Desde que Alberto Núñez Feijóo quedó fascinado por el lyocell hasta la aprobación de la declaración de impacto ambiental del Proyecto GAMA han pasado cinco años que han puesto a la macrocelulosa prevista en Palas de Rei (Lugo) en el centro del debate político gallego
La Xunta da luz verde al proyecto de macrocelulosa de Altri pese a la oposición de vecinos y ecologistas: “Es viable”
Han pasado casi cinco años desde que el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, escuchó por primera vez la palabra lyocell de un directivo de Inditex hasta que el Gobierno gallego —con su sucesor al frente— ha dado luz verde a la declaración ambiental de la planta de Altri, el proyecto GAMA, en Palas de Rei (Lugo). Del sueño de aquella factoría verde y creadora de miles de puestos de trabajo, que concitó el apoyo unánime de la oposición, a la pesadilla de la “bomba ambiental” de la que habla el BNG y que ha generado la mayor respuesta social en Galicia desde el Prestige, han cambiado muchas cosas; otras, siguen siendo las mismas, con la diferencia de que ahora se conocen. A continuación le ponemos nombres, cifras y fechas a algunos de los hitos de este camino que este viernes cruzó una de sus etapas clave.
GAMA, en números
El proyecto GAMA abarca una parcela de 366 hectáreas, diez veces más que los terrenos de la planta de ENCE en Pontevedra. La tercera parte —112 hectáreas— estará ocupada por la planta. Allí se instalará la chimenea de 75 metros de altura. La celulosa consumirá cada año 1,2 millones de toneladas de eucalipto y cada día “usará” un máximo de 46.000 metros cúbicos de agua, el equivalente a todo el consumo de la provincia de Lugo. La empresa se esfuerza en utilizar ese verbo, “usar”, porque devolverá al río Ulla 30.000 metros cúbicos, dos terceras partes, convenientemente tratados y a una temperatura que no alterará la del cauce “en más de tres grados”, que es lo que marca la ley. Funcionando a pleno rendimiento, GAMA prevé producir 400.000 toneladas anuales de celulosa soluble y otras 200.000 de la fibra textil vegetal lyocell.
El enclave de la industria
La macrocelulosa se levantará en el concello de Palas de Rei (Lugo), en la comarca da Ulloa, el corazón geográfico de Galicia, aunque las obras y canalizaciones —12,5 km de tuberías subterráneas— afectarán a municipios de otras dos provincias: Santiso y Melide (A Coruña) y Agolada (Pontevedra). La llamada Terra do Medio se caracteriza por su actividad económica agrícola y ganadera y por el paso de la más transitada de las rutas a Santiago, el Camino Francés. Los terrenos limitan con la zona de especial protección de la Serra do Careón, donde hay al menos tres especies vegetales únicas, en peligro de extinción, que ya provocaron el desvío de la autovía entre Santiago y Lugo. El río Ulla, del que se abastecerá y al que devolverá el agua tratada, desemboca 100 kilómetros después en la ria de Arousa, una de las más productivas de la costa gallega.
Quién está detrás de Greenfiber
El proyecto GAMA está impulsado por la multinacional portuguesa Altri a través de la sociedad Greenfiber, de la que posee un 75%. El 25% restante está controlado por Manuel García Pardo, CEO de Greenalia, empresa coruñesa donde ocupa un alto cargo la exconselleira Beatriz Mato, que con Núñez Feijóo encabezó la cartera de Trabajo (seis años) y Medio Ambiente (otros tres), antes de encabezar sin éxito el cartel electoral del PP en A Coruña.
Inditex, la empresa que nunca estuvo allí
La primera vez que el Gobierno gallego escuchó la palabra lyocell fue en 2020, en una de las reuniones con directivos de grandes empresas organizadas por Núñez Feijóo para buscar estrategias que le permitiesen optar a los fondos europeos de recuperación tras el COVID. Fue entonces cuando habló de ella Ignacio Fernández, el director general de finanzas de Inditex. Después diría que lo hizo sólo por aportar una propuesta más —en aquel momento, el grupo textil ya superaba los 13 millones de prendas fabricadas cada año con fibras vegetales— y, de hecho, aunque su nombre trató de asociarse al proyecto, Inditex nunca llegó a estar realmente implicada en el creación de una planta de lyocell en Galicia. No sólo eso: Canopy, la consultora que revisa la sostenibilidad de los proveedores de fibras para el gigante de los Ortega, fue una de las 52 entidades ambientales de todo el mundo que, el pasado noviembre, enviaron cartas a los gobiernos gallego y español para solicitar la paralización definitiva del proyecto GAMA.
