Aunque la cifra de 7.291 fallecidos fue la que contabilizó la propia Comunidad de Madrid, ahora la presidenta madrileña afirma que fue un «invento» de un exconsejero y, pese a los documentos publicados, niega que se excluyera a las personas mayores de la atención hospitalaria
La oposición pide a Ayuso que vea el documental de los 7.291 muertos en residencias y ella les acusa de “retorcer el dolor”
Isabel Díaz Ayuso y su equipo están intentando reescribir la historia de la pandemia cuando se cumplen cinco años de la declaración del estado de alarma. La presidenta madrileña quiere que se olvide la realidad de su gestión y, sobre todo, el episodio más polémico: los protocolos que su gobierno envió a las residencias de mayores durante el peor momento de la pandemia prohibiendo derivar a hospitales a los residentes que estuvieran enfermos.
Según las cifras de su propio gobierno, por culpa de esos protocolos fallecieron sin asistencia sanitaria 7.291 personas en las residencias madrileñas. Pero un lustro después y coincidiendo con el aniversario del estallido de la pandemia Ayuso dice ahora que, en realidad, los muertos en esos centros de mayores fueron 4.100 y los desvincula de las polémicas directrices enviadas por su Ejecutivo. Su revisionismo choca con las evidencias.
La urgencia de Ayuso por negar la realidad de los llamados ‘protocolos de la vergüenza’ y del número de fallecidos coincide con la emisión en RTVE del documental ‘7.291’ sobre las muertes en residencias. El intento de la presidenta madrileña por reescribir lo ocurrido ha ido aparejado, además, de duros ataques contra la corporación pública por la emisión de la mencionada grabación.
A última hora del miércoles, 24 horas antes de la retransmisión, el Gobierno de Ayuso envió una carta al presidente de RTVE afirmando que el documental “tiene un marcado sesgo ideológico” que “no se corresponde con la realidad” y pidiéndole publicar el vídeo enlatado en el que el miércoles la presidenta madrileña cargó contra el Gobierno central por su gestión de la pandemia y alabó su trabajo en Madrid. RTVE respondió negándose a plegarse a los deseos de la Puerta del Sol y recordando que Ayuso rechazó la oferta de ser entrevistada por la televisión pública.
Justo antes de la emisión del documental, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, intervenía en el programa de RTVE que emitía el Canal 24 Horas para asegurar que le parecía “un auténtico error lo que está haciendo TVE el día de hoy”. “Ustedes están utilizando el dolor de las víctimas para poner el foco en esta comunidad”, le reprochaba al conductor del espacio, Xabier Fortes, desde la puerta del polémico Hospital Zendal construido por el Gobierno de Ayuso tras la pandemia. Para Serrano, ‘7,291’ es “un documental que a casi nadie interesaba y parte de una cifra absolutamente falsa”. Por todo ello el PP de Madrid acusa a RTVE de estar “al servicio de la izquierda” y en un “permanente ataque del Gobierno a una presidenta” como Ayuso.
Fortes le recordó que la cifra 7.291 fue la que facilitó la Comunidad e insistió en que se había invitado a la propia Ayuso para intervenir en el espacio, además de aceptar todas las opciones que le ofreció el Ejecutivo madrileño. Serrano insistió en que el que se emite este jueves es un documental “de parte” que “ataca a una comunidad autónoma” y exigió la publicación del vídeo enlatado de Ayuso del miércoles. “En un programa de TVE no se emiten publirreportajes, ni del Gobierno de Madrid ni del Gobierno central”, le contestó el presentador del programa.
A todo ello se unió este jueves un agravamiento de los exabruptos de la presidenta contra la oposición de Más Madrid y PSOE.
Hasta ahora, la Justicia ha cerrado prácticamente todas las vías para castigar penalmente a los dirigentes madrileños por lo ocurrido en las residencias. Dos juzgados de la región que instruían dos de las causas más relevantes han decidido archivar las diligencias. Pero desde esos tribunales sí se han constatado los llamados protocolos de la vergüenza que la presidenta madrileña trata ahora también de desmentir pese a los documentos oficiales. Además, en octubre se presentó una denuncia expresa por parte de varios familiares contra los presuntos responsables políticos de la tragedia que aún sigue tramitándose.
Unas directrices con “criterios de exclusión”
A partir del 18 de marzo de 2020, solo seis días después de la declaración del estado de alarma, la Comunidad de Madrid envió a las residencias de mayores y a los centros sanitarios protocolos para evitar que los ancianos de residencias fueran trasladados a hospitales. Infolibre publicó en mayo de ese año cuatro versiones diferentes de estos documentos, que fueron firmados digitalmente por el entonces director de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020. Desde entonces, Ayuso y el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han sostenido que los textos se enviaron “por error” y que se trataba de “borradores”. Pero los documentos llegaron a las residencias y estaban firmados. Los borradores nunca suelen estar firmados.
