Ni el Gobierno de Moreno ni el PSOE de Montero reclaman para Andalucía la delegación de políticas de inmigración que el Ejecutivo de Sánchez ha negociado para Cataluña. En el Parlamento andaluz hay registrado desde hace dos décadas un proyecto de ley de los socialistas y el PA para dotarse de un cuerpo policial propio, similar a los Mossos o la Ertzaintza
El 7 de octubre de 2003, el Gobierno de coalición PSOE-Partido Andalucista aprobó el proyecto de ley de creación del Cuerpo de Policía Andaluza, que fue remitido al Parlamento una semana después. Pero el documento, que contó con un informe favorable del Consejo Consultivo, no llegó a debatirse en aquella legislatura, porque decayó cuatro meses después con la convocatoria electoral de 2004. El siguiente Gobierno socialista, ya sin la muleta del PA, nunca retomó el proyecto.
La exposición de motivos de aquella ley cita el artículo 14.1 del Estatuto de Autonomía, donde residía entonces la potestad de la Junta de Andalucía para dotarse de un cuerpo policial propio, en el marco de la Constitución Española. La reforma estatutaria de 2007 relegó este asunto al artículo 65. “La presente ley supone un acontecimiento histórico, pues por primera vez se crea un cuerpo de policía propio de una comunidad autónoma desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, rezaba el encabezado del proyecto de ley.
El texto de aquella ley, que sigue almacenado en los registros del Parlamento andaluz, venía a regular una Policía Autonómica pero sin competencias en materia de seguridad ciudadana, que dependían y dependen de la Policía Nacional, ni de tráfico, que son potestad de la Guardia Civil. El expresidente Manuel Chaves dejó recogido en el diario de sesiones que su compromiso de “negociar” con el Gobierno central la “delegación de esas dos competencias del Estado”, buscando la “máxima coordinación” entre los cuerpos de seguridad nacionales y autonómicos.
22 años después de impulsar aquella ley (y 44 desde que lo permite el Estatuto), el pacto entre el PSOE y Junts para delegar las competencias sobre inmigración a y ampliar las atribuciones de los Mossos ha obligado a los partidos andaluces a posicionarse, justo la semana del 28 de febrero, Día de Andalucía.
Pero el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha rechazado asumir las competencias en seguridad y formar un cuerpo policial propio, y el actual PSOE andaluz se ha desentendido del proyecto que impulsaron junto a los nacionalistas hace dos décadas, en aplicación de un artículo sin desarrollar del Estatuto. “Estamos abiertos a debatirlo”, ha respondido (con sumo cuidado) la nueva vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, a la pregunta de si van a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez lo mismo que han pactado ya con los catalanes.
Esta semana, la Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido la proposición de ley del PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración a . Los acuerdos del Gobierno de Sánchez con los partidos independentistas catalanes son terremotos políticos con réplicas en toda España, pero con especial temblor en Andalucía, que reivindica su “papel histórico” de contrapeso en los equilibrios territoriales frente a las demandas nacionalistas.
Es el leit motiv del 28F, el “no ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie”, de Rafael Escudero; el “café para todos”, de Manuel Clavero Arévalo; el sentido mismo del proceso autonomista andaluz, que reclamó un autogobierno de la misma escala y al mismo tiempo que las llamadas comunidades históricas: , Euskadi y Galicia.
Las pulsiones para profundizar en ese autogobierno las marca hoy, como ayer, el nacionalismo catalán, ahora mutado en independentismo. La dependencia que tiene Sánchez de estos apoyos para la gobernabilidad del país coloca al PSOE andaluz en una permanente encrucijada, driblando contradicciones entre lo que dijo e hizo ayer y lo que dice y hace hoy.
Estos días, la federación más numerosa del PSOE, ahora pilotada por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha hecho un eslalon para evitar comprometer su posición en un debate espinoso que no sólo aborda la delegación de competencias en materia de inmigración a , sino que lo hace en el marco mental impuesto por la derecha independentista catalana, que vincula la inmigración con la inseguridad ciudadana, algo que el PSOE andaluz reprochó duramente al primer Gobierno de Juan Manuel Moreno, que dependía del apoyo externo de Vox.
En aquella primera legislatura, la Junta de Andalucía aceptó una demanda de la ultraderecha para aumentar el gasto en vigilancia y seguridad en los centros de menores migrantes no acompañados, pese a que el registro oficial de delincuencia marcaba un 0,54%.
El PP de Moreno echó el freno a otras exigencias de sus socios a cambio del apoyo en la investidura, como “la deportación de 52.000 extranjeros en situación irregular en Andalucía”, algo que ni siquiera formaba parte de las competencias de un Ejecutivo autonómico.
Dudas y recelos en el Parlamento andaluz
De momento, la ley sobre inmigración de PSOE y Junts ha dejado una foto fija en el Parlamento andaluz: el PP y Vox en contra, el PSOE “abierto al debate”, Por Andalucía y Adelante Andalucía recelan en general de la política migratoria de España.
La portavoz de la coalición de izquierdas, Inmaculada Nieto, se desmarcó del acuerdo para y arremetió duramente contra la gestión de los CIE -Centros de Internamiento de Extranjeros-, en especial el de Algeciras (el único que hay en Andalucía). Su compañero, el diputado y miembro de Podemos, Juan Antonio Delgado, sí defendía la “utilidad” de contar con una política integral andaluza.