Cuando todos querían a Altri
En enero de 2023, con Alfonso Rueda al frente de la Xunta tras la marcha de Feijóo a Madrid, la Xunta declaraba estratégico un proyecto que había concitado el apoyo unánime en el Parlamento gallego, algo que todavía este viernes el PP echaba en cara a la oposición. Por aquel entonces aún no se hablaba de celulosa, sino tan sólo de fibras vegetales; se prometían 2.500 puestos de trabajo —hoy Greenfiber admite que sólo 500 serán directos—, y no hacía mucho que se había descartado ubicar la planta en A Mariña lucense, desde hace años en vilo por el futuro de la fábrica de Alcoa, por la falta de un río con el caudal necesario.
El sí de los técnicos
La Xunta siempre estuvo detrás del proyecto GAMA como un impulsor más. Tanto desde los salones de la sede del Gobierno gallego, en San Caetano, como desde los estudios de la CRTVG se descalificaba, incluso sin conocer sus argumentos, a quien se opusiese a la macrocelulosa. Sin embargo, el discurso oficial matizaba en todo momento que ese apoyo estaba condicionado a que “contase con el aval de los técnicos”. Hace un año, con los estudios sobre Altri aún en pañales, la conselleira de Economía ya calificaba al proyecto como “redondo”.
La sorpresa postelectoral de la oposición
Viendo cómo monopoliza el debate público hoy, parece increíble que el proyecto de Altri pasase completamente desapercibido durante la campaña electoral. La razón, que provocó también la ruptura del consenso previo, fue la publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del proyecto industrial apenas unos días después de las elecciones. Fue tras conocerlo cuando el BNG comenzó a hablar de “una bomba ambiental en el corazón de Galicia”. El PSOE tardó más en reaccionar y los opositores al proyecto lo achacaron a la presencia entre los impulsores de GAMA del exministro socialista y antiguo hombre fuerte del partido, José Blanco. Espoleada por los representantes en la zona, el eurodiputado González Casares y las Xuventudes Socialistas, la dirección gallega fue buscando un discurso propio que cuajó definitivamente en el Congreso Nacional del pasado fin de semana: “El PSdeG entiende que sin que se cumplan las premisas medioambientales y criterios de sostenibilidad, los proyectos industriales que se quieran instalar en Galicia no podrán ser considerados estratégicos y no serán prioritarios para la administración autonómica”. Tocaba hablar de dinero…
La clave de la financiación (pública)
Pese a venderse como un proyecto de futuro que aportará millones al PIB de Galicia, el proyecto GAMA no es viable sólo con los fondos de sus promotores. De los 900 millones de euros que necesita para su puesta en marcha, quiere que 250 millones —más de la cuarta parte— sean financiados con dinero público. Altri pretendía optar al PERTE de descarbonización para una infraestructura “que no descarboniza” —algo que sí podría haber hecho si se ubicase en As Pontes (A Coruña), donde se valoró fugazmente su instalación tras el cierre de la central térmica más contaminante del continente— y que, de conseguirlo, se llevaría el total de los fondos europeos previstos para el Estado en esa línea de financiación. Aunque Rueda se abrió a aportar fondos de la Xunta, la llave de la caja deja la última palabra en manos del Gobierno central… y no sólo eso.
La llave de la luz
Una de las seis características ambientales de las que presume en su web el proyecto Gama es la “autosuficiencia energética”. No deja de ser curioso, por tanto, que tras dar carpetazo a su capítulo en los trámites, con la aprobación de la DIA, lo primero que hiciese la conselleira de Industria fuese reclamar al Gobierno central una subestación eléctrica para la factoría. El Ministerio de Transición Ecológica ha respondido pidiendo paciencia: los trabajos de la planificación de electricidad con el horizonte de 2030 aún están empezado y en ellos, tras reuniones a tres bandas entre ejecutivo, Red Eléctrica y comunidades autónomas, “se priorizarán las demandas industriales que más valor añadido puedan aportar al país”. El valor añadido que le atribuyen en Madrid a Altri todavía es una incógnita.
