Residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes duermen en la antigua prisión de la capital, unas instalaciones que, desde 1999, se encuentran sin uso, entre promesas de reconversión que nunca llegan. «Si nos hubieran dado más tiempo…», lamenta Carlos, que vive con su hijo en una celda
Un “chollo” por 500 euros al mes se convierte en una “estafa” inmobiliaria: “Estoy luchando por un techo”
“Nos echan a quemarropa y sin tener adonde ir. No nos han ofrecido ninguna alternativa”. Entre escombros, montones de basura y muros derruidos que apenas impiden permear el frío del exterior, sin agua y sin electricidad, más de 200 personas malviven hacinadas en lo que hoy se mantiene en pie de la antigua cárcel de Palma. A tres kilómetros del centro de la capital balear, residentes sin recursos, trabajadores precarizados y migrantes han buscado refugio en unas instalaciones que, desde 1999, se encuentran abandonadas entre promesas de reconversión que nunca llegan. Ahora, el Ayuntamiento les ha dado diez días para que desalojen las instalaciones.
En una fría mañana de una semana en que no ha parado de llover, acceder al viejo recinto supone atravesar suelos encharcados en los que se acumulan raídos colchones, ropa empapada y un paisaje interminable de desechos. De fondo, resuena el ladrido del perro de uno de los moradores. Quienes conviven en el viejo penal -unos desde hace pocos meses y otros, desde hace años- lo hacen entre las mismas paredes que un día presenciaron las idas y venidas de los presos comunes que albergó el complejo desde su puesta en marcha en 1968. Hasta entonces, la prisión provincial se ubicaba en el convento de ses Caputxines, próximo a Can Mir, la prisión franquista que entre 1936 y 1941 alojó a más de 2.000 presos. Funcionó como cárcel hasta 1999, cuando los reclusos fueron trasladados al actual centro penitenciario de Palma y los estrechos y oscuros pasillos de las viejas instalaciones, junto con sus celdas y sus espacios comunes, se vieron abocados al desuso y la ruina.
En julio de 2013, el Ayuntamiento de Palma adquirió el edificio a través de una permuta con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), con la que el Consistorio se hizo con la propiedad de la prisión a cambio de las parcelas en las que se ubicaban entonces el Centro de Inserción Social y la Unidad de Madres. Tras la adquisición, el Consistorio, gobernado entonces por el PP, conminó a la iniciativa privada a que presentase proyectos con los que proporcionar un nuevo uso a la antigua cárcel. Desde entonces, el decadente complejo únicamente ha sido testigo del deterioro.
Uno de los pasillos de la antigua cárcel, repletos de basura y montones de escombros
En medio de los despojos de lo que un día fue prisión, cada vez más personas, junto a sus escasas pertenencias, se han instalado entre los escombros de las celdas. Antiguos cacharros en desuso, electrodomésticos inservibles, muebles rotos. Algún libro asoma entre los montones de objetos olvidados: El concierto de San Ovidio, de Antonio Buero Vallejo, y Travesuras de la niña mala, de Mario Vargas Llosa. El morador que más tiempo lleva viviendo ahí lo hace desde que el inmueble quedó abandonado.
“No sabemos dónde iremos”
“No sabemos dónde iremos cuando nos vayamos de aquí. Si por lo menos nos hubieran dado más tiempo de plazo…”, comenta Carlos, colombiano de 55 años que vive junto a su hijo en la celda de uno de los bloques de la antigua prisión. En declaraciones a elDiario.es, explica que está sin trabajo y que va aceptando encargos de pintura o jardinería que no le permiten disfrutar de una estabilidad ni, mucho menos, acceder a una vivienda digna. “Fui a preguntar a una inmobiliaria, pero para alquilar una habitación te piden 600 euros. La fianza, el mes en curso y la comisión de la agencia. Es muy difícil. Estamos hablando de que unos años atrás eso era un piso entero, pero no, para entrar en una habitación ahorita uno tiene que tener disponibles unos 1.500 ó 2.000 euros”, lamenta.
Montones de escombros acumulados en lo que un día fue el foso de la prisión
Acceso a una de las antiguas celdas
Carlos habla de su situación mientras su hijo, Joan, se las apaña con un destartalado fogón. Está preparando el desayuno. “Ahora van a transformar el edificio de Gesa en un museo, cuando deberían pensar en la gente que se encuentra en estado de vulnerabilidad. Que hagan alquileres asequibles, porque si van a hacer algo y también van a ponerlo por las nubes, entonces tampoco. Yo solo espero que nuestra situación mejore y tengamos un trabajo estable. Entonces ya cambiaría la situación. Pero por ahora solo sabemos que nos van a sacar en diez días. Apenas nos avisaron el pasado martes”, continúa. El miércoles, un amplio operativo de la Policía Local ya estaba desplegado a las puertas de la vieja cárcel para desalojar a sus moradores.