Delgado es guardia civil de profesión y tiene una doble experiencia significativa para este debate, porque ha trabajado muchos años en el litoral andaluz, asistiendo a inmigrantes cuando llegan en pateras, y antes estuvo destinado en Barcelona en los años 90, cuando el Gobierno de José María Aznar pactó con Jordi Pujol la delegación a la Generalitat del mando de las unidades de Tráfico de la Guardia Civil, que pasarían a ser gestionadas por los Mossos. “Aquello supuso expulsar de a muchos guardias civiles que llevaban años asentados allí, que tenían familia e hijos en los colegios. Recuerdo a compañeros llorar, buscar destino en Aragón, lo más cerca de sus casas, y a algunos cogerse la baja para retrasar su salida. Al final faltaban recursos y muchos se reconvirtieron en Mossos”, dice Delgado.
Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, sí apoya la creación de una policía andaluza, pero “siempre que fuera bajo criterios y valores muy diferentes de los que impregnan hoy todas las policías”. “Haría falta una policía andaluza que respetara los derechos humanos en todas las ocasiones, que tuviera formación en violencias machistas o que tuviera como tarea la persecución de la explotación laboral”, argumentan.
La creación de una Policía Andaluza es uno de los muchos aspectos sin desarrollar del Estatuto, del primero y del segundo. Este último profundizó en el autogobierno en paralelo a la reforma del Estatut catalán y, al contrario que aquel, contó con el respaldo mayoritario de los partidos: PSOE, PP e IU. Por eso, implícitamente, socialistas y populares ya pactaron una Policía integral para Andalucía, blindada en una Ley Orgánica que fue aprobada en el Parlamento autonómico y en el Congreso de los Diputados.
En el texto de la Ley de Creación de una Policía Andaluza del año 2003, como en el reciente acuerdo PSOE-Junts sobre inmigración, el órgano de cooperación previsto entre cuerpos policiales era autonómico: la Junta de Seguridad de Andalucía. Sin embargo, el marco competencial que planteó el Ejecutivo de Chaves hace 20 años fue mucho menos ambicioso: la policía andaluza habría intervenido en asuntos urbanísticos, en delitos contra el medio ambiente, contra la violencia de género o agresión a menores, de seguridad laboral, pero no se planteó un cuerpo homologable a la Policía Nacional en materia de seguridad ciudadana o a la Guardia Civil, en gestión del tráfico [aspectos ambos que recoge el Estatuto andaluz]. Mucho menos de control de fronteras y gestión de política migratoria, asuntos que residen en el Gobierno central.
Los socialistas encargaron el proyecto a Alfonso Perales, entonces consejero de la Presidencia, y los nacionalistas designaron a su secretario de Comunicación, Javier Aroca, que se “pateó España”, visitando la academia de policías de los Mossos d’esquadra y de la Ertzaintza, y entrevistando a policías nacionales y guardias civiles para trabajarse bien la ley.
El PA fue muy crítico con el resultado del proyecto de ley que impulsaron sus socios de coalición. Sus consejeros no pusieron reparos dentro del gabinete, pero Aroca sí mostró ante los medios su descontento: denunció que se trataba de una “policía descafeinada” y acusó a los socialistas de aprobarlo de manera tardía en el Consejo de Gobierno, a sabiendas de que no daría tiempo a aprobarlo en el Parlamento antes de que expirase la legislatura.
360 agentes
El PSOE andaluz, en efecto, no llegó a desarrollar aquella ley ni cuando siguió gobernando con mayoría absoluta. Chaves sí incluyó en su programa electoral para 2004 el compromiso de crear un cuerpo de policía propio, y la oposición se lo reclamó en el Parlamento en varios debates tensos en los que terminaban acusando a los socialistas de traicionar el Estatuto.
La financiación y los recursos necesarios para ostentar las competencias de una policía autonómica formaban parte de aquellos debates, en los que la cifra de incorporación de agentes osciló entres los 5.000 -durante diez años- a más a 12.000.
Andalucía cuenta hoy con una Policía Autonómica, una unidad del cuerpo nacional adscrita a la Junta de Andalucía, con 360 agentes, según datos de la Consejería de Presidencia. El pasado febrero, firmó un acuerdo con el Ministerio de Interior para incorporar a 70 más este año y otros 50 en los próximos ejercicios.
El Gobierno de Moreno ha reclamado insistentemente más efectivos, pero no es partidario de asumir más competencias en materia de seguridad ciudadana -como ha pactado Junts para – ni de tener un cuerpo policial propio, como permite el Estatuto andaluz. Sí ha aprovechado este debate para denunciar que la policía adscrita a la Junta cuenta hoy con casi la mitad de agentes que hace 22 años, cuando el PSOE llevó su proyecto de ley al Parlamento (en torno a 520)
La Policía Autonómica adscrita la Junta depende orgánicamente del Ministerio del Interior. En Andalucía hay, además, 29.930 efectivos de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado: 13.800 son policías nacionales y 16.130 son guardia civiles, según datos de la Delegación del Gobierno en esta comunidad.