El textual del principal texto que llegó a las residencias de mayores es el siguiente: “Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: Pacientes en situación de final de vida subsidiarios de cuidados paliativos Pacientes con criterios de terminalidad oncológica, de enfermedades de órgano avanzada. Pacientes con criterios de terminalidad neurodegenerativa (GDS de 7). Deterioro funcional severo (definidos por Barthel Deterioro funcional grave (Barthel 25-40) más deterioro cognitivo moderado (GDS 5): lo ideal sería visita / atención en la propia residencia”. Es decir, que la comunidad prohibía derivar a hospitales a numerosos mayores no solo por sus enfermedades, sino también por su situación cognitiva.
Además de estas indicaciones, esos mismos días la Consejería de Sanidad recomendó a los médicos de Atención Primaria evitar el traslado a los hospitales desde sus domicilios de pacientes con síntomas de COVID-19 que fueran mayores de 80 años y tuvieran patologías graves, en un protocolo que publicó en mayo de ese año elDiario.es.
La Comunidad ignoró las llamadas de socorro
Las inspecciones realizadas por la Policía Municipal en las residencias de la ciudad de Madrid durante las peores semanas de la pandemia desvelaron también la situación desesperada en la que se encontraban esos centros. Tal y como publicó elDiario.es, los agentes constataron por escrito la falta de personal sanitario y de equipos de protección, que se sumaban a una ausencia de respuesta por parte del gobierno de Ayuso. Al menos cinco de esos centros detallaron a los agentes cómo fueron ignoradas sus llamadas de socorro mientras sumaban infectados, fallecidos y trabajadores en cuarentena.
“Sugieren abandono por parte de las instituciones” recogió, por ejemplo, el informe realizado por los agentes municipales el 17 de abril de 2020 en la residencia Hermanas Merecedoras de la Caridad. En esa fecha ya habían fallecido tres mayores en ese centro y cuatro de los nueve trabajadores se encontraban de baja por presentar síntomas compatibles con la COVID-19. No contaban con ningún médico. “No han recibido visita de UME, ni bomberos ni nadie hasta nuestra llegada”, escribieron los agentes municipales en el informe. Hasta cuatro residencias más contaron a la Policía local que no obtuvieron “respuesta alguna” tras vivir situaciones similares y tras haber pedido auxilio a la Comunidad de Madrid.
Ya el 22 de marzo de 2020 el entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, envió dos emails –adelantados por El País– a Ruiz Escudero cuestionando la legalidad de las medidas de derivación de los residentes en centros sociosanitarios y advirtiendo de que si no se aportaba apoyo a estos centros, sus residentes podían fallecer en “condiciones indignas”. Reyero acabó dimitiendo del cargo en octubre de ese año precisamente por estar en contra de esa estrategia de su propio gobierno. Pero antes, en una comisión en la Asamblea de Madrid, calificó los protocolos de “poco morales” y posiblemente “ilegales”. También dijo que estuvo “radicalmente en contra” de estos criterios reflejados en varias órdenes por las que se rechazaba el ingreso en hospitales a determinados usuarios de residencias de mayores.
Reyero afirmó que dichos protocolos eran contrarios a los derechos internacionales de las personas con discapacidad. “Todos por ser ciudadanos tenemos derecho a la sanidad pública. Por vivir en una residencia no se pierde ese derecho”, lamentaba el exconsejero. Este miércoles, en su nuevo informe sobre la pandemia, la Comunidad de Madrid carga con dureza contra Reyero.
Fue el propio gobierno de Ayuso el que cifró en 7.291 los mayores que fallecieron en las residencias madrileñas sin tener asistencia hospitalaria, según recogió Infolibre basándose en datos que le dio el Ejecutivo regional a través del portal de Transparencia. El diario recogió el listado con los 81 centros más azotados por la pandemia con el número de fallecidos en marzo y abril de 2020, siempre con las cifras aportadas por la Comunidad de Madrid. Es de esos datos oficiales de donde sale la cifra de ‘7.291’, que da nombre al documental y que persigue a Ayuso y a su equipo desde hace cinco años.
El exconsejero Reyero refrenda las cifras
En su nuevo estudio de esta semana, Madrid reduce la cifra a 4.100 fallecidos “y nunca porque no se les ayudara”, para tratar así de reducir su responsabilidad por los polémicos protocolos. “El número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, señor Reyero, que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz. La falsedad nació de él”, sostiene ahora el Gobierno de Ayuso, culpando de todo a Reyero.