Yo solo espero que nuestra situación mejore y tengamos un trabajo estable. Entonces ya cambiaría la situación. Pero por ahora solo sabemos que nos van a sacar en diez días. Apenas nos avisaron el pasado martes
Multas y sanciones de hasta 30.000 euros
Los agentes les entregaron un documento que indica que las personas identificadas en las actas están ocupando de manera ilegítima un bien de titularidad municipal, por lo que se les insta al cese en la ocupación de forma voluntaria. En caso de que en diez días no lo abandonen, se iniciará un procedimiento administrativo bajo multas coercitivas de hasta un 5% del valor de los bienes ocupados. En caso de desobediencia o resistencia a la autoridad, se adoptarán “cuantas medidas sean conducentes a la recuperación de la posesión del bien” y se impondrán sanciones entre los 601 y los 30.000 euros, de acuerdo a las notificaciones.
Interior de una de las celdas
Libros entre los escombros
Joan explica que, en la zona que ocupan, habitan sobre todo latinoamericanos. Han organizado algunas de las celdas y también han pintado, aunque las paredes continúan resquebrajándose. También conservan las marcas de un antiguo incendio. “Hay chicos que llevan más de un año. Nunca hemos tenido problemas con ellos. En cuanto nos saquen, muchas personas nos quedaremos en condición de calle”, relata. Y habla de su padre, recién operado: “Estamos mirando a ver qué hacemos, pero está muy complicado. Las habitaciones están carísimas. Es imposible pagar 600 ó 650 euros por una habitación [los precios superan incluso los 700, según los portales inmobiliarios]. Y piden tantos requisitos para alquilar que uno no sabe ni qué hacer”.
En cuanto nos saquen, muchas personas nos quedaremos en condición de calle. Estamos mirando a ver qué hacemos, pero está muy complicado. Las habitaciones están carísimas. Es imposible pagar 600 ó 650 euros por una habitación. Y piden tantos requisitos para alquilar que uno no sabe ni qué hacer
Según un estudio de Idealista publicado el pasado mes de septiembre, hasta 91 personas compiten en la actualidad por cada habitación que se anuncia en Palma. La imposibilidad para arrendar una vivienda ha disparado la demanda de este tipo de espacios. De acuerdo a los datos de este portal inmobiliario, alquilar un estudio en la ciudad es hoy hasta un 90% más caro que una habitación en un piso compartido, mientras que, según un reciente estudio de Fotocasa, comprar una vivienda de segunda mano es en la actualidad un 124% más caro que hace 20 años. En 2024, Balears fue además, según el Observatorio del Alquiler, la segunda provincia con los alquileres más caros, con una media de 1.598 euros al mes por vivienda.
Restos de escombros y un colchón quemado, una imagen habitual en cada rincón de la antigua cárcel
Las ONG: la expulsión en diez días “los estigmatiza”
El escaso plazo otorgado para abandonar el recinto ha llevado a las entidades sociales a criticar una situación que llevan meses denunciando. En opinión de Médicos del Mundo, la expulsión en diez días de los actuales residentes “los criminaliza y estigmatiza” y les genera “desesperanza, miedo e inseguridad” al tratarse de personas cuya exclusión residencial y social “no es voluntaria”. Según la entidad, la persona que lleva más tiempo viviendo en la antigua prisión lo hace desde hace unos 30 años, aunque la media es de unos tres años. Otros residentes llevan menos tiempo en el lugar no por el efecto llamada, sino por su situación de exclusión residencial y el alto coste de la vivienda. Un nuevo perfil se ha unido, además, a quienes se encuentran en exclusión social crónica: se trata de jóvenes que se han visto abocados a encontrar soluciones alternativas para proteger su integridad física y mental.
Una de las ‘habitaciones’, de la que cuelga unas cortinas
Enseres de algunos moradores de la antigua cárcel de Palma. La Policía les ha dado un plazo de 10 días para abandonar las instalaciones.
La organización recuerda que, en noviembre del año pasado, solicitó una reunión interinstitucional con el Ayuntamiento de Palma, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales para abordar la situación de la antigua prisión y pidió la creación de una comisión de seguimiento y trabajo coordinado. La entidad lamenta la falta de información coordinada y precisa sobre el número de personas afectadas por el inminente desalojo, que, por otro lado, considera necesario dado que el edificio se encuentra en riesgo de derrumbe. No en vano, un informe del Servicio de Inspección técnica de edificios del Ayuntamiento fechado en 2017 alertaba del rápido avance del deterioro del inmueble, lo que justificaba la necesidad de intervenir lo antes posible.
Metges del Món lamenta la falta de información coordinada y precisa sobre el número de personas afectadas por el inminente desalojo, que, por otro lado, considera necesario dado que el edificio se encuentra en riesgo de derrumbe. Un informe del Servicio de Inspección técnica de edificios del Ayuntamiento fechado en 2017 alertaba del rápido rápido avance del deterioro del inmueble
El Ayuntamiento no aclara sus planes para la cárcel
Tras la intervención de la Policía Local, el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), justificó que el Consistorio está “dando los pasos” para recuperar la propiedad, sobre la cual, recordó, hay varios proyectos pendientes, tanto de movilidad como residencial. “No cerramos los ojos ante ninguna situación”, manifestó. Consultadas por elDiario.es, fuentes del Ayuntamiento rechazan precisar de qué proyectos se trata, dado que “aún no están consolidados”. Tampoco proporcionan más información acerca del inminente desalojo ni concretan si se ha ofrecido a los afectados alternativas habitacionales.
