo del ático ya lo habías contado antes tú, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿El misterio del área 124?–, me dijo González, mirándome a los ojos.
Se refería a mi artículo de Público de 2009, el primero que publiqué sobre la operación de Arganda en el Rey, aquel por el que me demandó. El detalle importante es que en ese texto no aparecía una sola palabra del ático ni de Estepona. Aunque en la cabeza de González, ambos asuntos estaban de alguna forma relacionados entre sí.
Más tarde la investigación judicial del ático de Estepona ahondó en ese nexo. Según las acusaciones, ese ático de lujo podía ser el pago por el pelotazo del área 124 en Arganda. Nunca se pudo demostrar.
Aquel ático de Estepona estaba a nombre de una empresa en el paraíso fiscal de Delaware, registrada por un tal Rudy Valmer, un testaferro profesional también relacionado con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. En 2008, Ignacio González y su mujer empezaron a veranear en este ático; no se sabe cuánto pagaban de alquiler. En 2012 –tras estallar este escándalo– lo compraron. Un juzgado de Estepona investigó el asunto durante siete años hasta que en 2020 lo archivó. Aunque Ignacio González aún sigue pendiente de juicio por otras causas por corrupción.
Un ático. Un testaferro. Seré yo, que soy un obsesivo, siempre a la caza de Moby Dick. Pero pienso en ese piso de arriba, donde vive con un defraudador confeso la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, y encuentro en todo esto un llamativo patrón.
Lo dejo aquí por hoy. Gracias por leerme. Gracias por tu apoyo a elDiario.es
