¿De dónde vendrán los recursos?

La Comisión Europea ha habilitado tres vías de dinero público y dos facilidades de financiación privada. Por su inmediatez e impacto en el corto plazo, nos interesa en este análisis lo primero. Son tres instrumentos: a) flexibilizar las reglas fiscales europeas para que cada Estado Miembro invierta en su presupuesto de Defensa –es decir, que aumentemos deuda sin que cuente en el déficit–, 2) redirigir a defensa fondos de cohesión ya recibidos y 3) una partida de 150.000 millones de euros en préstamos para construir capacidades militares europeas. 

Pudiendo emplear las tres, sorprende que el presidente Pedro Sánchez rechazara la semana pasada para España el uso de fondos de cohesión para defensa. Aunque no se ha hecho público el motivo, es plausible que la razón radique en su gestión descentralizada a nivel autonómico. Si ya es políticamente complejo incrementar el gasto en Defensa en el eje izquierda-derecha (convencer tanto a la oposición del PP como a los socios del Gobierno), añadir un conflicto en el eje Estado-Comunidades Autónomas complicaría aún más la negociación. La posibilidad de que PNV, ERC y Junts denuncien una invasión de competencias y la reconfiguración de fondos ya transferidos habría añadido un frente adicional de tensión política.

En cambio, no sorprende que el presidente defendiera que la partida de préstamos incluyera también transferencias (subvenciones), argumentando que la provisión de defensa es un bien público que, en última instancia, beneficia a toda la UE. El reto para Bruselas radica ahora en distinguir qué programas militares conjuntos generan un claro beneficio europeo y cuáles responden a necesidades específicas de un único Estado Miembro.

¿Cuál es el interés de España?

Obviamente, la línea divisoria del párrafo anterior es muy difusa: al fin y al cabo, una amenaza al eslabón más débil de la UE supondría una amenaza a toda la UE, afectando a todo el Mercado Único. Pero empezando por el otro extremo de “bien público plenamente europeo”, sí que existen ya iniciativas identificadas que claramente benefician de manera amplia a toda la Unión: la creación de un “muro de drones” en el flanco norte-este con Rusia es una propuesta lanzada por países bálticos, Polonia y Finlandia a la que se sumó Noruega, que entra claramente en esa categoría. Podríamos concluir que es sensato usar fondos europeos (y, quizás, deuda conjunta) para defender la Frontera Norte-Este de nuestra Unión.

Siguiendo esta lógica, el interés y la oportunidad de España es liderar iniciativas conjuntas con Italia, Portugal y Grecia en las que nuestras preocupaciones de país en seguridad y defensa (inmigración, Sahel, Sur del Mediterráneo) se perciban en Bruselas y entre otros Estados Miembros como una protección de la Frontera Sur de nuestra Unión. Así, un “perímetro de vigilancia y seguridad en el Mediterráneo” tiene más oportunidades de recibir fondos europeos que partidas para capacidades militares que sólo redunden en la industria española (donde nos indicarían, con bastante probabilidad, que utilicemos nuestra deuda).

Con este modo de pensar transformaremos préstamos en subvenciones asegurándonos de que gran parte de nuestros riesgos y amenazas están apoyados por fondos públicos europeos.

¿Defensa o Seguridad y Defensa?

Por razones históricas y geográficas, desde España percibimos mejor los riesgos a la seguridad que las amenazas “duras” de Defensa en nuestras fronteras: sabemos de crisis migratorias, hemos visto el uso de la inmigración en nuestra contra (Ceuta en 2021 o crisis de cayucos), nuestras empresas e infraestructuras críticas conviven con continuos ciberataques, etc. 

No es el caso con lo referido a la Defensa clásica: nuestros vecinos más inmediatos por ahora no son rivales con tanto poder militar duro ni intenciones expansionistas tan marcadas, con alguna excepción que no escapa al lector atento. Lo anterior sin menoscabo de que formamos parte de misiones “duras” en materia de Defensa como la patrulla aérea en los países bálticos o que, dada que la supervivencia de nuestra economía está ligada a la supervivencia del Mercado Único, sea ético, legal y en nuestro interés colaborar en la supervivencia del resto de Estados Miembros. 

Pero por nuestro pasado histórico y varias décadas en las que, al contrario que, por ejemplo, Francia, como sociedad no le hemos dedicado grandes reflexiones a este asunto, poner el foco en la parte más dura de lo militar sigue siendo un incómodo tema que cualquier representante público evita. En ese marco se entienden las palabras del presidente en la rueda de prensa en Bruselas de que “somos un país pacifista”. 

Por eso hablar en términos de Seguridad y Defensa e incluir las amenazas a las fronteras de nuestra Unión junto a ciberataques, crisis migratorias, cambio climático y ataques híbridos puede permitir hacer más digerible un aumento de presupuesto en esas partidas que hablar sólo de gasto militar.