El operativo desplegado el pasado miércoles también ha generado reacciones políticas. Desde el PSIB-PSOE, su portavoz municipal, Xisco Ducrós, critica la “falta de sensibilidad” del alcalde por conceder tan solo un plazo de diez días para desalojar el recinto. Una decisión que, recrimina, se ha tomado “sin apoyo” del área municipal de Bienestar Social y sin contar con un plan de futuro para este espacio. “No entendemos la forma de actuar del alcalde, que envía a la Policía sin el conocimiento del área de Bienestar Social ni la ayuda de las entidades sociales expertas en sinhogarismo y exclusión social, que han mostrado su rechazo a cómo se hizo la intervención”, ha apuntado el regidor socialista.
Uno de los espacios que hace las veces de zona común en la antigua prisión
Se trata de un modo de proceder que, a su juicio, supone una “deshumanización de las personas más vulnerables” y demuestra la “falta de coordinación” de un Ayuntamiento que “ha optado por la fuerza y no por intentar ayudar a las personas” que viven en la antigua prisión de la capital mallorquina. “La situación que se vive es el resultado de una más que notable falta de actuaciones en materia de vivienda. Palma tiene un problema con los alquileres disparados tanto de habitaciones, que pueden llegar a los 1.700 euros, como de pisos, con precios desorbitados”, lamenta el socialista. Respecto a los planes del Consistorio previstos en la vieja cárcel, la regidora socialista Silvana González asevera que no conocen qué se hará: “Solo ideas vagas que en ningún caso son actuaciones que se puedan hacer a corto plazo”.
Sobrevivir en el aeropuerto
Las dificultades para acceder a una vivienda digna en Balears, cuyos elevados precios se han convertido en un obstáculo para la población local frente a la elevada demanda de compra y alquiler por parte de extranjeros con mayor capacidad financiera, han llevado a la población más vulnerable a buscar alternativas para poder sobrevivir. En el aeropuerto de Palma, por ejemplo, pasan la noche a diario 41 personas, de acuerdo a un recuento realizado en febrero por el IMAS.
Las dificultades para acceder a una vivienda digna en Balears, cuyos elevados precios se han convertido en un obstáculo para la población local frente a la elevada demanda de compra y alquiler por parte de extranjeros con mayor capacidad financiera, han llevado a la población más vulnerable a buscar alternativas para poder sobrevivir. En el aeropuerto de Palma, por ejemplo, pasan la noche a diario 41 personas, de acuerdo a un recuento realizado en febrero por el IMAS
Tal como recoge la agencia EFE, uno de los residentes fijos es José Antonio, valenciano de unos 50 años que duerme en el aparcamiento del aeropuerto desde septiembre de 2023 y recibe 650 euros mensuales del Ingreso Mínimo Vital, insuficientes para pagar una habitación. Un problema al que también se enfrenta estos días una pareja de palmesanos que prefiere mantener su anonimato y confía en que esta situación sea temporal.
Una persona sin hogar duerme en el aeropuerto de Palma
Mientras tanto, el pasado 8 de febrero, unas 200 caravanas tomaron las calles de Palma para alzar la voz contra la nueva ordenanza de convivencia cívica aprobada inicialmente el pasado 30 de enero por PP y Vox, que prevé multar, con sanciones de entre 750 y 1.500 euros, a quienes utilicen estos vehículos como viviendas, a pesar de que muchos de quienes duermen en ellos son trabajadores que no pueden acceder a un hogar digno ante los elevados precios del mercado inmobiliario, atravesado desde hace años por la especulación, la voracidad de los fondos de inversión y la oferta turística ilegal.
Vivir en una autocaravana es, de hecho, una alternativa habitacional cada vez más extendida en el archipiélago. Otros isleños se han visto expulsados de las islas y reemplazados por extranjeros de elevado poder adquisitivo -procedentes sobre todo de Alemania y del norte de Europa- mientras grandes grupos inversores -suecos, franceses y alemanes, principalmente- se expanden por ciudades y pueblos en busca de edificios de los que extraer el máximo rendimiento.
La situación de las personas más vulnerables contrasta, asimismo, con la de los grandes propietarios de Balears, la séptima Comunidad Autónoma que cuenta con un mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles: en total, 26.061 viviendas, una cifra que supone el 4,53% del parque total del archipiélago, compuesto por 574.813 inmuebles. Un porcentaje, además, ligeramente superior al de la media nacional, que se sitúa en el 4,3% (más de un millón de inmuebles), de acuerdo a una investigación llevada a cabo por elDiario.es con datos inéditos del Catastro a los que este medio tuvo acceso a través de una solicitud pública al Ministerio de Hacienda amparada en la ley de transparencia.
