Esgrime un contrainforme que ha encargado para desmentir a los agentes, a los que reprocha «falta de objetividad» y el uso de «datos inciertos» e «infundados» para poder sostener que se ha producido un perjuicio que, según la defensa, es «inexistente»
El nieto de la duquesa de Alba admite que sus pozos carecían de contador de agua y alega que no sabe cómo funciona la finca
La Casa de Alba defiende que sus nueve pozos ilegales junto a Doñana no han tenido impacto alguno en el entorno, por lo que acusa a la Guardia Civil de “tergiversar” los hechos para imputarle unos daños ambientales “inexistentes”. De esta manera, carga contra los agentes que elaboraron el demoledor informe (cifra el daño ambiental en hasta seis millones de euros) entregado al juez que instruye el caso por delito ambiental, que se puso en marcha al comprobarse la existencia de extracciones de agua sin licencia en la finca Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcálzar.
Para rebatir las conclusiones de la Guardia Civil, la defensa esgrime un contrainforme que ha encargado y que le lleva a asegurar que “se introducen datos inciertos y se valora de forma sesgada” lo que ha ocurrido. Por ello, considera que el análisis que se le hizo llegar al magistrado es “infundado e inconsistente”, manifiesta falta de “la más elemental objetividad” y parte de consideraciones “erróneas y carentes de fundamento”.
Así se recoge en un escrito de alegaciones que la defensa de Eurotécnica Agraria –la empresa familiar de los Martínez de Irujo que gestiona la hacienda– ha remitido al juzgado, en el que denuncia que el informe de la Guardia Civil “confunde y tergiversa datos objetivos con el propósito manifiesto de realizar una estimación improcedente” del perjuicio provocado. El objetivo sería transmitir una interpretación que “permita sostener la imputación de una gravísima responsabilidad por daños ambientales en todo punto inexistentes”.
El informe entregado al juez
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que hicieron el peritaje concluyeron que las extracciones sin licencia de la Casa de Alba no sólo han provocado un daño ambiental que cifran en seis millones de euros, sino que puede ser irreversible por el volumen de agua extraída, que rondaría los 6.600 millones de litros durante una década. Esto llevó al magistrado a apuntar en uno de sus últimos autos que además estas extracciones ilegales pueden haber tenido un “impacto colateral en Doñana” y en su avifauna.
La defensa, que apunta que “se disponía a solicitar el sobreseimiento de las presentes diligencias”, ha contraatacado con una pericial propia con la que pretende “desvirtuar el infundado e inconsistente informe realizado por la Guardia Civil”. Por ello, solicita una ratificación pericial que conllevaría citar a tres agentes, los tres especialistas en protección de la naturaleza y entre los que hay una licenciada en Ciencias Ambientales y un doctor en Biología.
El informe de la Casa de Alba sostiene la que ha sido su versión desde el principio: los pozos no tenían licencia, pero nunca se extrajo más agua de la que tiene autorizada la finca. También discrepa en la cuantía del hipotético daño ambiental causado y en que se haya producido un beneficio ilícito, que para los expertos del instituto armado rondaría los seis millones de euros.
Mandato a la Confederación del Guadalquivir
La primera reacción del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha sido ordenar que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, el organismo estatal que concede los derechos de riego) realice un nuevo informe sobre si las extracciones sin licencia “pudieran haber causado daños sustanciales al medio ambiente”. Así se recoge en una diligencia fechada el pasado 21 de febrero, en la que asimismo solicita un análisis de la situación del acuífero del que bombea Aljóbar, el Aljarafe Sur.
El magistrado reclama un estudio del “impacto producido” en la masa de aguas subterráneas y en los ecosistemas asociados, así como una relación de “las posibles irregularidades que se hayan podido detectar”. También pregunta sobre las inspecciones realizadas a la finca desde 2016 y pide datos de los recursos extraídos por el pozo para el que sí hay autorización.
La declaración del duque de Aliaga
Estos nuevos pasos se dan después de que el pasado 20 de febrero fuese citado como investigado Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, primer nieto de la duquesa de Alba y administrador de Eurotécnica Agraria. En su declaración para defenderse de la acusación de delito ambiental, habría reconocido que los pozos carecían de contador de agua, que inició su regularización cuando la Fiscalía de Medio Ambiente había presentado ya una denuncia y que, por encima de todo, desconoce el funcionamiento del día a día de la hacienda.
El duque de Aliaga señaló igualmente que heredó la finca de su abuela en 2016, justo cuando se estaba finalizando la construcción de la gran balsa que se utiliza para acumular el agua que se bombea. Eurotécnica Agraria tiene permiso para esta infraestructura y para extraer recursos con un pozo, pero no para los nueve adicionales que han sido cazados ya dos veces a pleno funcionamiento y con “despilfarro de agua” según la CHG. Todos se encuentran ahora sellados por orden judicial.