¿Qué hay que defender?

Sánchez pedía un “diagnóstico común de las necesidades” europeas y una definición “amplia, de 360º” de éstas. Hagámoslo rápidamente, para concluir, si me permiten, que no es tan complejo.

Los estados europeos incluyen en sus constituciones que es necesario defender 1) la integridad territorial –fronteras–, 2) la soberanía política –que ningún tercero influya en nuestra toma de decisiones públicas– y 3) el orden constitucional (que el día a día de ciudadanos, empresas e instituciones no se vea alterado radicalmente). Aplicando este marco a Europa, es relativamente sencillo diagnosticar qué debemos defender. 

Desde la Defensa, lo primero son las fronteras. Por un lado, países bálticos, Suecia, Finlandia y Rumanía se centran en la frontera oriental donde predomina la amenaza rusa. Por otro, Italia, España y Grecia hacen hincapié en el arco mediterráneo (donde la seguridad en materia de migración y tener capacidad de influencia y estabilización sobre el Sahel es relevante). Al hablar de “seguridad y defensa” el espacio político se está preparando para incluir un Gran Acuerdo en Defensa en el que Norte y Sur se comprometen a defenderse mutuamente a pesar de que cada uno por separado no tenga la misma percepción de amenazas que el otro. En este apartado hay que incluir nuevos “dominios” como espacio y ciberespacio en los que la misma lógica aplica.

Lo segundo se refiere a la capacidad de que sean solo actores europeos los que conformen las decisiones públicas europeas. Entre las amenazas aquí incluidas podemos listar desde campañas de desinformación (posibles injerencias de terceros en nuestras elecciones, por ejemplo) hasta que los medios de comunicación o las plataformas y redes sociales sean bien de propiedad europea, bien que cumplan estrictamente con nuestra regulación (en lo relativo a discurso público asociado a nuestros principios y valores, de lo que se encarga la Digital Services Act) pasando por la eliminación de dependencias excesivas de terceros fuera de nuestra Unión (por ejemplo, que un país exportador de gas, sea de oriente o de occidente, utilice esa palanca extorsionadora; y es que, aunque sea otro artículo para más adelante, esta es la razón por la que no hay Política Común Europea libre sin Política Común Europea de Seguridad y Defensa).

En el tercero, “orden constitucional”, se hace hincapié en que el día a día de nuestras sociedades europeas no se vea alterado por intervenciones de terceros. Una excesiva influencia de bandas criminales, el terrorismo, ataques híbridos, ciberataques o, en recientes años, las disrupciones en nuestra forma de vida que puede causar el cambio climático son los riesgos en los que el concepto de Seguridad es más útil.

Sólo han sido tres párrafos y ya tenemos una idea más o menos clara, a falta de afinar, de qué nos debemos proteger.

No tenemos, pues, un problema de diagnóstico.

El mito de la perfecta Unión de Defensa

Europeístas legalistas ultra convencidos y antieuropeístas acérrimos convergen en una tesis que me resulta curiosa e interesante: “No podemos actuar hasta que no definamos perfectamente nuestras amenazas y rediseñemos de manera acorde las instituciones comunitarias”. Como si debiera existir una cosmovisión perfecta del estado del mundo en todas las capitales europeas y un acuerdo impoluto sobre las burocracias a crear para poder avanzar.

No funciona con esa perfección la creación de un Estado, se lo dice un ingeniero. Aunque es un tema controvertido y sobre el que no hay una conclusión rotunda en Ciencia Política, la última etapa de conformación de una autoridad central por encima de diversas comunidades políticas que se hace cargo de la defensa de un territorio es un proceso ruidoso en medio de discursos muy polarizantes y en el que no se produce esa decisión milimétrica perfecta que los críticos piden. En realidad, es todo mucho más humano y repleto de acuerdos Norte/Sur y Este/Oeste como el que antes se esbozaba.

La analogía histórica que me parece más interesante es la conformación de EEUU, desde su independencia en 1776, sus primeras “Artículos de la Confederación” en 1777 y su Constitución de 1793. Trece colonias recién independizadas de Reino Unido, con identidades religiosas muy marcadas, diferentes y polarizantes (grosso modo similares, y probablemente menores, que las diferencias entre Estados Miembros hoy) sólo acuerdan dotarse de un Gobierno central fuerte con capacidad de movilización de recursos financieros y militares ante una amenaza existencial externa. En esa ocasión, las necesidades de defensa del Norte (ante las repetidas embestidas británicas desde Canadá) y las necesidades de defensa del Sur/Este (ante la inseguridad que generaba la presencia de población indígena) conformaron un espacio político para un acuerdo como el más arriba descrito.

Que no se nos escape el paralelismo con la situación de nuestra Unión hoy pues, ahora sí, existe un espacio para un Gran Acuerdo Europeo de Seguridad y Defensa.