Este jueves, en una entrevista en RNE, Reyero desmentía de nuevo al Gobierno de Ayuso: “Que digan que yo me he inventado unas cifras cuando yo no me he inventado nada. La cifra de 7.291 parte de una respuesta del portal de transparencia, en el que se indicaba el número de fallecidos en cada una de las residencias. Cuando se habla de 4.100 no sabemos si son personas fallecidas en residencias, en hospitales… No tiene mayor valor que extender un manto de confusión ante la emisión del documental”. “Las mentiras en las que continuamente incurre al final tienen unas patas muy cortas y se irá viendo”, ha añadido, antes de remarcar que sí existieron unos “protocolos de la vergüenza” que impedían el traslado de residentes mayores a los hospitales cuando comenzó la pandemia de la COVID.
En febrero de 2021, durante la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid sobre la pandemia, Carlos Mur, el que fuera alto cargo de la Consejería de Sanidad que firmó los polémicos protocolos, reconoció que se elaboraron hasta seis versiones de estos documentos y que se hizo “de consenso” dentro del gobierno regional. El psiquiatra de profesión reconoció que no se trataba de “borradores”, como sostiene Ayuso, sino que eran protocolos que pretendían dar “criterios homogéneos” a los directores de residencias y hospitales ante una situación de “desastre sanitario”.
“Fueron avalados por mí porque en el día a día el cataclismo de todos los profesionales era enorme y no queríamos que pesara sobre sus hombros”, indicó el exdirector general, quien reconoció que no estaba de acuerdo con aplicar como elemento de exclusión de ingreso hospitalario el índice Barthel, utilizado para determinar si una persona por sí misma puede realizar ciertas tareas cotidianas.
Pese a las evidencias, Ayuso no solo cuestiona la realidad y trata de reescribirla, sino que ataca con dureza a quien se la recuerda. Este jueves, durante la sesión de control a su ejecutivo en la Asamblea de Madrid, la presidenta madrileña aseguraba que cuando la oposición le habla del polémico protocolo de su gobierno y le responsabiliza de las muertes de mayores lo que hace es “retorcer el dolor de las víctimas” y “politizar el dolor”. Ayuso ha dado a entender que si a ella se le reprochan los muertos en las residencias madrileñas “sobre los hombros de Pedro Sánchez caen 20.000 muertos”.
En los últimos años, el tono de Ayuso contra quien le menciona la tragedia de las residencias se ha ido elevando. En un pleno en febrero de 2024 aseguró con sus palabras que los mayores enfermos de la COVID-19 al inicio de la pandemia se iban a morir igual bien fuesen trasladados a hospitales o se quedasen aislados en las residencias de mayores. “Había muertos en todas partes: en las casas, en los hospitales, en las residencias”, se justificó. La presidenta se refiere a las asociaciones que trabajan por la memoria de los fallecidos como “plataformas políticas” y acusa a la oposición de estar “siempre con las mismas mierdas” cuando le preguntan por lo ocurrido en los centros de mayores.
Este jueves, durante el Pleno, Ayuso se dirigió hacia José Ignacio Gómez Chamorro, que es un dirigente socialista que presidió la Comisión de Investigación que intentó arrojar luz sobre los protocolos que excluían a los mayores de centros geriátricos de ingresar en hospitales. “Señor Chamorro, era usted diputado y ahora se vende por cuatro duros”, le dijo.
Las conclusiones de la Comisión Ciudadana
Además, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024 se celebraron numerosas sesiones de una Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid impulsada por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid. Durante esos actos comparecieron profesionales sanitarios, personal de las residencias y familiares de las víctimas, así como expertos e investigadores de lo ocurrido en los centros de mayores madrileños durante la pandemia. Sus conclusiones fueron que “en los meses de marzo y abril de 2020 se produjo una sobremortalidad en las residencias” madrileñas “que pudo y debió haberse evitado”.
“Los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes cuando se declaró la pandemia”, añadieron en su informe, en el que denunciaron también que “desde entonces la situación no se ha corregido”. Para esta comisión, “la respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia fue inadecuada”, al mismo nivel que “la comunicación entre residentes y familiares, así como la información a los familiares”, que también fue errática. El equipo de trabajo denunció que “el Gobierno de la Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias en marzo y abril de 2020” y que el ejecutivo de Ayuso “restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios”.
Con todo, la comisión consideró que “el sufrimiento y la muerte evitable de miles de personas mayores que vivían en residencias fue consecuencia de unas decisiones planificadas y conscientes de discriminación en la atención”, y que “se han vulnerado gravemente derechos fundamentales de las personas residentes y de sus familiares”, así como “el derecho a la verdad”. “No se ha investigado debidamente lo que ocurrió. No se han establecido ni responsabilidades ni reparaciones justas”, concluyó.
